NACIONALES
Salud de familiares cuidadores de enfermos y adultos mayores también se afecta

· El cuidado de un adulto mayor o una persona enferma es una tarea que generalmente asume alguien de la familia, casi siempre una mujer. Pero cuando hay una gran dependencia, el cuidador se ve sometido a cansancio físico y emocional que termina por afectar también su salud.
· El envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad apuntan a que es imprescindible crear un mecanismo de apoyo para la población longeva y su familia, en especial, para quienes sacrifican su vida para cuidarlos.
Ser cuidador de alguien con una o muchas enfermedades no es una tarea fácil y desde hace algún tiempo se ha debatido sobre la atención y reconocimiento que merece la población que tiene a su cargo el cuidado de una persona enferma, en condición de discapacidad y especialmente los adultos mayores.
Recientemente un grupo de profesionales hizo un análisis sobre la sobrecarga de personas cuidadoras. El estudio realizado por la Academia Nacional de Medicina de Colombia con el apoyo de Coosalud EPS y titulado Análisis de la sobrecarga de cuidadores de personas longevas no institucionalizadas, estableció que aproximadamente uno de cada cinco cuidadores de estas personas presentó sobrecarga.
“La sobrecarga se define como la suma de los efectos adversos o consecuencias negativas derivadas del cuidado. Incluye tanto manifestaciones físicas como emocionales y se debe principalmente a la acumulación de factores estresantes y ausencia de estrategias adecuadas para afrontar el cuidado”, señaló el estudio publicado en la revista Medicina, de la academia.
El concepto de carga al cuidar un paciente es tomado del inglés ‘burden’, que se traduce como ‘estar quemado’ e indica agotamiento mental y ansiedad frente al cuidado. La sobrecarga se concibe como el grado en que el cuidador percibe cómo su labor influye en su salud, su vida social, personal y económica. También se define como “el conjunto de situaciones estresantes que resultan de cuidar a alguien”.
Los investigadores establecen que una persona con dependencia funcional y diversas morbilidades puede provocar sufrimiento y deterioro de la salud de los cuidadores. “Esto se ha estudiado principalmente para los cuidadores de personas con trastornos neurodegenerativos severos, demencias y enfermedades terminales como el cáncer”, afirma el Dr. Juan Manuel Anaya, director del Centro de Investigación e Innovación en Salud, de Coosalud.
El impacto negativo del cuidado se refleja en el desarrollo del Síndrome del cuidador. Este se caracteriza por síntomas de estrés, ansiedad, aislamiento social, deterioro de las relaciones interpersonales, signos de depresión y la aparición o recrudecimiento de enfermedades crónicas, tanto en cuidadores formales, como informales.
Ese estrés puede interferir con la calidad de la atención que brinda y con la propia salud y calidad del cuidador. Por eso, identificar el síndrome de sobrecarga garantiza un mejor cuidado y puede mejorar su calidad de vida.
Aspectos como el nivel económico del cuidador, el estado neuropsiquiátrico y la dependencia de la persona cuidada, el ambiente o cultura donde se desarrolla el cuidado, son algunos factores que pueden asociarse con la sobrecarga, así como el nivel educativo del cuidador, su edad y si hay o no otras personas que apoyen las largas jornadas.
El cuidado puede abarcar la asistencia en una o varias actividades de la vida diaria, como vestirse, comprar o transportarse. Pero también implica apoyo emocional o afectivo y, a medida que aumentan las necesidades del adulto mayor, también aumentan y cambian las responsabilidades del cuidador, lo que puede generar más tensión.
Cifras
El estudio poblacional en Colombia de 2015 arrojó que 83,9% de los cuidadores son mujeres y esto concuerda en la mayoría de las investigaciones, incluido el de la Academia Nacional de Medicina y Coosalud EPS.
“El estudio mostró que 87 por ciento de los cuidadores eran familiares, especialmente hijos (55,44%), que son asignados a esa tarea arbitrariamente, por conveniencia o voluntariamente, contratados o por coerción de los familiares. Un número importante de esos cuidadores son adultos mayores también, por lo que requieren educación formal y valorar el riesgo de sobrecarga por su estado de salud”, agrega el Dr. Anaya.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), realizada por el Dane (2020-2021), en Colombia un 76,5% de la población adulta mayor de 60 años o más se dedica al trabajo de cuidado de manera no remunerada. De estos, 3,3 millones son mujeres (63%) y 1,9 millones son hombres (37%).
De acuerdo con el Boletín de Género (2022) acerca de la población adulta mayor en la economía del cuidado, este es un trabajo fundamental que no se contempla como parte del Producto Interno Bruto – PIB. Se estima que en Colombia el valor económico del trabajo de cuidado no remunerado equivale a 19,6% del PIB (2021), es decir, si se pagara sería el sector más importante de la economía.
Además, según el Dane (2022), las mujeres, comparadas con los hombres, dedican el doble de su tiempo a estas labores.
A corte de 2023, según el Dane, en Colombia había 3’134.037 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias, 7,15% de la población del país. Entre tanto, la Encuesta Nacional de Vida – ENV de 2021 hablaba de 2,9 millones, de los cuales 54,9% eran mujeres y 45,1% hombres. Los tipos de discapacidad más frecuentes son: auditiva, física, intelectual, visual, sordoceguera, psicosocial y la discapacidad múltiple, señala la investigación.
Los datos revelan que, en Colombia, de 2’847.000 personas con al menos una discapacidad, 47.6% presenta dificultades severas y requiere cuidados permanentes, los cuales en un 75% de los casos asume alguna persona del hogar. Y en el Sistema de Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social 2019 se registra que de cerca de un millón de personas con discapacidad, 45,3% requiere cuidados permanentes que en un 90% asume algún miembro del hogar.
Por eso muchas propuestas a partir de las investigaciones plantean la necesidad de favorecer la sostenibilidad económica, la empleabilidad para estas personas, sus familias y cuidadores, que requieren acciones específicas para su protección.
El síndrome del cuidador quemado: un viacrucis silencioso
Hernando, de 48 años, fue cuidador de su madre por más de 15 años. A los 60 años ella empezó a padecer Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC, y lo que empezó con el uso de tres inhaladores diferentes y otros medicamentos, con los años pasó a atenciones en urgencias, hospitalizaciones y reducción a una silla de ruedas con oxígeno en casa.
“Su organismo empezó a decaer, tuvo que recibir un marcapasos, desarrolló Síndrome de Ramsay Hunt, tensión arterial alta, artritis, sufrió al menos un micro infarto cerebral, diverticulitis, flebitis y terminó por perder ambos riñones por un mal control médico”, cuenta Hernando.
La vida de Hernando cambió radicalmente y, junto a su esposa, se hizo cargo de su cuidado: citas médicas, terapias, urgencias, diálisis, medicamentos, aseo, mercado. Incluso, y a pesar de que en 2010 había sobrevivido a un cáncer gástrico, dejó de ir a controles. Pasaba las hospitalizaciones a su lado y a veces se iba a trabajar sin dormir bien, mientras hacía malabares para no ser despedido.
Empezó a experimentar dolores de espalda, mal humor, conflictos en su hogar, se desvelaba y cuando debía llevarla al servicio de urgencias o solicitar asistencia a domicilio era difícil lograr atención. Así hasta que su madre falleció a la edad de 81 años, en una de las tantas crisis.
Fuente: Agencia de Prensa Coosalud
NACIONALES
Gobierno y Comité Nacional del Paro Arrocero inician hoy en Bogotá Mesa de Diálogo

La mesa de diálogo será este jueves (17 de julio) en las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogotá a partir de las 11:00 a.m. Uno de los puntos más urgentes de la negociación corresponde a la fijación de precio del arroz.
En la mesa de negociación estarán presentes ministra y viceministra Agricultura, ministra y viceministro de Comercio, Industria y Turismo, viceministro de Hacienda. Además, 14 de los miembros del Comité Nacional de Arroceros del Paro de manera presencial y 8 de manera virtual, quienes representan a los arroceros que se movilizan en los diferentes departamentos del país.
Los bloqueos permanecerán en los diferentes departamentos que vienen realizándolos desde el lunes 14 de julio y continuarán hasta la culminación de la negociación sobre los puntos fundamentales del pliego de exigencias, entre los que se destacan:
- Régimen de libertad vigilada, que es la urgencia de establecer un precio justo.
- Incentivo de parafiscales a los agricultores y pago de los apoyos a la comercialización.
- La TUA – Tasa Uso Agua con la que no ha habido ninguna modificación.
- El incumplimiento de los compromisos firmados y la necesidad de implementar controles efectivos contra el contrabando e importaciones desde Ecuador, así como una revisión urgente de los TLC.
Uno de los puntos más álgidos y urgentes de la negociación es el precio del arroz, que cayó de $235.000 a $170.000 por carga de 125 kilos, generando una diferencia crítica. Aproximadamente se calcula que en pérdidas del primer semestre llegaron a $297 mil millones de pesos y para este segundo semestre se está calculando un aproximado de $772 mil millones de pesos.
La preocupación por el precio del arroz no se limita a las pérdidas ya registradas en el primer semestre, sino que se agrava con las que actualmente se están generando en plena cosecha. No se puede seguir justificando la inacción con argumentos sobre la producción, mientras se permiten importaciones sin control y contrabando que destruye el precio interno y condena al productor nacional.
Resolución del gobierno tiene vacíos
Si bien, el Gobierno ha presentado una resolución con el objetivo de fijar el precio del arroz, está presentando vacíos técnicos y jurídicos. Por un lado, no establece los parámetros de calidad que debe cumplir el agricultor al entregar el arroz como impurezas y humedad. Lo que deja la puerta abierta a abusos por parte de la industria hacia el agricultor imponiendo condiciones arbitrarias para frenar las compras.
Adicionalmente, la resolución omite definir la forma de pago. Dado que, el pago anticipado se redujo del 25% al 15%, y el 85% restante solo se entrega después de 45 o 50 días, agudizando la asfixia financiera del productor. A esto se suman vacíos jurídicos que dependen del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero que tampoco han sido abordados. Además, existe un riesgo claro frente al industrial que puede negarse a acogerse a la resolución alegando falta de recursos o temor a ser investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que dejaría a los agricultores sin compradores y con su cosecha en riesgo total.
Desde el Comité Nacional se espera que este jueves se logre tener una mesa de diálogo productiva, celera y con soluciones concretas. El llamado al Gobierno Nacional es claro, los arroceros no levantarán el Paro Nacional si no hay acuerdos serios, con soluciones estructurales y de ejecuciones rápidas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
NACIONALES
Hasta el 21 de julio extenderán el pago del sexto ciclo del programa Colombia Mayor

Prosperidad Social anunció el sexto ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, dirigido a proteger y acompañar a las personas mayores en situación de pobreza extrema en todo el país. La entrega de recursos comenzó el pasado 4 de julio para los beneficiarios bancarizados, mientras que los pagos de la modalidad de giro empezaron el 8 de julio y se extenderán hasta el 21 de julio.
En este ciclo, 1.679.084 personas mayores están habilitadas para recibir el subsidio. 523.578, que tienen 80 años de edad o más, reciben un pago diferenciado de 225.000 pesos, como parte del enfoque de atención prioritaria implementado desde 2023 para fortalecer la protección de quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La inversión asciende a 236.052 millones de pesos, que garantizan el acceso al apoyo económico en todos los municipios del país, como parte del compromiso del Gobierno del Cambio con una vejez digna, segura y con justicia social.
El programa Colombia Mayor forma parte de los mecanismos de protección social que el Gobierno de Gustavo Petro impulsa para reducir la pobreza extrema, proteger a los más vulnerables y avanzar hacia un país con mayor equidad y dignidad para todos.
Fuente: Presidencia de la República
NACIONALES
“No autorizaré la caza comercial de chigüiros en Colombia”: ministra de Ambiente

En días recientes, se generó una discusión en torno a una supuesta resolución del Ministerio de Ambiente con la que, se decía, pretendía promover la caza comercial del chigüiro. Ahora, la entidad ha aclarado que no hay en curso ninguna normativa para habilitar esta práctica, sino un ejercicio técnico, de carácter interno, basado en estudios científicos.
“Quiero ser absolutamente clara: como ministra de Ambiente, no autorizaré la caza comercial de chigüiros en Colombia. No es cierto que hay una resolución en trámite ni un proyecto de norma con ese fin”, publicó la jefe de cartera, Lena Estrada, a través de su cuenta de X.
El Minambiente ha adelantado investigaciones y consultorías especializadas como respuesta a un fallo de 2001 del Consejo de Estado, en el que se le ordenó a la cartera desarrollar un modelo de manejo sostenible para la especie, orientado hacia la caza comercial y no a criarla en cautiverio. En su momento, los expertos opinaban que el comportamiento social de este animal dificultaba su cuidado en entornos cerrados.
En las últimas dos décadas, sin embargo, se han expedido diferentes normativas para manejar de manera diferencial a esta y otras especies, percibiéndolas como “seres sintientes”. En dicho marco jurídico también se ha considerado el bienestar animal, la lucha contra el maltrato animal y la vigilancia y control de productos cárnicos, de acuerdo con el Minambiente.
“Como parte de este proceso, el pasado 12 de junio se llevó a cabo una mesa técnica sobre bienestar animal y trato digno, con la participación de expertos en el manejo de la especie”, explicó la entidad. “Estos especialistas aportaron insumos clave para evaluar la compatibilidad de un aprovechamiento sostenible sobre una eventual caza comercial y atendiendo el marco de referencia de bienestar animal”.
Tras analizar los insumos y considerando más de 20 años de estudios, la ministra Estrada aseguró que se llegó a la conclusión de que la caza comercial del chigüiro es inviable y que no existe una emergencia alimentaria en la Orinoquia colombiana que justifique la venta de su carne. Por el contrario, el Minambiente insiste en velar por su protección y conservación.
“Hago un llamado firme a las autoridades locales, especialmente a la Alcaldía de Bogotá y a las alcaldías de los Llanos Orientales, a que refuercen los controles y enfrenten con decisión el comercio ilegal de carne de chigüiro”, agregó la jefe de cartera. Esta actividad, según el ministerio, fomenta el tráfico ilegal de la especie y la criminalidad ambiental en el país.
La entidad concluyó invitando a un debate informado, que integre a todos los sectores y se base en evidencia científica.
Fuente: Tomado de El Espectador
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