CASANARE
Ecopetrol le ganó pulso a Tauramena y podría revivir la extracción petrolera
Hace un lustro, los habitantes de Tauramena (Casanare) votaron por sacar la explotación de hidrocarburos de sus territorios. Mediante una consulta popular, tramitada por la Alcaldía, los habitantes dijeron No a la pregunta:
“Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas de San José Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guata del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?”
El resultado de la consulta había sido llevado a la realidad mediante un acuerdo del 10 de marzo de 2014, firmado en el Concejo Municipal de esa población. Sin embargo, una demanda de Ecopetrol en contra de esta decisión acaba de prosperar y de cambiarle el rumbo al modelo económico en el municipio.
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal falló a favor de la empesa mixta y anuló el acuerdo del Concejo. Para ello, tuvo como base la sentencia que hace apenas unas semanas le quitó el poder de veto a los entes territoriales. Para el juzgado “no existe mandato legal que lo faculte (al Concejo) a restringir de manera temporal o definitiva la explotación de recursos petroleros en zonas de su territorio”, indicó.
La Constitución colombiana establece en el artículo 344 que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Para el juez, es claro también que la misma Carta Política autoriza a Gobernadores y Alcaldes a realizar consultas que cumplan con ciertos requisitos, pero establece la nulidad porque los entes territoriales carecen de competencia para disponer sobre la materia: “esto es, limitar o excluir de su territorio zonas de explotación petrolera, dado el interés nacional que reviste la explotación del recurso”.
No obstante, el juez aclara en el documento que la consulta popular por ser una manifestación de la voluntad del pueblo, se debería materializar en un cuerpo normativo de carácter obligatorio y, por lo tanto, puede ser objeto de control judicial a través de otros medios.
Así las cosas se sigue extendiendo el fallo de Cumaral, impartido por la Corte Constitucional, que hace unas semanas dio un viraje a las reglas de juego en materia de consultas populares.
Los primeros en aplicarlo fueron el Consejo de Estado para frenar en seco la consulta que San Bernardo (Cundinamaca) que pretendía realizar una para vetar la minería. Ahora, con esta demanda de Ecopetrol, un juez termina acatando las reglas impartidas por el alto tribunal, las cuales solo se conocen hasta ahora por un comunicado de prensa, para revivir las operaciones de empresa petrolera en Tauramena (Casanare).
Tauramena cuenta con grandes reservas de petróleo. En esa población se encuentra ubicado uno de los campos petroleros que más barriles de crudo producen en Colombia. Se trata de Túa, que en 2016, produjo un promedio mensual de 9.709 barriles por día.
El fallo en primera instancia podrá ser apelado.
Fuente: sostenibilidad.semana.com
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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