CASANARE
Superindustria visita Aguazul con la “Ruta del Consumidor”
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol como autoridad nacional para la protección al consumidor, llega al municipio de Aguazul, en el departamento del Casanare, a través del programa Ruta del Consumidor.
La entidad ofrecerá orientación gratuita a los habitantes ante posibles inconvenientes con la compra de bienes o servicios. El programa estará ubicado en la Parque Principal (Cra. 17 #10 – 5) del 3 al 5 de agosto, en el horario de 8:00am a 4:00pm.
La Ruta del Consumidor es una iniciativa que busca llegar a todas las ciudades y municipios de Colombia a través de cinco (5) unidades móviles (buses y camionetas), que recorren el territorio nacional brindando orientación a los ciudadanos en materia de derechos del consumidor, los cuales involucran desde la compra de un producto o servicio, la prestación de servicios públicos domiciliarios, sistema de salud y asuntos financieros, entre otros.
Dentro de los servicios que se prestan en la Ruta del Consumidor se encuentra también el denominado Arreglo Directo, donde los consumidores pueden solucionar, con rapidez y eficiencia, las controversias que tengan con los comerciantes en sus relaciones de consumo. Igualmente, se adelantan jornadas de capacitación a estudiantes, ligas de consumidores, personerías, comerciantes y funcionarios de las alcaldías locales; entre otras actividades pedagógicas y de divulgación de la Ley 1480 de 2011-Estatuto del Consumidor-.
Gracias a este proyecto, en lo que va del 2022 se han visto beneficiadas más de 32 mil personas, quienes, sin necesidad de salir de sus territorios, han podido acceder a orientación gratuita del personal especializado dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio. En el departamento del Casanare la Ruta ha llegado a 6 municipios, atendiendo a más de ochocientos ciudadanos.
Acerca de la Red Nacional de Protección al Consumidor – RNPC
La Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC) nace con la expedición en 2011 del Estatuto del Consumidor o Ley 1480, bajo la Secretaría Técnica de la Superintendencia de Industria y Comercio, y con el propósito de proteger el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. Sus objetivos fundamentales son:
- Defender los derechos de los consumidores colombianos frente a los posibles abusos y engaños de los proveedores de bienes y servicios.
- Trabajar por mantener un equilibrio en la relación que se da entre los consumidores y los productores o proveedores de bienes y servicios, basándose fundamentalmente en el respeto y el juego limpio que debe haber entre las dos partes.
- Motivar a la participación de los ciudadanos en la defensa de sus derechos como consumidores, invitándolos a convertirse en veedores permanentes del respeto de tales derechos, e incentivando la creación de organizaciones ciudadanas que velen por la protección del consumidor.
La RNPC lidera los siguientes proyectos: Casas del Consumidor de Bienes y Servicios, Ruta Nacional de Protección al Consumidor y la Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación (EPPA). La gestión conjunta de sus programas ha permitido atender a más de 160 mil ciudadanos en todo el territorio nacional.
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio
La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha intensificado el acompañamiento a los organismos de acción comunal, de cara a las elecciones de dignatarios programadas para el 26 de abril de 2026.
Un punto central de este proceso es la conformación del Tribunal de Garantías, una instancia fundamental encargada de asegurar la transparencia, legalidad e igualdad entre todos los candidatos. Este tribunal debe ser elegido a más tardar el 26 de marzo, es decir, 30 días antes de la jornada electoral.
¿Qué hace el Tribunal de Garantías Electorales?
El tribunal tendrá la función de supervisar todo el proceso, desde la inscripción de candidatos hasta el momento de la votación. Para su elección, cada organismo comunal debe revisar sus estatutos, realizar una convocatoria formal y verificar que los integrantes cumplan requisitos como ser afiliados activos, no ser candidatos y no tener intereses directos en el proceso.
Estará conformado por tres miembros principales y tres suplentes, quienes desempeñarán sus funciones por un periodo de tres meses. Durante su conformación, también se definirán aspectos clave como los cargos a elegir, el sistema de votación, el mecanismo de postulación, la resolución de empates y el lugar de la jornada electoral, dejando todo registrado en un acta que certifica su legalidad.
El proceso electoral comunal se desarrollará en tres etapas bien definidas: una fase preelectoral, que incluye la depuración de afiliados y la elección del tribunal; la jornada de votación propiamente dicha, el 26 de abril; y una fase posterior, en la que las organizaciones deberán radicar la documentación correspondiente ante la Dirección de Desarrollo Comunitario dentro de los 20 días siguientes a los comicios.
Jessica Avella Blanco, directora de Desarrollo Comunitario, enfatizó la importancia de este acompañamiento: “Estamos acompañando a las Juntas de Acción Comunal para que este proceso se realice con total transparencia. La elección oportuna del Tribunal de Garantías es clave para generar confianza y asegurar que se cumpla la ley en cada etapa”. La Gobernación de Casanare reitera el llamado a los organismos comunales a cumplir con cada fase y consultar los requisitos disponibles en los canales oficiales.
CASANARE
Corte Constitucional avala tarifa máxima del ICA para bancos en Yopal, tras intensa disputa jurídica
En una decisión considerada histórica, la Corte Constitucional le dio la razón al municipio de Yopal en su litigio contra el sector bancario, avalando la aplicación de la tarifa máxima del impuesto de Industria y Comercio (ICA), fijada en el 20 por mil. El fallo se produce tras un prolongado proceso judicial liderado por la defensa jurídica del municipio y el abogado Gonzalo Ramos Rojas, quien representó a la administración local en esta controversia.
El caso se originó con la modificación del Estatuto Tributario de Yopal, mediante la cual se incrementó de forma progresiva la tarifa del ICA para las entidades financieras, pasando del 5 al 20 por mil. Esta decisión fue demandada por el sector bancario, que alegó la necesidad de aplicar el mismo límite vigente en Bogotá. No obstante, el municipio defendió su autonomía territorial, argumentando que sus condiciones económicas le permitían establecer una tarifa diferenciada dentro del marco legal.
Durante el proceso, la controversia atravesó distintas instancias judiciales, incluyendo fallos adversos en el Consejo de Estado. Sin embargo, la administración municipal insistió en su posición y llevó el caso a revisión ante la Corte Constitucional mediante una acción de tutela, buscando la protección de sus facultades tributarias y la unificación de criterios jurídicos.
Finalmente, el alto tribunal unificó jurisprudencia y ratificó la potestad de los municipios para fijar este tipo de tributos, validando la tarifa adoptada por Yopal y cerrando el debate a nivel nacional. Con esta decisión, el municipio proyecta recaudar entre 15 mil y 20 mil millones de pesos adicionales anuales, recursos que serán destinados a inversión en obras públicas, infraestructura y seguridad.
CASANARE
Instituto Financiero de Casanare ofrece beneficios para normalizar créditos en mora y recuperar cartera
El Instituto Financiero de Casanare (IFC) ha lanzado una campaña para que los usuarios de créditos en mora puedan normalizar su cartera. La iniciativa incluye descuentos en intereses de mora y, en algunos casos, la condonación de hasta el 100% del capital, buscando facilitar a los deudores el ponerse al día con sus obligaciones financieras.
La invitación está dirigida principalmente a quienes poseen deudas pendientes del Decreto No.0223 de 2015, correspondiente al convenio liquidado entre el Fondo Departamento de Casanare e ICETEX. Estos mecanismos no solo alivian la carga de los deudores y codeudores, sino que también permiten al IFC recuperar recursos esenciales para financiar nuevos sueños de los casanareños a través de programas como el Fondo de Educación Superior (FESCA).
Más de 5.000 personas fueron beneficiarias de estos créditos educativos y tienen el compromiso de retornar los fondos. El equipo de recuperación de cartera del IFC ha intensificado sus esfuerzos, realizando llamadas masivas y logrando la cancelación de cerca de 800 créditos hasta la fecha. Sin embargo, el desafío persiste, con 49 mil millones de pesos pendientes de recuperación, fondos vitales para el sostenimiento del FESCA.
Los usuarios pueden acceder a diversas modalidades de normalización, adaptadas a cada caso particular. Estas incluyen prórrogas si la cuota está vencida, refinanciaciones con ampliación de plazos y disminución de cuotas si las condiciones de ingresos han cambiado, o acuerdos de pago para deudas con más de 30 días de mora. Para situaciones financieras más complejas, se ofrece la reestructuración, permitiendo a los deudores ‘empezar de cero’, y la posibilidad de realizar abonos a capital si la situación económica mejora.
Respecto a los créditos educativos antiguos, el IFC aclara que el convenio con Icetex estuvo vigente hasta 2009. Los préstamos desembolsados en 1998, 2003, 2004 y 2005 son totalmente reembolsables según los términos firmados. Para otros años, los usuarios deben verificar si su crédito es condonable, lo cual dependía de condiciones específicas como la realización de labores sociales o la creación de empresas, y pueden solicitar su expediente para revisión.
Para mayor facilidad, el IFC ha dispuesto varios canales de comunicación: la aplicación móvil del IFC para pagos por PSE y seguimiento de créditos, el WhatsApp 3115830981 y el correo electrónico ventanillaunica@ifc.gov.co. Además, se recuerda a los usuarios del crédito educativo FESCA que el plazo para renovar su crédito vence el 31 de marzo, y pueden realizarlo a través de la web www.ifc.gov.co, la App #IFCMovil, o presencialmente en las oficinas de Yopal.
