CASANARE
Se “embejucaron” los Diputados de Casanare por lentitud en procesos de la Gobernación
El presidente de la Asamblea de Casanare, Julián Roa Hernández, anunció el estudio del proyecto de presupuesto de la vigencia 2018 para el departamento, durante el tercer periodo de sesiones ordinarias que inició el pasado domingo.
Señaló de igual manera el Corporado, que se hará el llamado a sesiones de control político a la Secretaría de Obras Públicas, a Planeación y a la Oficina Jurídica, ésta última por el inconformismo generalizado manifestado por varios Diputados, que aducen demoras en los trámites internos con las demás Secretarias, generando atraso en el cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo del departamento.
“Necesitamos citar a sesiones de control político a estas Oficinas y conocer la causa de tanto embotellamiento, porque hay un malestar generalizado por la falta de agilidad en los procesos”, puntualizó Julián Roa.
Asimismo, Roa Hernández informó que seguirán llegado a las comunidades más apartadas de Casanare con sesiones descentralizada, entre ellas hacer presencia en el sur del departamento, en el municipio de Villanueva.
Julio Molano, secretario de Hacienda y delegado de la Gobernación en la instalación de las sesiones, anunció que el presupuesto para la vigencia 2018 asciende a los $354.000 millones de pesos.
Lentitud en la Gobernación
Varios Diputados dieron a conocer su posición frente al desempeño del equipo de trabajo del gobernador Alirio Barrera Rodríguez, donde evaluaron varios aspectos y solicitaron mejoras para el cumplimiento de metas.
El diputado José Barrera solicitó al Gobernador el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el municipio de Maní en una sesión descentralizada, donde el Director de Indercas se comprometió a respaldar un evento deportivo y no ha sido posible “Si el Gobierno no va a cumplir no tiene sentido seguir haciendo sesiones” enfatizó Barrera Blanco.
Por su parte el diputado Homero Eduardo Abril, dijo que al Gobernador se le han dado todas las facultades para contratar, por ello se hace necesario revisar el estado de los recursos del OCAD de las vigencias 2016, 2017 y 2018. Asimismo, los compromisos adquiridos con el municipio de Paz de Ariporo, como la construcción de la sede del SENA.
A su turno el diputado Jaime Montañez llamó la atención del Gobernador, para que se de cumplimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en diferentes sectores “Estoy mamado de que en sesiones descentralizadas de la Asamblea se hagan compromisos y el Gobierno no cumpla”.
Finalmente, el diputado York Cortes planteó la creación de una Unidad de Contratación que se dedique única y exclusivamente a agilizar los procesos contractuales, para que la Oficina Jurídica se encargue de los procesos judiciales y así evitar que se sigan declarando desiertas las Licitaciones.
Señalaron los Diputados, que hay mucha queja de la Oficina Jurídica del Departamento, incluso al interior de las demás Secretarías, porque ahora cuenta con Arquitectos, Ingenieros y otros profesionales que se dedican a revisar la parte técnica de los proyectos a su manera, y no a la revisión jurídica como debe ser, generando estancamiento en el avance de los mismos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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