CASANARE
Superservicios emite alerta especial en Yopal, ECAS no están prestando el servicio en el marco de la ley
La Superintendencia de Servicios Públicos identificó inconsistencias y prácticas irregulares en empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento de residuos que afectan la prestación integral, eficiente, continua y de calidad del servicio público de aseo, en Yopal.
En atención a denuncias de usuarios y distintas autoridades municipales, la Superintendencia realizó inspección y vigilancia especial sobre el pesaje y registro de los residuos efectivamente aprovechados y reportados por cada una de las organizaciones de recicladores de oficio y empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en Yopal.
Se identificaron inconsistencias y prácticas irregulares sobre las cuales el director técnico de Gestión de Aseo, Armando Ojeda, manifestó:
“En las visitas encontramos incumplimiento de los requisitos mínimos de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) donde se gestiona el material aprovechable. No trazabilidad del material acopiado, no cumplimiento de rutas, horarios y frecuencias de recolección, así como del reporte de los residuos que no son objeto de cobro vía tarifa de aprovechamiento, entre otros. Esta situación ha generado una alerta especial en Yopal, al evidenciar que la prestación del servicio no se viene ejerciendo en el marco de las normas que lo rigen”.
Durante las visitas técnicas se realizó monitoreo en campo a ocho prestadores de la actividad de aprovechamiento en once Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento, ECA, en el mes de julio, y a cinco prestadores en ocho ECA en septiembre.
Como acciones correctivas para evitar cobros injustificados a los ciudadanos de Yopal, se aplicó la medida de aplazamiento, que permite suspender el cobro a los usuarios hasta tanto los prestadores justifiquen que el material reportado y cobrado corresponde al efectivo y real aprovechamiento de residuos, de acuerdo con las normas establecidas.
Además se están evaluando posibles acciones de control, entre ellos, procesos administrativos sancionatorios, por los incumplimientos denunciados e identificados en campo por la Dirección Técnica de Aseo de la entidad.
Adicional a lo anterior, la Superservicios ha liderado reuniones de articulación y seguimiento con los prestadores de la actividad de aprovechamiento, organizaciones de reciclaje y la Alcaldía de Yopal con el fin de normalizar el servicio, asegurar el reconocimiento económico a los recicladores de oficio y el cobro justo en la tarifa que pagan los usuarios.
La entidad reiteró al municipio su responsabilidad como garante de la prestación de este y todos los servicios públicos domiciliarios en su territorio. Igualmente, recordó a la administración el deber de mantener actualizados los planes de Ordenamiento Territorial y de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la caracterización de residuos, y el censo oficial de recicladores, conforme lo establece el Ministerio de Vivienda.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
