CASANARE
Se “embejucaron” los Diputados de Casanare por lentitud en procesos de la Gobernación
El presidente de la Asamblea de Casanare, Julián Roa Hernández, anunció el estudio del proyecto de presupuesto de la vigencia 2018 para el departamento, durante el tercer periodo de sesiones ordinarias que inició el pasado domingo.
Señaló de igual manera el Corporado, que se hará el llamado a sesiones de control político a la Secretaría de Obras Públicas, a Planeación y a la Oficina Jurídica, ésta última por el inconformismo generalizado manifestado por varios Diputados, que aducen demoras en los trámites internos con las demás Secretarias, generando atraso en el cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo del departamento.
“Necesitamos citar a sesiones de control político a estas Oficinas y conocer la causa de tanto embotellamiento, porque hay un malestar generalizado por la falta de agilidad en los procesos”, puntualizó Julián Roa.
Asimismo, Roa Hernández informó que seguirán llegado a las comunidades más apartadas de Casanare con sesiones descentralizada, entre ellas hacer presencia en el sur del departamento, en el municipio de Villanueva.
Julio Molano, secretario de Hacienda y delegado de la Gobernación en la instalación de las sesiones, anunció que el presupuesto para la vigencia 2018 asciende a los $354.000 millones de pesos.
Lentitud en la Gobernación
Varios Diputados dieron a conocer su posición frente al desempeño del equipo de trabajo del gobernador Alirio Barrera Rodríguez, donde evaluaron varios aspectos y solicitaron mejoras para el cumplimiento de metas.
El diputado José Barrera solicitó al Gobernador el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el municipio de Maní en una sesión descentralizada, donde el Director de Indercas se comprometió a respaldar un evento deportivo y no ha sido posible “Si el Gobierno no va a cumplir no tiene sentido seguir haciendo sesiones” enfatizó Barrera Blanco.
Por su parte el diputado Homero Eduardo Abril, dijo que al Gobernador se le han dado todas las facultades para contratar, por ello se hace necesario revisar el estado de los recursos del OCAD de las vigencias 2016, 2017 y 2018. Asimismo, los compromisos adquiridos con el municipio de Paz de Ariporo, como la construcción de la sede del SENA.
A su turno el diputado Jaime Montañez llamó la atención del Gobernador, para que se de cumplimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en diferentes sectores “Estoy mamado de que en sesiones descentralizadas de la Asamblea se hagan compromisos y el Gobierno no cumpla”.
Finalmente, el diputado York Cortes planteó la creación de una Unidad de Contratación que se dedique única y exclusivamente a agilizar los procesos contractuales, para que la Oficina Jurídica se encargue de los procesos judiciales y así evitar que se sigan declarando desiertas las Licitaciones.
Señalaron los Diputados, que hay mucha queja de la Oficina Jurídica del Departamento, incluso al interior de las demás Secretarías, porque ahora cuenta con Arquitectos, Ingenieros y otros profesionales que se dedican a revisar la parte técnica de los proyectos a su manera, y no a la revisión jurídica como debe ser, generando estancamiento en el avance de los mismos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
