CASANARE
Siete proyectos de ordenanza presentó el gobierno departamental a la Asamblea de Casanare
Con el anuncio de siete proyectos de Ordenanza para debatir, se instaló el tercer y último periodo de sesiones ordinarias del año 2025 en la Asamblea Departamental.
El director del Departamento Administrativo de Planeación Alfonso Cárdenas Silva, quien asistió en representación del gobernador César Ortiz Zorro, fue claro al reafirmar el mensaje central del gobierno, al señalar que “no venimos a improvisar, venimos a construir de la mano con la Asamblea, con transparencia y visión de largo plazo”.
“Este no es solo otro periodo de sesiones, es una oportunidad para cerrar el año con resultados, con decisiones que impacten la vida diaria de nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestros campesinos, nuestra gente”, expresó Cárdenas.
Estos son los siete proyectos de ordenanza:
Durante la instalación, el Gobierno departamental radicó siete proyectos de ordenanza, que serán analizados y debatidos por la Asamblea durante las próximas semanas.
1. Beneficios tributarios para deudores del impuesto vehicular
Busca ofrecer alivios a los contribuyentes morosos, y al mismo tiempo, mejorar la salud financiera del departamento. Se proyecta un recaudo adicional de $10 mil millones que ayudarán a cubrir necesidades urgentes.
2. Monopolio de licores y alcoholes en Casanare
Una medida que, de ser aprobada, permitiría que el departamento recaude más de $234 mil millones en diez años, destinando la mayor parte a salud, educación y deporte.
3. Adición presupuestal de más de $29 mil millones para el 2025
Entre los proyectos presentados, uno resalta por su impacto inmediato y directo: la propuesta de modificar el presupuesto general del departamento para incorporar más de $29 mil millones en recursos adicionales, los cuales permitirán garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a más de 15 mil estudiantes, en su mayoría de zonas rurales, durante las últimas semanas del calendario académico.
Además, que permitirá apoyar el régimen subsidiado en salud, reforzando la atención médica de quienes más lo necesitan. También impulsar el deporte y la infraestructura vial, con proyectos en ejecución que no pueden quedarse a medias.
De otro lado, estos recursos también permitirán asegurar transferencias para instituciones como Unitrópico y la Contraloría Departamental, actores fundamentales para la formación y el control en el departamento y finalmente, cubrir mesadas pensionales, honrando compromisos con quienes dedicaron su vida al servicio público.
“No se trata solo de mover cifras, sino de dar tranquilidad a las familias, de que los programas llegan, de que el Gobierno departamental está presente, señaló Cárdenas.
4. Autorización para enajenar vehículos del Fondo de Seguridad
Cinco vehículos que buscan ser entregados a las fuerzas militares, reforzando la capacidad operativa para blindar la seguridad y la capacidad operativa en el departamento.
5. Apoyo al Festival Góspel: modificación a Ordenanza 015 de 2024
Una respuesta directa a la solicitud de la comunidad cristiana, que busca institucionalizar y fortalecer este espacio de expresión cultural y espiritual.
6. Ajustes a la Ordenanza “Casanare Palpita”
Con la mira puesta en dinamizar la economía a través de eventos culturales que activan comercio, turismo y empleo.
7. Actualización del salario del gobernador para 2025
Proyecto de trámite obligatorio conforme a lo establecido por el Gobierno Nacional desde junio de este año.
Finalmente, Alfonso Cárdenas concluyó señalando que “confiamos en que esta Asamblea, con su experiencia y compromiso, respaldará estas iniciativas que no son del gobierno, sino del pueblo casanareño”. La invitación queda planteada a trabajar juntos, sin cálculos políticos ni excusas, porque Casanare lo merece y espera que tanto el ejecutivo como el legislativo actúen de la mano para que las oportunidades lleguen al territorio sin contratiempos.
Fuente: El Diario del Llano
CASANARE
En Yopal, adulto mayor asesinó a su expareja tras discusión por intención de vender vivienda
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026 en Yopal, cuando fue asesinada María Ofelia Mendoza Martínez, de 66 años, a manos de su excompañero sentimental en medio de una discusión dentro de su vivienda, en la carrera 12 con calle 42, barrio El Fical.
De acuerdo con la información oficial, la víctima, quien era modista y pertenecía a la Junta de Acción Comunal del sector, recibió una herida en el tórax con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte en la puerta del lugar de los hechos, hasta donde alcanzó a caminar en busca de ayuda. El ataque se habría producido tras una disputa relacionada con la intención del agresor de vender la casa en la que ambos habían residido.
El responsable fue identificado como Pedro Pablo Gualdrón Beltrán, de 73 años, quien luego de agredir a la mujer se autolesionó en el abdomen. La rápida reacción de la patrulla policial permitió su captura en flagrancia, luego de que uniformados acudieran al sitio alertados por voces de auxilio.
Como antecedente relevante, se conoció que la víctima había denunciado en 2009 a su agresor por violencia intrafamiliar, lo que vuelve a poner en evidencia la persistencia de este tipo de conflictos y su trágico desenlace cuando no se logran contener a tiempo. Las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el capturado.
CASANARE
En Villanueva, Juez declaró nulo Acuerdo Municipal que permitía legalizar asentamientos humanos
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró en primera instancia la nulidad del Acuerdo Municipal 015 del 31 de agosto de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Villanueva, mediante el cual se delegaban facultades al alcalde para la legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal.
La decisión judicial se fundamenta en irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo. Dentro del proceso se encontró que este proyecto de acuerdo era de iniciativa exclusiva del Alcalde para su presentación ante el cabildo, pero el mismo fue presentado por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez, lo cual vició el proceso.
El despacho concluyó que el acuerdo fue tramitado sin cumplir el requisito según el cual este tipo de iniciativas, que implican delegación de funciones del concejo, deben ser presentadas exclusivamente por el alcalde. Esta omisión fue considerada un vicio sustancial en la formación del acto administrativo. Al emitir concepto dentro del proceso, la Procuraduría estuvo de acuerdo en solicitar, de igual manera, la nulidad del mencionado Acuerdo Municipal.
En consecuencia, el juzgado determinó que el Acuerdo 015 de 2025 incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse, lo que llevó a declarar su nulidad. La demanda fue presentada por el ciudadano Elkin Almonacid Herrera, quien alega que la ejecución del acuerdo podría generar no solo daños patrimoniales al municipio sino riesgos ambientales, sanitarios, y ecológicos dada la eventual legalización de loteos ilegales sin servicios públicos.
El Concejo Municipal por su parte, rechazó las afirmaciones del demandante sobre supuestas intenciones ilícitas, favorecimientos políticos o encubrimiento de urbanización ilegal, señalando que tal afirmación carece de pruebas y constituyen apreciaciones subjetivas.
CASANARE
Enerca le salió al paso a denuncias de presuntas irregularidades laborales de uno de sus contratistas
Ante la controversia, la empresa informó que actuó de manera inmediata solicitando al contratista un informe detallado que permita esclarecer cada uno de los casos denunciados, así como las acciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La respuesta busca determinar respuesta a las denuncias que se han venido conociendo.
ENERCA reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por los derechos de los usuarios y la integridad de los trabajadores, asegurando que todos los procesos, tanto directos como tercerizados, deben ajustarse a la normatividad vigente en la prestación del servicio de energía.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales de atención y denuncia, con el fin de reportar cualquier irregularidad. Esto, indicó, permitirá adelantar revisiones objetivas y garantizar que las situaciones sean atendidas con responsabilidad institucional.
