META
Terminó judicialización de 42 personas descubiertas en prostíbulo de Villavicencio
Por solicitud de la Fiscalía Local de la Unidad de Reacción Inmediata URI, se ordenó medida de aseguramiento para 22 personas y 20 más fueron vinculadas a proceso judicial, como presuntos responsables de delitos relacionados con la violación de medidas sanitarias en el departamento del Meta.
Las 42 personas fueron capturadas en flagrancia, durante diligencia judicial de allanamiento y registro realizada la noche del 9 de abril anterior, en una finca ubicada en el corregimiento de Pompeya, jurisdicción de Villavicencio (Meta) donde funciona un prostíbulo.
En el lugar, unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana encontraron 21 mujeres y 21 hombres en una reunión, donde estarían consumiendo sustancias alucinógenas y, al parecer, ejerciendo actividades de prostitución. Al interior de las habitaciones de los encargados de la finca fueron halladas armas de fuego con su munición respectiva, cocaína y licor adulterado.
Judicialización
Ante el Juzgado 9° Penal Municipal con función de control de garantías fueron presentados los capturados para su judicialización. En las audiencias concentradas, que se realizaron durante 6 días, se legalizó la orden de la diligencia de allanamiento.
En desarrollo de las audiencias, la Fiscalía imputó cargos contra 38 personas por el delito de violación de medidas sanitarias.
A las restantes cuatro personas, incluidos el dueño de la finca y de un bar señalado como lugar de lenocinio y venta de alcohol en la capital del Meta, su hijo y sus trabajadores, el ente investigador les imputó además cargos por fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas; fabricación, tráfico y/o porte de estupefacientes; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias y violación de medida sanitaria. Cargos que no fueron aceptados por ninguno de los procesados.
El juzgado impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra cuatro personas; una más recibió medida no privativa de la libertad; a los 17 extranjeros detenidos se les impuso medida no privativa de la libertad. Los 20 investigados restantes fueron vinculados al proceso judicial sin medida de aseguramiento.
La Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico de los detenidos, para garantizar que estén en buenas condiciones, esto antes de realizar el traslado a sus lugares de detención.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.
La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.
Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.
Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.
Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.
Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.
Fuente: El Diario del Llano
A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano
