CASANARE
Siguen quejas de personal administrativo en Colegios de Casanare por falta de pago
A través de un Comunicado de Prensa, la Secretaría de Educación de Casanare hizo precisiones debido a las quejas presentadas por personas que trabajan en las Instituciones Educativas de los 18 municipios no certificados como contratistas de la Empresa TLC, quien ganó el proceso para la administración del personal de servicios administrativos, servicios generales, granjeros y coordinadores de internados.
Según la Secretaría de Educación, el mencionado contrato inició el pasado dos de junio de 2016, y le fueron aplicados dos adicionales en tiempo y dinero para no dejar las Instituciones sin el servicio. El contrato culmina el 30 de abril del presente año, por un valor de más de 3.600 millones de pesos, de los cuales se estipuló el pago mes vencido, posterior a la presentación de informe por parte del contratista.
A la fecha, el último informe presentado por TLC es el que corresponde al mes de diciembre de 2016, el cual ya se encuentra en trámite para su respectivo pago La Secretaría ya le realizó en el pasado Comité, la exigencia al contratista para que cancele lo adeudado en salarios y presente de forma diligente los informes y con todos los soportes para que sean cancelados.
Agrega la Secretaría de Educación, que si una cuenta es diligentemente presentada, es decir, con todos los soportes, no se demora más de cinco días para pago. Uno de los soportes más importantes es el pago de seguridad social de cada uno de las personas que prestan los diferentes servicios, aunque algunas de las personas contratadas presentan quejas de que no han sido atendidos en ninguna entidad prestadora de servicios de salud, la Secretaría enviará dichos documentos a la Oficina Jurídica para que se revise su veracidad o se le hagan los procesos a que haya lugar.
Enfatiza la Secretaría de Educación, que el contrato vence el próximo 30 de abril y se espera que la empresa TLC sea más diligente al llamado de la Secretaría y presente los informes y documentos en regla, además que debe cancelar lo que adeuda por la prestación del servicio.
Por otra parte, se informa que ya se encuentra publicado en página el nuevo proceso contractual que estará siendo adjudicado el 28 de abril, lo que garantiza la continuidad en el servicio. Se espera que las empresas que se presenten, demuestren verdadero músculo financiero para que no conlleve a los actuales inconvenientes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
