CASANARE
Sorpresivamente diputada renunció a la Presidencia de la Asamblea de Casanare
En un verdadero galimatías jurídico se convirtió la elección del nuevo Contralor Departamental de Casanare, por los intereses de mayorías y minorías de la Asamblea Departamental, lo cual ha generado una serie de decisiones judiciales que han empantanado el proceso.
El más reciente capítulo de esta complicada novela, se presentó la noche anterior al final de la sesión, cuando la Presidente Esmeralda Bohórquez Peña, sorpresivamente presentó su renuncia irrevocable, alegando motivos personales y familiares.
Durante la sesión se presentaron las respuestas de los diputados, a la recusación que les hizo uno de los participantes en el proceso de elección del nuevo Contralor Departamental, para que se declararan impedidos para tal evento. Ninguno de los diputados aceptó la recusación, pero al final de la sesión se conoció la decisión de la diputada Bohórquez Peña, de renunciar a la Presidencia.
La hasta ayer Presidente de la Asamblea, a través de un video dio a conocer los motivos de su decisión, denunciando que hay persecución dentro de la Duma para algunos diputados, y que prefiere la tranquilidad para su familia, porque no se ha podido trabajar un solo día del año, por estar defendiéndose de acusaciones y recusaciones.
En contexto
El año anterior el proceso quedó suspendido, por acción de tres tutelas interpuestas por personas que no participaron ni se inscribieron en el concurso, pero alegaban que se les violó el debido proceso y que no existían garantías.
El diputado York Cortés, expresidente de la Duma, explicó que una de las tutelas fue instaurada por una abogada, quien al momento de ir a contestarla por parte de la Asamblea, la retiró del Juzgado sin ninguna explicación. Lo extraño, según el Corporado, es que al día siguiente y en otro Juzgado fue instaurada otra tutela por otro accionante, con igual contenido de la que fue retirada.
“La segunda tutela tenía los mismos errores ortográficos de la primera. Eran tres tutelas iguales. Presumimos que hay manos oscuras en este proceso. Hay informaciones de que una de las tutelas fue radicada el 12 de diciembre en la Oficina de Servicios Judiciales, pero llegó al Juzgado hasta el día 18, es algo que hay que investigar”, indicó el diputado York Cortés.
El encargo
Teniendo en cuenta que su periodo terminaba el pasado 31 de diciembre, que el vicecontralor renunció el 27 de diciembre, y que el proceso para elegir a su sucesor estaba suspendido, el anterior Contralor Antonio José Ortega designó en encargo al director de responsabilidad fiscal Robinson Luna, proceso que fue revisado por la Asamblea Departamental para analizar si estaba bien hecho.
Según el diputado York Cortés, al revisar se encontró que existían tres directores en igualdad de condiciones, por lo que se pidieron las hojas de vida para analizar cuál debía quedar en encargo. La Asamblea determinó ya este año, que quien debía estar como encargada era la doctora Carmen Lucía Bernal Niño, profesional que ostenta una hoja de vida con 21 años de experiencia en el sector público.
Esta decisión no agrado a Robinson Luna Parra, quien tuteló y recientemente le ganó el pulso a los diputados, consiguiendo que el Juez Segundo Penal ordenara a la Duma su posesión como Contralor (e), mientras se reanuda el proceso y se logra la elección del Contralor en propiedad.
A todo lo anterior, debe sumarse que los diputados Marco Tulio Ruíz y Lady Patricia Bohórquez tienen procesos de responsabilidad fiscal pendientes de fallo en la Contraloría Departamental, por lo que han sido recusados para la elección del nuevo Contralor, por no haberse declarado impedidos para tal fin.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
