META
Tres exgobernadores del Meta investigados por obras inconclusas
El Contralor Felipe Córdoba estuvo en el departamento del Meta para ser testigo de la terminación de tres obras que estuvieron inconclusas por muchos años, cargando con sucesivas suspensiones y prórrogas, por lo que, incluso, son objeto de investigaciones fiscales en curso.
Internado Jhon F. Kennedy
La Institución Educativa Colegio Nacionalizado Jhon F. Kennedy, en el municipio de San Juanito (Meta), es la primera obra que se hace realidad.
Inició su construcción en abril de 2011 y fue terminada en noviembre de 2013, pero se convirtió en un elefante blanco, debido a que no se pudo poner en funcionamiento; sólo hasta ahora, exactamente el próximo 15 de julio.
Tras ser incluida en el Registro Nacional de Obras Inconclusas se reactivó con la gestión de la Contraloría y pudo al fin terminarse.
El organismo de control logró comprometer a la Gobernación del Meta para iniciar las obras pendientes, culminarlas y entregarlas. El contratista puso los recursos.
Este proyecto, que beneficia a 41 estudiantes, tuvo un valor inicial de $2.999 millones y dos adiciones por $1.724 millones, para un total de $4.724 millones.
Tuvo 4 suspensiones por 4 meses y 12 días debido a cambios de diseño, y 5 prórrogas por 15 meses por cambios en las actividades programadas y variación en los ítems contratados.
El contrato se liquidó el 9 de octubre de 2014. Se pagaron ítems y actividades no ejecutadas por el contratista y que debió haber realizado.
Por las situaciones irregulares que habían convertido este internado prácticamente en un elefante blanco, la Contraloría abrió en su momento un proceso de responsabilidad fiscal por $4.177 millones que se encuentra en etapa de recepción de versiones libres de los presuntos responsables (los exgobernadores del Meta Darío Vásquez, Alan Jara y Marcela Amaya, contratistas, interventores y funcionarios de la Agencia de Infraestructura del Meta.
Torre Mirador en Puerto López (Meta)
El contrato de construcción de la Torre Mirador, en el municipio de Puerto López (Meta), inició el 29 de diciembre de 2015 y pudo entrar en servicio gracias, en buena parte, a la intervención de la CGR.
La obra, que se constituye en un gran atractivo turístico para la región, demandó una inversión de $16.568 millones.
Mediante la estrategia “Compromiso Colombia” la Contraloría logró impulsar su terminación y puesta en funcionamiento. El proyecto no se encontraba funcionando por falta de adecuaciones para la atención al público, certificación de ascensores y entrega de locales, entre otras situaciones.
Tuvo 3 suspensiones de 4 meses por permisos de aprovechamiento forestal y restricciones de circulación de vehículos de carga. Y se vio afectado con 8 prórrogas por 24 meses y 9 días debido a modificaciones de obra, demoras en la aprobación de permisos y en su construcción.
Las irregularidades presentadas alrededor de la ejecución del proyecto Torre Mirador llevaron a la Contraloría a abrir, en 2020, un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $14.474 millones, que se encuentra en etapa probatoria y al cual están vinculados los siguientes presuntos responsables fiscales:
*María Luisa Parra Mora, exdirectora del Instituto de Turismo del Meta.
*Gustavo Adolfo Jiménez Barrios, exdirector del Instituto de Turismo del Meta.
*Juan Carlos Navarro Perico (Consorcio Matapalo).
*Curva Ltda.
*Cuadrante Construcciones Arquitectura e Ingeniería SAS.
*Ferney Yesid Beltrán Ávila (Sdeng SAS).
*Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez (Consorcio Intermirador).
*Interventoría: Ingeconsultar Ltda, Ingecinco Ltda.
Coliseo Cubierto y Áreas Conexas, en Granada (Meta)
Requirió una inversión de $15.166 millones, incluyendo una adición de $1.672 millones.
El contrato de esta obra inició el 5 de julio de 2016 y concluyó el 30 de enero de 2021. Se requirieron 5 años y 9 meses, para que entrara en servicio, cuando su tiempo de ejecución inicial era supuestamente de 9 meses.
Tuvo 3 suspensiones por 40 meses, debido a cambio de diseños, la falta del Certificado Eléctrico RETIE y suspensión de giro de recursos. Y sufrió 5 prórrogas por 17 meses, por atrasos en la ejecución de las obras.
A través de mesas de seguimiento realizadas en octubre de 2020 y febrero y mayo de 2021, la Contraloría logró concertar con la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Granada para que se recibiera por parte del municipio la obra, ya subsanadas las adecuaciones.
La Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías de la CGR abrió en 2020 una Indagación Preliminar por cuantía en $15.458 millones, en relación a las irregularidades presentadas en este proyecto.
Elefantes blancos y obras inconclusas en el Meta
“La función preventiva y concomitante que ejerce ahora la Contraloría General de la República está dando unos resultados importantísimos, logrando que se terminen elefantes blancos y se tengan elefantes vivos. En el Meta hay 104 obras inconclusas, elefantes y proyectos críticos por más de $587 mil millones de pesos”, resaltó el Contralor Felipe Córdoba al llegar hoy a Villavicencio.
“Los elefantes blancos pueden terminarse y la gente puede ver que, gracias a la gestión preventiva, es posible ir acabando la corrupción”, agregó.
Y advirtió finalmente. “Estamos encima de los contratistas. La Contraloría General de la República, con la tecnología que hoy tiene, está haciendo seguimiento en línea, para saber qué está pasando con el avance de cada una de las obras del país, haciendo uso de su función preventiva, con inteligencia artificial, analítica avanzada, imágenes satelitales y áreas, así como videos de drones”.
Fuente: Contraloría General de la República
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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