META
Tres exgobernadores del Meta investigados por obras inconclusas
El Contralor Felipe Córdoba estuvo en el departamento del Meta para ser testigo de la terminación de tres obras que estuvieron inconclusas por muchos años, cargando con sucesivas suspensiones y prórrogas, por lo que, incluso, son objeto de investigaciones fiscales en curso.
Internado Jhon F. Kennedy
La Institución Educativa Colegio Nacionalizado Jhon F. Kennedy, en el municipio de San Juanito (Meta), es la primera obra que se hace realidad.
Inició su construcción en abril de 2011 y fue terminada en noviembre de 2013, pero se convirtió en un elefante blanco, debido a que no se pudo poner en funcionamiento; sólo hasta ahora, exactamente el próximo 15 de julio.
Tras ser incluida en el Registro Nacional de Obras Inconclusas se reactivó con la gestión de la Contraloría y pudo al fin terminarse.
El organismo de control logró comprometer a la Gobernación del Meta para iniciar las obras pendientes, culminarlas y entregarlas. El contratista puso los recursos.
Este proyecto, que beneficia a 41 estudiantes, tuvo un valor inicial de $2.999 millones y dos adiciones por $1.724 millones, para un total de $4.724 millones.
Tuvo 4 suspensiones por 4 meses y 12 días debido a cambios de diseño, y 5 prórrogas por 15 meses por cambios en las actividades programadas y variación en los ítems contratados.
El contrato se liquidó el 9 de octubre de 2014. Se pagaron ítems y actividades no ejecutadas por el contratista y que debió haber realizado.
Por las situaciones irregulares que habían convertido este internado prácticamente en un elefante blanco, la Contraloría abrió en su momento un proceso de responsabilidad fiscal por $4.177 millones que se encuentra en etapa de recepción de versiones libres de los presuntos responsables (los exgobernadores del Meta Darío Vásquez, Alan Jara y Marcela Amaya, contratistas, interventores y funcionarios de la Agencia de Infraestructura del Meta.
Torre Mirador en Puerto López (Meta)
El contrato de construcción de la Torre Mirador, en el municipio de Puerto López (Meta), inició el 29 de diciembre de 2015 y pudo entrar en servicio gracias, en buena parte, a la intervención de la CGR.
La obra, que se constituye en un gran atractivo turístico para la región, demandó una inversión de $16.568 millones.
Mediante la estrategia “Compromiso Colombia” la Contraloría logró impulsar su terminación y puesta en funcionamiento. El proyecto no se encontraba funcionando por falta de adecuaciones para la atención al público, certificación de ascensores y entrega de locales, entre otras situaciones.
Tuvo 3 suspensiones de 4 meses por permisos de aprovechamiento forestal y restricciones de circulación de vehículos de carga. Y se vio afectado con 8 prórrogas por 24 meses y 9 días debido a modificaciones de obra, demoras en la aprobación de permisos y en su construcción.
Las irregularidades presentadas alrededor de la ejecución del proyecto Torre Mirador llevaron a la Contraloría a abrir, en 2020, un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $14.474 millones, que se encuentra en etapa probatoria y al cual están vinculados los siguientes presuntos responsables fiscales:
*María Luisa Parra Mora, exdirectora del Instituto de Turismo del Meta.
*Gustavo Adolfo Jiménez Barrios, exdirector del Instituto de Turismo del Meta.
*Juan Carlos Navarro Perico (Consorcio Matapalo).
*Curva Ltda.
*Cuadrante Construcciones Arquitectura e Ingeniería SAS.
*Ferney Yesid Beltrán Ávila (Sdeng SAS).
*Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez (Consorcio Intermirador).
*Interventoría: Ingeconsultar Ltda, Ingecinco Ltda.
Coliseo Cubierto y Áreas Conexas, en Granada (Meta)
Requirió una inversión de $15.166 millones, incluyendo una adición de $1.672 millones.
El contrato de esta obra inició el 5 de julio de 2016 y concluyó el 30 de enero de 2021. Se requirieron 5 años y 9 meses, para que entrara en servicio, cuando su tiempo de ejecución inicial era supuestamente de 9 meses.
Tuvo 3 suspensiones por 40 meses, debido a cambio de diseños, la falta del Certificado Eléctrico RETIE y suspensión de giro de recursos. Y sufrió 5 prórrogas por 17 meses, por atrasos en la ejecución de las obras.
A través de mesas de seguimiento realizadas en octubre de 2020 y febrero y mayo de 2021, la Contraloría logró concertar con la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Granada para que se recibiera por parte del municipio la obra, ya subsanadas las adecuaciones.
La Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías de la CGR abrió en 2020 una Indagación Preliminar por cuantía en $15.458 millones, en relación a las irregularidades presentadas en este proyecto.
Elefantes blancos y obras inconclusas en el Meta
“La función preventiva y concomitante que ejerce ahora la Contraloría General de la República está dando unos resultados importantísimos, logrando que se terminen elefantes blancos y se tengan elefantes vivos. En el Meta hay 104 obras inconclusas, elefantes y proyectos críticos por más de $587 mil millones de pesos”, resaltó el Contralor Felipe Córdoba al llegar hoy a Villavicencio.
“Los elefantes blancos pueden terminarse y la gente puede ver que, gracias a la gestión preventiva, es posible ir acabando la corrupción”, agregó.
Y advirtió finalmente. “Estamos encima de los contratistas. La Contraloría General de la República, con la tecnología que hoy tiene, está haciendo seguimiento en línea, para saber qué está pasando con el avance de cada una de las obras del país, haciendo uso de su función preventiva, con inteligencia artificial, analítica avanzada, imágenes satelitales y áreas, así como videos de drones”.
Fuente: Contraloría General de la República
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
