CASANARE
Siete proyectos de ordenanza presentó el gobierno departamental a la Asamblea de Casanare
Con el anuncio de siete proyectos de Ordenanza para debatir, se instaló el tercer y último periodo de sesiones ordinarias del año 2025 en la Asamblea Departamental.
El director del Departamento Administrativo de Planeación Alfonso Cárdenas Silva, quien asistió en representación del gobernador César Ortiz Zorro, fue claro al reafirmar el mensaje central del gobierno, al señalar que “no venimos a improvisar, venimos a construir de la mano con la Asamblea, con transparencia y visión de largo plazo”.
“Este no es solo otro periodo de sesiones, es una oportunidad para cerrar el año con resultados, con decisiones que impacten la vida diaria de nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestros campesinos, nuestra gente”, expresó Cárdenas.
Estos son los siete proyectos de ordenanza:
Durante la instalación, el Gobierno departamental radicó siete proyectos de ordenanza, que serán analizados y debatidos por la Asamblea durante las próximas semanas.
1. Beneficios tributarios para deudores del impuesto vehicular
Busca ofrecer alivios a los contribuyentes morosos, y al mismo tiempo, mejorar la salud financiera del departamento. Se proyecta un recaudo adicional de $10 mil millones que ayudarán a cubrir necesidades urgentes.
2. Monopolio de licores y alcoholes en Casanare
Una medida que, de ser aprobada, permitiría que el departamento recaude más de $234 mil millones en diez años, destinando la mayor parte a salud, educación y deporte.
3. Adición presupuestal de más de $29 mil millones para el 2025
Entre los proyectos presentados, uno resalta por su impacto inmediato y directo: la propuesta de modificar el presupuesto general del departamento para incorporar más de $29 mil millones en recursos adicionales, los cuales permitirán garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a más de 15 mil estudiantes, en su mayoría de zonas rurales, durante las últimas semanas del calendario académico.
Además, que permitirá apoyar el régimen subsidiado en salud, reforzando la atención médica de quienes más lo necesitan. También impulsar el deporte y la infraestructura vial, con proyectos en ejecución que no pueden quedarse a medias.
De otro lado, estos recursos también permitirán asegurar transferencias para instituciones como Unitrópico y la Contraloría Departamental, actores fundamentales para la formación y el control en el departamento y finalmente, cubrir mesadas pensionales, honrando compromisos con quienes dedicaron su vida al servicio público.
“No se trata solo de mover cifras, sino de dar tranquilidad a las familias, de que los programas llegan, de que el Gobierno departamental está presente, señaló Cárdenas.
4. Autorización para enajenar vehículos del Fondo de Seguridad
Cinco vehículos que buscan ser entregados a las fuerzas militares, reforzando la capacidad operativa para blindar la seguridad y la capacidad operativa en el departamento.
5. Apoyo al Festival Góspel: modificación a Ordenanza 015 de 2024
Una respuesta directa a la solicitud de la comunidad cristiana, que busca institucionalizar y fortalecer este espacio de expresión cultural y espiritual.
6. Ajustes a la Ordenanza “Casanare Palpita”
Con la mira puesta en dinamizar la economía a través de eventos culturales que activan comercio, turismo y empleo.
7. Actualización del salario del gobernador para 2025
Proyecto de trámite obligatorio conforme a lo establecido por el Gobierno Nacional desde junio de este año.
Finalmente, Alfonso Cárdenas concluyó señalando que “confiamos en que esta Asamblea, con su experiencia y compromiso, respaldará estas iniciativas que no son del gobierno, sino del pueblo casanareño”. La invitación queda planteada a trabajar juntos, sin cálculos políticos ni excusas, porque Casanare lo merece y espera que tanto el ejecutivo como el legislativo actúen de la mano para que las oportunidades lleguen al territorio sin contratiempos.
Fuente: El Diario del Llano
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
