CASANARE
Superindustria visita Aguazul con la “Ruta del Consumidor”
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol como autoridad nacional para la protección al consumidor, llega al municipio de Aguazul, en el departamento del Casanare, a través del programa Ruta del Consumidor.
La entidad ofrecerá orientación gratuita a los habitantes ante posibles inconvenientes con la compra de bienes o servicios. El programa estará ubicado en la Parque Principal (Cra. 17 #10 – 5) del 3 al 5 de agosto, en el horario de 8:00am a 4:00pm.
La Ruta del Consumidor es una iniciativa que busca llegar a todas las ciudades y municipios de Colombia a través de cinco (5) unidades móviles (buses y camionetas), que recorren el territorio nacional brindando orientación a los ciudadanos en materia de derechos del consumidor, los cuales involucran desde la compra de un producto o servicio, la prestación de servicios públicos domiciliarios, sistema de salud y asuntos financieros, entre otros.
Dentro de los servicios que se prestan en la Ruta del Consumidor se encuentra también el denominado Arreglo Directo, donde los consumidores pueden solucionar, con rapidez y eficiencia, las controversias que tengan con los comerciantes en sus relaciones de consumo. Igualmente, se adelantan jornadas de capacitación a estudiantes, ligas de consumidores, personerías, comerciantes y funcionarios de las alcaldías locales; entre otras actividades pedagógicas y de divulgación de la Ley 1480 de 2011-Estatuto del Consumidor-.
Gracias a este proyecto, en lo que va del 2022 se han visto beneficiadas más de 32 mil personas, quienes, sin necesidad de salir de sus territorios, han podido acceder a orientación gratuita del personal especializado dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio. En el departamento del Casanare la Ruta ha llegado a 6 municipios, atendiendo a más de ochocientos ciudadanos.
Acerca de la Red Nacional de Protección al Consumidor – RNPC
La Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC) nace con la expedición en 2011 del Estatuto del Consumidor o Ley 1480, bajo la Secretaría Técnica de la Superintendencia de Industria y Comercio, y con el propósito de proteger el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. Sus objetivos fundamentales son:
- Defender los derechos de los consumidores colombianos frente a los posibles abusos y engaños de los proveedores de bienes y servicios.
- Trabajar por mantener un equilibrio en la relación que se da entre los consumidores y los productores o proveedores de bienes y servicios, basándose fundamentalmente en el respeto y el juego limpio que debe haber entre las dos partes.
- Motivar a la participación de los ciudadanos en la defensa de sus derechos como consumidores, invitándolos a convertirse en veedores permanentes del respeto de tales derechos, e incentivando la creación de organizaciones ciudadanas que velen por la protección del consumidor.
La RNPC lidera los siguientes proyectos: Casas del Consumidor de Bienes y Servicios, Ruta Nacional de Protección al Consumidor y la Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación (EPPA). La gestión conjunta de sus programas ha permitido atender a más de 160 mil ciudadanos en todo el territorio nacional.
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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