META
Tres exgobernadores del Meta investigados por obras inconclusas
El Contralor Felipe Córdoba estuvo en el departamento del Meta para ser testigo de la terminación de tres obras que estuvieron inconclusas por muchos años, cargando con sucesivas suspensiones y prórrogas, por lo que, incluso, son objeto de investigaciones fiscales en curso.
Internado Jhon F. Kennedy
La Institución Educativa Colegio Nacionalizado Jhon F. Kennedy, en el municipio de San Juanito (Meta), es la primera obra que se hace realidad.
Inició su construcción en abril de 2011 y fue terminada en noviembre de 2013, pero se convirtió en un elefante blanco, debido a que no se pudo poner en funcionamiento; sólo hasta ahora, exactamente el próximo 15 de julio.
Tras ser incluida en el Registro Nacional de Obras Inconclusas se reactivó con la gestión de la Contraloría y pudo al fin terminarse.
El organismo de control logró comprometer a la Gobernación del Meta para iniciar las obras pendientes, culminarlas y entregarlas. El contratista puso los recursos.
Este proyecto, que beneficia a 41 estudiantes, tuvo un valor inicial de $2.999 millones y dos adiciones por $1.724 millones, para un total de $4.724 millones.
Tuvo 4 suspensiones por 4 meses y 12 días debido a cambios de diseño, y 5 prórrogas por 15 meses por cambios en las actividades programadas y variación en los ítems contratados.
El contrato se liquidó el 9 de octubre de 2014. Se pagaron ítems y actividades no ejecutadas por el contratista y que debió haber realizado.
Por las situaciones irregulares que habían convertido este internado prácticamente en un elefante blanco, la Contraloría abrió en su momento un proceso de responsabilidad fiscal por $4.177 millones que se encuentra en etapa de recepción de versiones libres de los presuntos responsables (los exgobernadores del Meta Darío Vásquez, Alan Jara y Marcela Amaya, contratistas, interventores y funcionarios de la Agencia de Infraestructura del Meta.
Torre Mirador en Puerto López (Meta)
El contrato de construcción de la Torre Mirador, en el municipio de Puerto López (Meta), inició el 29 de diciembre de 2015 y pudo entrar en servicio gracias, en buena parte, a la intervención de la CGR.
La obra, que se constituye en un gran atractivo turístico para la región, demandó una inversión de $16.568 millones.
Mediante la estrategia “Compromiso Colombia” la Contraloría logró impulsar su terminación y puesta en funcionamiento. El proyecto no se encontraba funcionando por falta de adecuaciones para la atención al público, certificación de ascensores y entrega de locales, entre otras situaciones.
Tuvo 3 suspensiones de 4 meses por permisos de aprovechamiento forestal y restricciones de circulación de vehículos de carga. Y se vio afectado con 8 prórrogas por 24 meses y 9 días debido a modificaciones de obra, demoras en la aprobación de permisos y en su construcción.
Las irregularidades presentadas alrededor de la ejecución del proyecto Torre Mirador llevaron a la Contraloría a abrir, en 2020, un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $14.474 millones, que se encuentra en etapa probatoria y al cual están vinculados los siguientes presuntos responsables fiscales:
*María Luisa Parra Mora, exdirectora del Instituto de Turismo del Meta.
*Gustavo Adolfo Jiménez Barrios, exdirector del Instituto de Turismo del Meta.
*Juan Carlos Navarro Perico (Consorcio Matapalo).
*Curva Ltda.
*Cuadrante Construcciones Arquitectura e Ingeniería SAS.
*Ferney Yesid Beltrán Ávila (Sdeng SAS).
*Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez (Consorcio Intermirador).
*Interventoría: Ingeconsultar Ltda, Ingecinco Ltda.
Coliseo Cubierto y Áreas Conexas, en Granada (Meta)
Requirió una inversión de $15.166 millones, incluyendo una adición de $1.672 millones.
El contrato de esta obra inició el 5 de julio de 2016 y concluyó el 30 de enero de 2021. Se requirieron 5 años y 9 meses, para que entrara en servicio, cuando su tiempo de ejecución inicial era supuestamente de 9 meses.
Tuvo 3 suspensiones por 40 meses, debido a cambio de diseños, la falta del Certificado Eléctrico RETIE y suspensión de giro de recursos. Y sufrió 5 prórrogas por 17 meses, por atrasos en la ejecución de las obras.
A través de mesas de seguimiento realizadas en octubre de 2020 y febrero y mayo de 2021, la Contraloría logró concertar con la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Granada para que se recibiera por parte del municipio la obra, ya subsanadas las adecuaciones.
La Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías de la CGR abrió en 2020 una Indagación Preliminar por cuantía en $15.458 millones, en relación a las irregularidades presentadas en este proyecto.
Elefantes blancos y obras inconclusas en el Meta
“La función preventiva y concomitante que ejerce ahora la Contraloría General de la República está dando unos resultados importantísimos, logrando que se terminen elefantes blancos y se tengan elefantes vivos. En el Meta hay 104 obras inconclusas, elefantes y proyectos críticos por más de $587 mil millones de pesos”, resaltó el Contralor Felipe Córdoba al llegar hoy a Villavicencio.
“Los elefantes blancos pueden terminarse y la gente puede ver que, gracias a la gestión preventiva, es posible ir acabando la corrupción”, agregó.
Y advirtió finalmente. “Estamos encima de los contratistas. La Contraloría General de la República, con la tecnología que hoy tiene, está haciendo seguimiento en línea, para saber qué está pasando con el avance de cada una de las obras del país, haciendo uso de su función preventiva, con inteligencia artificial, analítica avanzada, imágenes satelitales y áreas, así como videos de drones”.
Fuente: Contraloría General de la República
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
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