NACIONALES
Supersalud ordena liquidación de la EPS Coomeva
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó hoy la liquidación de la EPS Coomeva, tras evidenciar la imposibilidad de corregir la crítica situación financiera en que se encuentra y como protección a la vida y la salud de sus 1.2 millones de afiliados en 24 departamentos del país.
La EPS estaba bajo las medidas de toma de posesión y de intervención forzosa para administrar desde hace varios meses, pero, a pesar de los esfuerzos del agente especial designado por la Supersalud, ya había un deterioro continuado de sus principales indicadores operacionales, asistenciales y financieros.
La EPS estuvo en medida de vigilancia especial por cuatro años y medio, tiempo durante el cual la Supersalud le impartió instrucciones y órdenes que no atendió, particularmente para que diera respuesta a la acumulación de quejas, reclamos y peticiones de sus afiliados, y a la necesidad de cumplir con estrictos planes de capitalización.
Como consecuencia de la orden de liquidación se designa a Felipe Negret Mosquera como agente especial liquidador, quien deberá entregar a la Superintendencia la base de datos de sus afiliados y el Ministerio de Salud procederá a surtir el procedimiento de traslado de esta población a EPS receptoras que no cuenten con ninguna medida administrativa y que posibilitarán la garantía de acceso, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.
Una deteriorada situación financiera
La Supersalud evidenció que la EPS no cumple con las condiciones financieras y de solvencia, con los indicadores de capital mínimo y de patrimonio adecuado, además de que se encuentra en riesgo de iliquidez, arrastra un creciente endeudamiento y su crisis financiera ocasionaba que su red de prestación cerrara las puertas y dejara de atender a sus afiliados.
De acuerdo con la información de la Superintendencia, la EPS tiene pasivos cercanos a los 1,7 billones de pesos, un nivel de endeudamiento de 1,6 veces sobre el valor del activo, una brecha de 204.230 millones de pesos en el patrimonio adecuado y unas pérdidas acumuladas superiores al billón de pesos.
Precisamente, solo durante los primeros 11 meses de 2021 la EPS registró pérdidas por 190.219 millones de pesos y durante esta vigencia el 40% de su pasivo se concentraba en 30 acreedores por valor de 700.352 millones de pesos, lo cual generaba un alto riesgo de liquidez por la probabilidad de incumplimiento en esas obligaciones.
Quejas y tutelas por incumplimientos en atención
De acuerdo con la resolución 189-6 de este 25 de enero, se identificó que la EPS Coomeva no garantizaba a sus afiliados el acceso a los servicios de salud y ponía en riesgo la atención a la población gestante, a los menores de edad y a los pacientes con enfermedades de alto costo (cáncer, insuficiencia renal, VIH y hemofilia).
En la radiografía hecha por la Supersalud a partir de las acciones de inspección y vigilancia realizadas durante los periodos 2019, 2020 y 2021, se concluyó que la EPS Coomeva no realizaba el diagnóstico oportuno de pacientes crónicas con cáncer de cuello uterino y cáncer de mama debido a las bajas coberturas en la toma de citología cervicouterina, colposcopia y mamografía.
Las auditorías de la Supersalud encontraron que la EPS no fue oportuna en la prestación de servicios de salud incluidos en el plan de beneficios que requiere la población menor de edad, al igual que inoportunidad en la prestación de servicios ordenados por fallo de tutela.
En los últimos 3 años Coomeva recibió 193.100 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) y por el creciente volumen de quejas ocupó los primeros lugares entre las 14 EPS del régimen contributivo.
Los principales motivos de PQRD se relacionaban con dificultades para acceder a servicios de medicina especializada, demora en entrega de medicamentos, retraso en autorización de exámenes de laboratorio y no pago de las prestaciones económicas derivadas de licencia de enfermedad general.
“Ni con las medidas de salvamento propias de intervención para administrar, se pudo superar la situación crítica que la entidad venía experimentando y, por ende, el incumplimiento de estas órdenes se mantuvo en el tiempo”, señala la resolución que ordena la liquidación de la EPS.
Entre 2019 y 2021 la Supersalud impuso cinco medidas cautelares a Coomeva a fin de que diera pronta respuesta a miles de casos de usuarios en riesgo que requerían gestión urgente.
Se evidenció que la insuficiente red de prestadores le impedía a la EPS garantizar los servicios de salud a los usuarios, afectaba la detección temprana de las enfermedades, aumentaba la gravedad de las patologías y provocaba congestión en los servicios de urgencias.
En los últimos tres años la EPS registró una pérdida cercana a 550 mil afiliados, una de las disminuciones más fuertes entre las empresas del sector del aseguramiento en salud para ese periodo. A la fecha, la Superintendencia Nacional de Salud ha proferido multas por más de 20.000 millones de pesos contra la EPS Coomeva, siendo una de las más sancionadas.
Con Coomeva son ya 12 EPS liquidadas o revocadas totalmente en el periodo del Presidente Iván Duque y se cumple así el compromiso de depurar del sistema de salud aquellas aseguradoras que no le prestan a los usuarios servicios con calidad y oportunidad.
Fuente: Superintendencia de Salud
NACIONALES
Empleo formal en Colombia sigue mostrando señales positivas, hay más personas contratadas
El panorama del empleo formal en Colombia sigue mostrando señales positivas. En junio de 2025, el Servicio Público de Empleo (SPE) a través de su Red de Prestadores facilitó la colocación laboral de cerca de 53 mil personas, lo que representa 9,830 empleos más que en el mismo mes del año anterior. Esta mejora refleja un mayor nivel de conexión entre quienes buscan trabajo y las empresas que necesitan talento.
El crecimiento se vio reflejado en diferentes grupos. Las contrataciones de mujeres subieron de 19,375 a 22,425, mientras que las de hombres aumentaron de 23,782 a 30,561. En cuanto al nivel educativo, la mayoría de los contratados eran bachilleres (24,677), seguidos por técnicos (8,363) y tecnólogos (2,970), lo que indica una alta demanda por perfiles técnicos y medios en los sectores productivos.
Un dato para destacar: 17,773 personas sin experiencia laboral previa consiguieron empleo, lo que significa 7,230 más que en junio de 2024. 11.981 personas del total de colocaciones sin experiencia se ubicaron en las 23 principales ciudades del país. Este avance muestra el impacto del SPE como una herramienta clave para ofrecer primeras oportunidades laborales, especialmente a jóvenes que buscan ingresar al mercado formal.
En el aspecto territorial, 32,245 colocaciones se concentraron en las 23 ciudades principales del país, siendo Bogotá, Medellín y Bucaramanga las que agruparon más del 77% del total. Además, ciudades intermedias como Quibdó (de 6 a 55 empleos), Florencia (de 32 a 92) y Valledupar (de 66 a 146) también mostraron un crecimiento notable, señal de que el Servicio Público de Empleo está llegando a más rincones del país.
Por sectores económicos, los servicios administrativos y profesionales lideraron las contrataciones (10,334), seguidos por comercio y reparación de vehículos (1,923), e industria manufacturera (1,687). Sin embargo, otros sectores como información y comunicaciones, actividades financieras y construcción tuvieron una baja en comparación con junio de 2024.
En cuanto a los salarios, la mayoría de las vacantes cubiertas ofrecían entre $1,000,001 y $1,500,000. Las posiciones con salarios superiores a $4 millones fueron menos, bajando de 378 a 278 empleos, lo que indica una mayor concentración del empleo formal en rangos salariales medios.
Por el lado de la demanda, en junio se reportaron 159.772 ofertas de empleo, representando una disminución del 1,2% frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, estas ofertas registraron 981,993 vacantes, un aumento del 4.2% frente al año anterior, a pesar de que hubo una leve disminución en las ofertas formales, menos ofertas, pero mayor cantidad de puestos de trabajo. Bogotá, Medellín y Cali concentraron el 85.1% de las vacantes urbanas, lo que evidencia que las oportunidades siguen estando centralizadas en las grandes ciudades.
Sectores con más vacantes
Los sectores que más vacantes ofrecieron fueron servicios administrativos (576,725), tecnologías de la información y comunicaciones (74,445), comercio (46,692) y manufactura (32,141). Los sectores con mayor crecimiento en vacantes fueron actividades financieras (+68.4%), transporte y almacenamiento (+44.5%) e información y comunicaciones (+43.5%). En contraste, sectores como explotación de minas y canteras, suministro de electricidad gas, agua y Construcción, sufrieron caídas de 43,8 %, –30,1 % y 11,5% respectivamente.
El nivel educativo más solicitado fue bachillerato (503,833 vacantes), seguido por técnicos (173,797) y universitarios (92,670). Las ocupaciones más buscadas fueron en apoyo administrativo, técnicos de nivel medio y personal de ventas y servicios.
Toda esta información está disponible en DataEmpleo, la plataforma del Servicio Público de Empleo que permite consultar cómo se está moviendo el mercado laboral formal en Colombia. Es una herramienta útil para empleadores, personas en búsqueda de trabajo, investigadores y autoridades, al ofrecer datos actualizados sobre oferta, demanda y colocaciones de empleo en el país.
Fuente: El Diario del Llano
Con el objetivo de contribuir a la reducción de brechas en el acceso al empleo público para la población sorda en Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) han suscrito un convenio interinstitucional que busca aunar esfuerzos técnicos y estratégicos, para fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de esta población.
“Para la Comisión Nacional del Servicio Civil es muy importante la inclusión, propósito que está plasmado desde su direccionamiento estratégico. Al suscribir este convenio con la institución especializada que trabaja con la población sorda garantizamos que, de manera técnica, podamos hacer los ajustes suficientes para que la inclusión de las personas con discapacidad auditiva se materialice. Para esto, hemos trabajado una serie de actividades en alianza con actores estratégicos importantes, plasmar muchas acciones relacionadas con la vinculación a nuestros procesos de selección y espacios para que la población con discapacidad nos haga las recomendaciones para continuar con los ajustes razonables en nuestros sistemas de información, los canales de atención, etc.”, aseguró el presidente de la CNSC, el comisionado Mauricio Liévano Bernal.
Mientras que el director del INSOR, Geovani Andrés Meléndres Guerrero, sostuvo que “este convenio es una muestra de los objetivos que se quieren alcanzar. En la parte técnica, la CNSC cuenta con el Instituto, ya que queremos, para la población sorda, impulsar en términos de empleabilidad dentro de las vacantes públicas que existen actualmente”.
El convenio establece líneas de acción conjuntas dentro del marco de las competencias de cada entidad, alineadas con sus respectivos planes, programas y proyectos. Entre las acciones pactadas están:
- El fortalecimiento institucional en la atención a la población sorda, con la implementación de estrategias para mejorar la atención de la CNSC a estos ciudadanos, así como mesas de trabajo conjuntas para analizar y evaluar la calidad de los datos relacionados con dicha atención.
- La eliminación de barreras actitudinales en el entorno laboral con la realización de talleres presenciales y virtuales dirigidos a personas con discapacidad auditiva sobre la oferta de servicios de la CNSC y las vacantes reservadas para personas con discapacidad. También, con la participación del INSOR en eventos macrorregionales, nacionales e internacionales sobre empleo público organizados por la CNSC.
- La implementación de ajustes razonables para el acceso equitativo con la elaboración de documentos técnicos, boletines y estudios sobre el acceso de la población sorda al empleo público; la creación de mapas de inscripción y vinculación laboral para evaluar la inclusión efectiva; y la definición de políticas y lineamientos que garanticen adaptaciones diferenciales en todas las fases de los procesos de selección.
Esta alianza estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por ambas partes. Podrá ser prorrogado por períodos iguales, previo acuerdo. Con este convenio, la Comisión Nacional del Servicio Civil sigue avanzado hacia la implementación de medidas que aporten a contar con un empleo público incluyente en Colombia, basado en el mérito, la oportunidad y la igualdad.
Fuente: Comunicaciones CNSC
Función Pública informó a servidoras y servidores públicos de entidades territoriales que el período para presentar la declaración de bienes y rentas finaliza este jueves 31 de julio de 2025.
Asimismo, aclaró que son cerca de 308.762 servidores del orden territorial los que deben realizar esta declaración a través del Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas que encuentran en el SIGEP II.
Las y los servidores reportan datos personales, obligaciones financieras, conformación familiar, bienes patrimoniales, ingresos laborales y no laborales, entre otros.
Además, la entidad reiteró que la información reportada debe corresponder a la vigencia 2024, es decir el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Función Pública recalcó que todos los servidores públicos deben realizar la declaración de bienes y rentas en tres momentos: al ingresar a una entidad, durante su permanencia en ella y al retirarse del cargo.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
