CASANARE
Torres del Silencio en Yopal, parece que por fin
A partir de la próxima semana la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare iniciarán mesas de trabajo con la Contraloría General de la República, para que el ente de control asesore en la ruta jurídica y legal que permita destinar e invertir recursos para culminar el proyecto de Torres del Silencio.
Como se recuerda, este proyecto fue iniciado durante el periodo 2008-2011, pero no fue culminado a raíz de múltiples irregularidades e incumplimientos por parte del contratista.
El alcalde Luis Eduardo Castro indicó que ha evaluado la posibilidad de declarar la calamidad pública, para implementar un plan de acción que permita ejecutar recursos, pero principalmente salvaguardar la vida y el bienestar de la comunidad de este proyecto de vivienda.
Castro le solicitó al Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, durante su visita al proyecto, claridad en los factores a tener en cuenta para contratar un estudio de patología que permita determinar el real estado estructural de cada una de las torres.
El Contralor destacó que es necesario realizar dicho estudio patológico como insumo base para avanzar en el proceso de culminación definitiva del proyecto, mientras eso sucede, el ente de control durante el primer trimestre del año abrirá un proceso de responsabilidad fiscal donde se identifica a los presuntos responsables y se cuantifique los daños materiales y económicos.
La Contraloría en el marco de la estrategia Compromiso Colombia estableció 3 acuerdos importantes: iniciar con el estudio de patología, revisar el proceso de titularidad para los beneficiarios del proyecto y por último la financiación de los procesos para las soluciones previstas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
