CASANARE
Sobrecostos y otras irregularidades halló la Contraloría de Casanare en la contratación de Aguazul del 2019
La Contraloría Departamental de Casanare continuó adelante con las auditorias regulares, en este caso a dineros ejecutados, control fiscal interno y rendición de la cuenta fiscal de la Alcaldía de Aguazul en el 2019, durante el mandato de Renier Darío Pachón.
Una vez examinada la documentación por parte del grupo auditor, se encontró que no resulta conforme frente a los criterios aplicados, toda vez que se omiten algunos principios de la función administrativa y la gestión fiscal.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Departamental de Casanare, constituyó dieciséis (16) hallazgos administrativos, de los cuales catorce (14) tienen presunta incidencia disciplinaria, cuatro (4) incidencia fiscal por valor de $1.175 millones de pesos y una (1) incidencia de carácter penal.
Algunos aspectos que se determinan dentro de la auditoría realizada a los recursos del año 2019, están:
• Gestión Fiscal Antieconómica – Sobrecostos
• Gestión ineficiente e ineficaz
• Falencias en las Garantías – Sin amparo del anticipo
• Gestión Fiscal Ineficaz – Soportes de Ejecución
• Utilización de Fuente de financiación diferente
• Entrega de beneficios sin requisitos
• Duplicidad de beneficiarios en las actividades contratadas
Esta auditoría determinó hechos relevantes que conllevan a la posible existencia de riesgos de fraude, la celebración de contratos sin el lleno de requisitos y el incumplimiento contractual de cada una de las actividades, bienes y servicios contratados.
De la misma manera, la gestión documental del municipio no se está llevando de manera eficaz, eficiente y efectiva, teniendo en cuenta que los procedimientos de registro, archivo y trazabilidad contractual que se encuentra cargada en el portal de contratación en el SECOP I se evidenció incompleta, lo cual no permite cumplir con la política de transparencia de la contratación estatal.
Fuente: Comunicaciones Contraloría Departamental
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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