CASANARE
Se firmaron actas de inicio para construir obras de protección en Villanueva, Sabanalarga, Recetor y Pore
La Gobernación de Casanare y alcaldías de cuatro municipios, gestionaron 10 proyectos avaluados en $147.000.000.000 millones de pesos ante el Gobierno Nacional.Durante el fin de semana, el director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres Eduardo José González, el gobernador Salomón Sanabria, el director Departamental de Gestión del Riesgo Guillermo Pérez y los alcaldes de los municipios antes señalados, compartieron con la comunidad la firma de las actas de inicio, con las cuales se da apertura a la construcción de obra de protección es estas localidades.VillanuevaSe hizo seguimiento a la construcción de un dique de 830 metros, sobre la margen izquierda del río Upía, sectores Caracolí y El Horquetón, aguas arriba del puente sobre la Marginal del Llano.Asimismo, por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), se dio a conocer la aprobación de un segundo proyecto, con el cual se realizará la segunda fase de dicha obra, ampliando la protección y resguardo a innumerables familias amenazadas por socavación e inundaciones del afluente.SabanalargaEn El Secreto, se firmó el acta de inicio de la obra destinada a proteger esta población, con la cual se busca devolver la tranquilidad y transformar la vida de por lo menos 1.500 habitantes. Consiste en un dique de más 700 metros en gaviones y bolsacreto, estimado en 11 mil millones, para evitar la socavación que genera el río Upía en el centro poblado del corregimiento. Igualmente, arranca la construcción de la obra de protección en la Planta de Tratamiento de Agua Potable del casco urbano de la localidad, en riesgo de colapso por filtración de aguas y socavación, para lo cual la UNGRD realizó una inversión de 1.200 millones, en aras de garantizar la seguridad de esta importante obra que surte de agua todo el casco urbano del municipioRecetorEl municipio de las heliconias, sufrió el año pasado una creciente súbita que por poco acaba con la vida de toda una familia, tras el desbordamiento del caño Lavapatas, el cual se desplazó por las principales calles del pequeño municipio. Ante este riesgo, y el peligro de socavación que genera el río Recetoreño sobre el casco urbano, se firmó el acta de inicio para la construcción de barreras de protección y un box coulvert, mediante una inversión de 9 mil millones de pesos, importante gestión del alcalde Edgar Bernal. PorePor trabajo articulado entre la Gobernación de Casanare, la alcaldesa Cristina Guarnizo y el director de la UNGRD Eduardo José González, la vida de por lo menos 1.200 familias inicia una nueva transformación.Cultivos arrasados, viviendas destruidas, puentes averiados y animales ahogados, será solo el recuerdo de un mal sueño, que quedará atrás, con la construcción de la MEGA-OBRA de protección (DIQUE, en colchoneta reno con material granular y enmallado) de 5 kilómetros, avaluada en 20 mil millones de pesos, destinada a proteger directa e indirectamente a las veredas San Isidro, Matalarga, El Banco, La Macolla, Brisas del Pauto, Miralindo, La Plata y El Garzón.La última acta de inicio se firmó, el día sábado en la vereda El Banco, donde se anunció que la obra de protección sobre el río Cravo Sur en Yopal, quedará adjudicada el día 14 de febrero, otra MEGA-OBRA que muy pronto iniciará su construcción con una inversión millonaria de 40 mil millones de pesos, para proteger todo el casco urbano de la capital casanareña.También, en pocas semana se realizará la firma de las actas de inicio de obras de protección en Maní, El Algarrobo de Orocué y la zona de la despensa en Paz de Ariporo; las cuales hacen parte de este paquete de los 10 proyectos, con los cuales se jalonaron 147 mil millones de pesos para Casanare.
Fuente: Gobernación de Casanare
La Alcaldía de Yopal prohibió el ingreso, circulación y permanencia de vehículos automotores en el Mirador de la Virgen de Manare, ubicado en la vereda Balconcitos, desde el 8 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 065 de 2026 y busca proteger uno de los sitios más emblemáticos, turísticos y espirituales de la capital casanareña.
De acuerdo con la administración municipal, el Mirador de la Virgen de Manare ha sido identificado como un punto vulnerable en materia de orden público y seguridad ciudadana. Por ello, el alcalde Marco Tulio Ruiz Riaño adoptó la restricción como una acción preventiva orientada a preservar la tranquilidad del sector, facilitar las labores de control de la Fuerza Pública y garantizar la seguridad de los visitantes.
¿Cuáles son las excepciones?
El decreto contempla algunas excepciones para permitir el acceso de vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad, ambulancias y automotores de emergencia. También podrán ingresar personas con discapacidad junto a sus cuidadores, domiciliarios debidamente identificados y vehículos que cuenten con autorización de las secretarías de Gobierno y Movilidad.
El secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez González, señaló que “cuando se trata de proteger lo que une a la comunidad, la decisión correcta no siempre es la más cómoda, pero sí la más necesaria”. Añadió que la restricción se fundamenta en las competencias legales y constitucionales del municipio, así como en recomendaciones técnicas emitidas por autoridades militares, policiales y de tránsito.
CASANARE
Tragedia en Tauramena; conductor de la Alcaldía le quitó la vida a su hijo y se autoeliminó
Una tragedia enluta al municipio de Tauramena y la comunidad no sale de su estupor, luego del violento hecho ocurrido en la madrugada del sábado en una vivienda, donde perdió la vida un menor de 13 años y posteriormente falleció su padre, identificado como José Diomedes Montejo Celis, reconocido en la población por desempeñarse como conductor del alcalde municipal.
La víctima fue identificada como Juan Pablo Montejo Guerrero, estudiante de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano. Se conoció que el menor había salido desde el viernes 8 de mayo junto a su padre, con el compromiso de regresar a la casa de su madre. Como las horas pasaban y no regresaba, además el hombre no respondía el celular a la mujer, hubo preocupación por parte de esta. Sin embargo, durante la madrugada, familiares de José Diomedes escucharon detonaciones de arma de fuego al interior de la vivienda, por lo que ingresaron por la parte posterior de la misma, encontrando al menor tendido en una cama con un disparo de arma de fuero en la cabeza, y a su papá en el piso, también herido de arma de fuego en la cabeza.
Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional y personal del Cuerpo de Bomberos de Tauramena, quienes trasladaron herido a José Diomedes al hospital local, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
El caso ha causado profunda conmoción entre la comunidad educativa y habitantes del municipio. Directivos, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano expresaron mensajes de solidaridad y dolor por la muerte del menor. Según versiones conocidas preliminarmente, el hombre atravesaba un proceso de separación sentimental, situación que sería materia de análisis dentro de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer plenamente lo ocurrido.
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
