CASANARE
Tutela ordena que servicios del PAE en Yopal tendrán que ser continuos y garantizados
Sobre la acción de Tutela instaurada por el Personero de Yopal en representación de los niños y niñas beneficiarios del PAE, en contra de la Alcaldía de Yopal por la presunta vulneración del Derecho fundamental a la educación, la Justicia falló a través del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías.
En primer lugar se tuteló el Derecho a la educación de los niños y niñas estudiantes de la ciudad de Yopal, además se ordenó al Alcalde Luis Eduardo Castro, que si aun no lo ha hecho, adopte de manera inmediata las acciones que permitan en un término de no más de cuatro meses para que se garantice la continuidad del Programa de Alimentación Escolar PAE, para los estudiantes de Yopal; junto a esto la administración municipal deberá entregar a la justicia informes mensuales sobre el avance de ejecución.
Sobre el tema la Alcaldía manifestó en su defensa que si la situación se presentó fue por la negligencia de los funcionarios encargados del tema en la anterior administración, y actualmente el servicio se está contratando, pero como es un proceso de Licitación Pública deben surtirse varias etapas. En el momento solo está operando el transporte escolar, terminando un contrato del 2019.
Se ordenó compulsar copias con destino a la Procuraduría Regional, para que se estudie la probabilidad de iniciar los procesos disciplinarios del caso a los funcionarios encargados del tramitar el PAE el año anterior, por no haberlo hecho, y porque con su actuación se desconoció el derecho a la educación, de los menores estudiantes de la entidades educativas del municipio de Yopal.
De acuerdo al fallo el Alcalde debe de forma inmediata proveer provisionalmente a las instituciones educativas con los servicios de celaduría, servicios administrativos y de aseo hasta que se contraten según los trámites administrativos, los cuales según la administración están solucionados.
El Juez Carlos Eduardo González quien estudió el caso pide además al Alcalde y a sus secretarías de educación y Planeación que eviten que la situación vuelva a presentarse.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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