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Solicitan a Mindefensa dar continuidad a consejos de seguridad virtuales en Meta
“No podemos dejar de realizar estos consejos de seguridad virtual, ya que mantiene la fe, la esperanza, la determinación y todo el compromiso institucional bajo su liderazgo”, precisó el secretario de Gobierno y Seguridad del Meta, Víctor Bravo, al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
La solicitud fue dada a conocer durante el desarrollo del seguimiento a los avances logrado en el departamento y la región, con el ejército Nacional, policía Nacional, alcaldes e institucionalidad, que se adelanta cada ocho días de forma virtual.
Además, el secretario de Gobierno del Meta, solicitó la presencia del Fiscal y del Procurador, para el próximo consejo de seguridad virtual, debido a la preocupante situación en materia de deforestación en el sur del departamento, para que estas dos instituciones realicen pronunciamientos específicos.
Las acciones que se desarrollarán esta semana en favor de la población del sur del Meta están relacionadas con nueve decisiones:
1. El Cuerpo Élite de la Policía Nacional, cuenta con una comisión especial para dar con los responsables del homicidio presentado en el municipio de Uribe-Meta.
2. La Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), trabajara de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para fortalecer los procesos de actor urgentes en estas regiones específicas rurales.
3. El Ejército Nacional continuará con las labores de desminado en las zonas de mayor afectación en el Meta, incluido el municipio de Vista Hermosa.
4. El Batallón de Ingenieros No.7 Carlos Albán se revisará el tema del mantenimiento de la carretera Mesetas-Uribe, y se tendrá en cuenta el apoyo del Ejército en las horas de vuelo a solicitud de la Fiscalía, una vez se cuente con el plan de trabajo conjunto.
5. La Fuerza Aérea Colombiana continuará apoyando a la Gobernación del Meta y a las autoridades de Gestión del Riesgo en la identificación de factores derivados de la ola invernal que afecta al Meta en estos momentos.
6. Se proyectará una capacitación bajo el liderazgo de la Fiscalía Seccional y de la Gobernación del Meta en once municipios del Meta, dirigida a instruir a los inspectores de policía, delegados de funerarias y presidentes de Juntas de Acción Comunal en los procedimientos de inspección de cadáveres en la zona rural.
7. El ministerio de Defensa continua con su compromiso de apoyar la Mesa Regional de Dialogo, liderada por la Procuraduría Regional. El 24 de julio será convocada y asistirá el director de políticas del Ministerio de Defensa.
8. La Unidad Nacional de Protección (UNP) en el transcurso de esta semana, notificará mediante acto administrativo, las decisiones del Comité especial de servidores públicos frente a las medidas complementarias de seguridad de los alcaldes de Mesetas y Uribe.
9. Con los alcaldes y secretarios de planeación se socializará la convocatoria que impulsa la Agencia de Emprendimiento e Innovación del gobierno Nacional. La cual cuenta con recursos para el mejoramiento de vías, construcción de centros de Acopio y transformación productiva para los municipios de Uribe, La Macarena, Mesetas, Vista Hermosa, y otros municipios del Departamento. Todo lo anterior, en articulación con el programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS y la dirección de sustitución de cultivos ilícitos.
Por su parte, el brigadier General, Sergio Tafur García, comandante del Comando No.3 del Sur Oriente, señaló que continúa el trabajo en forma articulada, coordinada y conjunta en el Plan Choque Sur Occidente. En el tema de desminado humanitario a la fecha se han destruido 4.652 minas antipersonal, trabajo que se debe continuar y lleva a cabo con todas las autoridades; con el propósito de disminuir el flagelo de las minas y que las personas de bien puedan transitar por las diferentes áreas rurales.
Fuente: Gobernación de Meta
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
