CASANARE
Sobrecostos y otras irregularidades halló la Contraloría de Casanare en la contratación de Aguazul del 2019
La Contraloría Departamental de Casanare continuó adelante con las auditorias regulares, en este caso a dineros ejecutados, control fiscal interno y rendición de la cuenta fiscal de la Alcaldía de Aguazul en el 2019, durante el mandato de Renier Darío Pachón.
Una vez examinada la documentación por parte del grupo auditor, se encontró que no resulta conforme frente a los criterios aplicados, toda vez que se omiten algunos principios de la función administrativa y la gestión fiscal.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Departamental de Casanare, constituyó dieciséis (16) hallazgos administrativos, de los cuales catorce (14) tienen presunta incidencia disciplinaria, cuatro (4) incidencia fiscal por valor de $1.175 millones de pesos y una (1) incidencia de carácter penal.
Algunos aspectos que se determinan dentro de la auditoría realizada a los recursos del año 2019, están:
• Gestión Fiscal Antieconómica – Sobrecostos
• Gestión ineficiente e ineficaz
• Falencias en las Garantías – Sin amparo del anticipo
• Gestión Fiscal Ineficaz – Soportes de Ejecución
• Utilización de Fuente de financiación diferente
• Entrega de beneficios sin requisitos
• Duplicidad de beneficiarios en las actividades contratadas
Esta auditoría determinó hechos relevantes que conllevan a la posible existencia de riesgos de fraude, la celebración de contratos sin el lleno de requisitos y el incumplimiento contractual de cada una de las actividades, bienes y servicios contratados.
De la misma manera, la gestión documental del municipio no se está llevando de manera eficaz, eficiente y efectiva, teniendo en cuenta que los procedimientos de registro, archivo y trazabilidad contractual que se encuentra cargada en el portal de contratación en el SECOP I se evidenció incompleta, lo cual no permite cumplir con la política de transparencia de la contratación estatal.
Fuente: Comunicaciones Contraloría Departamental
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
