CASANARE
Transformación de Unitrópico a Universidad Pública “no tiene dolientes” en Bogotá
Como una “sinvergüencería”, calificó el gobernador Alirio Barrera, el hecho de que, a pesar de los múltiples recursos y esfuerzos en búsqueda de la transformación de Unitrópico a denominación pública, aún “no hay dolientes en Bogotá”.
El mandatario departamental hizo claridad que el presidente Iván Duque ha tenido toda la intención de apoyar la Universidad, a tal punto que fue la primera Ley de la República que sancionó siendo presidente de la República.
También que los congresistas casanareños, Amanda Rocío González, César Zorro y Jairo Cristancho, han sido embajadores de todos los casanareños ante el Gobierno Central para solicitar la transformación de la Universidad del Trópico Americano.
“Ayúdenos a cazar ese elefante blanco (…) queremos cumplirle el sueño a miles de casanareños, permitamos usar esos recursos de ahorros, los cuales superan los $400 mil millones, para financiar el valor que corresponde a Casanare, para solventar unos 40 años de operación. Los recursos de degüello, podrían dejar entre $5.000 y $10.000 millones, para las futuras vigencias y los podríamos usar, pero queremos escuchar la propuesta del Gobierno Nacional”, puntualizó el Gobernador.
El mandatario hizo énfasis en que no está de acuerdo que en Casanare se haga política diciendo que, “harán pública a Unitrópico, cuando se ha avanzado en este propósito como nunca antes en la historia del Departamento”.
Por último, agregó Alirio Barrera que la economía de Casanare es sólida y que con el PIB más alto de Colombia aporta a la solidez financiera de la Nación, con lo que se espera que se le devuelva al Departamento algo de lo que le pertenece.
Con el impuesto de degüello
Tras un debate de tres horas en la Comisión VI de la Cámara de Representantes, citado por el Congresista casanareño Cesar Ortiz Zorro, tanto los congresistas como el Gobierno Nacional y el Gobernador de Casanare, solicitaron agilizar los trámites para obtener rápidamente la firma del convenio de cofinanciación entre la Nación y el Departamento.
El gobernador Josué Alirio Barrera anunció que tramitará ante la Asamblea Departamental la destinación del impuesto de degüello para financiar los aportes al funcionamiento de Unitrópico, inversión que supera los 5 mil millones de pesos; en el mismo sentido, anunció la posibilidad de desahorrar un porcentaje de regalías para la universidad.
Por su lado, el Viceministro de Educación, Luis Fernando Pérez, anunció que con este debate se fortalecen los compromisos del Gobierno Nacional en el proceso de transformación de Unitrópico a institución de educación superior pública, ofreciendo todas las oportunidades a los jóvenes casanareños. Manifestó que es importante tener clara la estructuración financiera de la universidad como pública, en cuanto a los costos de funcionamiento, como también la concurrencia entre la Nación, el Gobierno local y la Universidad con sus recursos propios, de acuerdo a lo establecido en la Ley 30 de 1992.
De otra parte, el Representante a la Cámara César Ortiz Zorro, presentó una proposición para destinar en el Presupuesto General de la Nación 2020 una suma aproximada de 50 mil millones de pesos con destino al funcionamiento de Unitrópico para la vigencia fiscal del año entrante, proposición que fue acompañada de seis (6) congresistas de la comisión VI y la Senadora Amanda Roció González. Presentó además proposición de conclusiones del debate donde la Cámara de Representantes le solicita al Gobierno agilizar los trámites para suscribir el convenio de aportes permanentes para Unitrópico con el Departamento.
Finalmente, el Representante se comprometió a permanecer muy activo para que lo manifestado y discutido en este debate en favor de Unitrópico como Universidad Pública, se convierta en realidad lo más pronto posible, petición permanente de estudiantes, jóvenes y padres de familia del departamento.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.



