CASANARE
Se firmaron actas de inicio para construir obras de protección en Villanueva, Sabanalarga, Recetor y Pore
La Gobernación de Casanare y alcaldías de cuatro municipios, gestionaron 10 proyectos avaluados en $147.000.000.000 millones de pesos ante el Gobierno Nacional.Durante el fin de semana, el director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres Eduardo José González, el gobernador Salomón Sanabria, el director Departamental de Gestión del Riesgo Guillermo Pérez y los alcaldes de los municipios antes señalados, compartieron con la comunidad la firma de las actas de inicio, con las cuales se da apertura a la construcción de obra de protección es estas localidades.VillanuevaSe hizo seguimiento a la construcción de un dique de 830 metros, sobre la margen izquierda del río Upía, sectores Caracolí y El Horquetón, aguas arriba del puente sobre la Marginal del Llano.Asimismo, por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), se dio a conocer la aprobación de un segundo proyecto, con el cual se realizará la segunda fase de dicha obra, ampliando la protección y resguardo a innumerables familias amenazadas por socavación e inundaciones del afluente.SabanalargaEn El Secreto, se firmó el acta de inicio de la obra destinada a proteger esta población, con la cual se busca devolver la tranquilidad y transformar la vida de por lo menos 1.500 habitantes. Consiste en un dique de más 700 metros en gaviones y bolsacreto, estimado en 11 mil millones, para evitar la socavación que genera el río Upía en el centro poblado del corregimiento. Igualmente, arranca la construcción de la obra de protección en la Planta de Tratamiento de Agua Potable del casco urbano de la localidad, en riesgo de colapso por filtración de aguas y socavación, para lo cual la UNGRD realizó una inversión de 1.200 millones, en aras de garantizar la seguridad de esta importante obra que surte de agua todo el casco urbano del municipioRecetorEl municipio de las heliconias, sufrió el año pasado una creciente súbita que por poco acaba con la vida de toda una familia, tras el desbordamiento del caño Lavapatas, el cual se desplazó por las principales calles del pequeño municipio. Ante este riesgo, y el peligro de socavación que genera el río Recetoreño sobre el casco urbano, se firmó el acta de inicio para la construcción de barreras de protección y un box coulvert, mediante una inversión de 9 mil millones de pesos, importante gestión del alcalde Edgar Bernal. PorePor trabajo articulado entre la Gobernación de Casanare, la alcaldesa Cristina Guarnizo y el director de la UNGRD Eduardo José González, la vida de por lo menos 1.200 familias inicia una nueva transformación.Cultivos arrasados, viviendas destruidas, puentes averiados y animales ahogados, será solo el recuerdo de un mal sueño, que quedará atrás, con la construcción de la MEGA-OBRA de protección (DIQUE, en colchoneta reno con material granular y enmallado) de 5 kilómetros, avaluada en 20 mil millones de pesos, destinada a proteger directa e indirectamente a las veredas San Isidro, Matalarga, El Banco, La Macolla, Brisas del Pauto, Miralindo, La Plata y El Garzón.La última acta de inicio se firmó, el día sábado en la vereda El Banco, donde se anunció que la obra de protección sobre el río Cravo Sur en Yopal, quedará adjudicada el día 14 de febrero, otra MEGA-OBRA que muy pronto iniciará su construcción con una inversión millonaria de 40 mil millones de pesos, para proteger todo el casco urbano de la capital casanareña.También, en pocas semana se realizará la firma de las actas de inicio de obras de protección en Maní, El Algarrobo de Orocué y la zona de la despensa en Paz de Ariporo; las cuales hacen parte de este paquete de los 10 proyectos, con los cuales se jalonaron 147 mil millones de pesos para Casanare.
Fuente: Gobernación de Casanare
Capresoca EPS informa a sus usuarios que se encuentran garantizados los servicios de mediana y alta complejidad contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), a través de Contrato suscrito con el Hospital Regional de la Orinoquía – HORO.
Con la firma de este contrato, más de 160 mil afiliados de los 19 municipios del departamento de Casanare cuentan con cobertura para el acceso a servicios de salud de segundo nivel de complejidad, conforme a la capacidad instalada y los servicios debidamente habilitados por el prestador, de acuerdo con la normatividad vigente.
La población afiliada a Capresoca EPS puede acceder a consultas especializadas, ayudas diagnósticas, servicios de laboratorio clínico y procedimientos médicos y quirúrgicos de segundo nivel de complejidad, incluidos únicamente dentro del portafolio de servicios habilitado ante la autoridad sanitaria competente, ratificando el compromiso de la entidad con la cobertura, oportunidad y calidad en la atención en salud.
Se invita a los usuarios a realizar el agendamiento de sus consultas y procedimientos, comunicándose al número de contacto habilitado por el Hospital Regional de la Orinoquía: 300913 26 63.
“Desde Capresoca EPS avanzamos en la consolidación de una red integral que responda a las necesidades en salud de nuestros afiliados. Muestra de ello, es que estamos garantizando los servicios de mediana complejidad con la red pública, dando continuidad a la atención médica”, expresó Betty Cecilia Anaya Nieto, Agente Especial Interventora.
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
