CASANARE
Tráfico de influencias de hermanos del Alcalde de Yopal tumbó a Directora de las TIC en la Alcaldía
La alcaldesa (e) de Yopal Luz Marina Cardozo declaró insubsistente a la directora de las Tic, Milena González, tras establecer que ésta manipuló el sistema de gestión de archivos, atendiendo directrices de dos hermanos del alcalde preso Jhon Jairo Torres.
Se conoció que la exfuncionaria, cometió la irregularidad para hacer aparecer como radicada en abril una solicitud de Licencia de Construcción cuando en realidad es de septiembre, atendiendo directrices de Yhonny Alexander y Liliana Torres, hermanos del alcalde preso John Jairo Torres.
Según fuentes de entera credibilidad, el viernes anterior el señor Yonny Alexander Torres -más conocido como pocho Torres- se acercó a la oficina de archivo y ordenó a las funcionarias que le alteraran el mes de radicación de una licencia de construcción para que esta apareciera como solicitada en el mes de abril, cuando en realidad esta fue presentada en septiembre.
Las funcionarias en cuestión se negaron argumentando que el programa o software del sistema de gestión de archivos es inmodificable y esta respuesta disgustó a Torres.
Poco tiempo después apareció en escena la señora Liliana Torres, hermana del anterior, con la misma petición y obteniendo la misma respuesta. La tercera visita fue la de la directora de las Tic de la Alcaldía Milena González y, una vez más, la respuesta fue negativa.
Sorpresivamente, el lunes anterior el sistema fue reportado como en estado de reparación y todos los archivos en general como tramitados en abril. Cuando la oficina de control interno indagó por el tema, González expuso que se había presentado una falla y la alcaldesa ordenó efectuar de una vez un mantenimiento.
Sin embargo, respondió que ayer martes estaría restablecido el programa. Por el contrario, ayer el personal de archivo observó que el sistema seguía bloqueado. Debido a esto, el líder de archivo presentó denuncia ante la oficina de control interno de la misma alcaldía.
A su vez, lo más grave, la Contraloría Departamental se encuentra adelantando una auditoría ordinaria a la administración municipal y al enterarse de lo que estaba ocurriendo ordenó una auditoría express para ese caso específico, es decir en caliente.
Solo entonces la alcaldesa Luz Marina Cardozo se enteró de lo que estaba sucediendo y decidió en la tarde de ayer declarar insubsistente en el cargo a la ingeniera Milena González, quien además ya estaba demandada por los empleados a su cargo ante la personería por acoso laboral.
Como siempre, los ciudadanos se preguntan hasta dónde las licencias urbanísticas y de construcción y el funcionamiento mismo del aparato estatal están a cargo de los hermanos Torres.
Fuente: www.violetastereo.com
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
El Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Casanare llevó a cabo una jornada de inspección y control en los municipios de Nunchía y Maní, con el objetivo primordial de proteger la salud de la ciudadanía. La Secretaría de Hacienda continúa promoviendo un mensaje de prevención entre comerciantes y consumidores sobre la importancia de adquirir productos legales.
Durante el recorrido por diversos establecimientos comerciales, el equipo de la Secretaría de Hacienda verificó el estado de licores, cervezas y cigarrillos. Simultáneamente, se generaron espacios de diálogo para concienciar y prevenir la circulación de productos de dudosa procedencia, aquellos sin el pago de impuestos correspondientes o con posibles alteraciones que puedan afectar la salud pública.
Estas visitas se realizaron con un enfoque de asesoría técnica, explicando a los comerciantes cómo identificar una estampilla auténtica y la relevancia de exigir la factura legal al momento de abastecer sus negocios. Esta capacitación busca fortalecer las prácticas responsables y la cadena de legalidad en los municipios.
Los técnicos del Grupo Anticontrabando resaltaron que la entrada legal de productos garantiza que los recursos generados por impuestos permanezcan en el departamento. Estos fondos se transforman directamente en inversión pública, impactando positivamente en áreas fundamentales para la ciudadanía.
Finalmente, se enfatizó que el control al contrabando es una herramienta clave para asegurar que los recursos provenientes del impuesto al consumo se destinen eficazmente a hospitales, instituciones educativas y escenarios deportivos, mejorando directamente la calidad de vida en los municipios de Casanare.
Una tragedia conmociona al sector de La Pedrera en Yopal. En las últimas horas, un siniestro vial en el kilómetro 14 de la vía que conduce hacia este sector cobró la vida de Luis Alejandro Rodríguez Parada, un reconocido comerciante de 32 años.
El hecho ocurrió tras la colisión la noche anterior, entre una motocicleta de placas ADN-39H, en la que se movilizaba Rodríguez Parada junto con su pequeño hijo de 10 años, y un taxi identificado con las placas UVK-883 y número interno MY105. Las causas del choque son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.
Lo que agrava el dolor de la comunidad es que el comerciante no iba solo: su hijo de 10 años lo acompañaba en el momento del impacto. El estado de salud del menor aún no ha sido confirmado oficialmente, aunque se señala que habría sufrido diversas fracturas producto del fuerte impacto.
Rodríguez Parada era el dueño de la ferretería El Diamante, ubicada en el sector de El Palmar, y era descrito por la comunidad como un hombre solidario, trabajador y muy querido. Su muerte repentina deja un profundo vacío entre quienes lo conocían y frecuentaban su negocio.
