REGIÓN
Superservicios verificará calidad del agua en siete municipios de Boyacá
Ante el posible riesgo de contaminación con plomo de la laguna de Tota, una de las fuentes de abastecimiento de los acueductos de siete municipios de Boyacá, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomará muestras para determinar la calidad del agua que se suministra a la población y requirió información a los 21 prestadores del servicio en el departamento.
Debido a la alerta dada por la Procuraduría General de la Nación, la superintendente, Natasha Avendaño García, indicó que en los próximos días inicia la toma de muestras de agua en las redes de los municipios que se abastecen de la laguna de Tota, con el fin de determinar si hay presencia de plomo en el líquido suministrado a los usuarios y, en caso de detectarse, tomar las acciones a que haya lugar para su control por parte de los prestadores.
Las muestras se tomarán en los municipios de Tota, Sogamoso, Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Iza y Nobsa en Boyacá.
La entidad también hizo requerimiento de información urgente a los prestadores sobre las actividades que realizan para verificar que no haya presencia de plomo en el agua entregada a sus usuarios. En particular, se solicitaron los resultados de las caracterizaciones adelantadas a la fuente de abastecimiento durante la vigencia 2019 y 2020, en donde se incluyan resultados de plomo. Igualmente, se solicitó el reporte del estado de sus planes de emergencia y contingencia, así como la identificación de fuentes de abastecimiento alternas.
La superintendencia señaló que tiene a su cargo la vigilancia en la prestación del servicio, entre ellas, la calidad, tratamiento y condiciones de suministro, e indica que la vigilancia sobre las condiciones de las fuentes de agua, como la laguna de Tota, está a cargo de las autoridades ambientales.
Por otra parte, para el monitoreo adecuado de esta situación, la Superservicios recuerda el deber de los municipios y prestadores a nivel nacional de contar con mapas de riesgo para el control de la calidad de agua potable en cada región, con el fin de identificar parámetros físicos y/o químicos adicionales a vigilar, como en este caso el plomo, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2115 de 2007.
La superintendencia acompañará la mesa de trabajo convocada por Corpoboyacá el próximo 18 de noviembre, a la que asistirán también representantes de la Procuraduría, alcaldías y autoridades sanitarias.
Fuente: Superservicios
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
