CASANARE
Superindustria visita Aguazul con la “Ruta del Consumidor”
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol como autoridad nacional para la protección al consumidor, llega al municipio de Aguazul, en el departamento del Casanare, a través del programa Ruta del Consumidor.
La entidad ofrecerá orientación gratuita a los habitantes ante posibles inconvenientes con la compra de bienes o servicios. El programa estará ubicado en la Parque Principal (Cra. 17 #10 – 5) del 3 al 5 de agosto, en el horario de 8:00am a 4:00pm.
La Ruta del Consumidor es una iniciativa que busca llegar a todas las ciudades y municipios de Colombia a través de cinco (5) unidades móviles (buses y camionetas), que recorren el territorio nacional brindando orientación a los ciudadanos en materia de derechos del consumidor, los cuales involucran desde la compra de un producto o servicio, la prestación de servicios públicos domiciliarios, sistema de salud y asuntos financieros, entre otros.
Dentro de los servicios que se prestan en la Ruta del Consumidor se encuentra también el denominado Arreglo Directo, donde los consumidores pueden solucionar, con rapidez y eficiencia, las controversias que tengan con los comerciantes en sus relaciones de consumo. Igualmente, se adelantan jornadas de capacitación a estudiantes, ligas de consumidores, personerías, comerciantes y funcionarios de las alcaldías locales; entre otras actividades pedagógicas y de divulgación de la Ley 1480 de 2011-Estatuto del Consumidor-.
Gracias a este proyecto, en lo que va del 2022 se han visto beneficiadas más de 32 mil personas, quienes, sin necesidad de salir de sus territorios, han podido acceder a orientación gratuita del personal especializado dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio. En el departamento del Casanare la Ruta ha llegado a 6 municipios, atendiendo a más de ochocientos ciudadanos.
Acerca de la Red Nacional de Protección al Consumidor – RNPC
La Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC) nace con la expedición en 2011 del Estatuto del Consumidor o Ley 1480, bajo la Secretaría Técnica de la Superintendencia de Industria y Comercio, y con el propósito de proteger el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. Sus objetivos fundamentales son:
- Defender los derechos de los consumidores colombianos frente a los posibles abusos y engaños de los proveedores de bienes y servicios.
- Trabajar por mantener un equilibrio en la relación que se da entre los consumidores y los productores o proveedores de bienes y servicios, basándose fundamentalmente en el respeto y el juego limpio que debe haber entre las dos partes.
- Motivar a la participación de los ciudadanos en la defensa de sus derechos como consumidores, invitándolos a convertirse en veedores permanentes del respeto de tales derechos, e incentivando la creación de organizaciones ciudadanas que velen por la protección del consumidor.
La RNPC lidera los siguientes proyectos: Casas del Consumidor de Bienes y Servicios, Ruta Nacional de Protección al Consumidor y la Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación (EPPA). La gestión conjunta de sus programas ha permitido atender a más de 160 mil ciudadanos en todo el territorio nacional.
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
