CASANARE
Ecopetrol le ganó pulso a Tauramena y podría revivir la extracción petrolera
Hace un lustro, los habitantes de Tauramena (Casanare) votaron por sacar la explotación de hidrocarburos de sus territorios. Mediante una consulta popular, tramitada por la Alcaldía, los habitantes dijeron No a la pregunta:
“Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas de San José Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guata del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?”
El resultado de la consulta había sido llevado a la realidad mediante un acuerdo del 10 de marzo de 2014, firmado en el Concejo Municipal de esa población. Sin embargo, una demanda de Ecopetrol en contra de esta decisión acaba de prosperar y de cambiarle el rumbo al modelo económico en el municipio.
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal falló a favor de la empesa mixta y anuló el acuerdo del Concejo. Para ello, tuvo como base la sentencia que hace apenas unas semanas le quitó el poder de veto a los entes territoriales. Para el juzgado “no existe mandato legal que lo faculte (al Concejo) a restringir de manera temporal o definitiva la explotación de recursos petroleros en zonas de su territorio”, indicó.
La Constitución colombiana establece en el artículo 344 que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Para el juez, es claro también que la misma Carta Política autoriza a Gobernadores y Alcaldes a realizar consultas que cumplan con ciertos requisitos, pero establece la nulidad porque los entes territoriales carecen de competencia para disponer sobre la materia: “esto es, limitar o excluir de su territorio zonas de explotación petrolera, dado el interés nacional que reviste la explotación del recurso”.
No obstante, el juez aclara en el documento que la consulta popular por ser una manifestación de la voluntad del pueblo, se debería materializar en un cuerpo normativo de carácter obligatorio y, por lo tanto, puede ser objeto de control judicial a través de otros medios.
Así las cosas se sigue extendiendo el fallo de Cumaral, impartido por la Corte Constitucional, que hace unas semanas dio un viraje a las reglas de juego en materia de consultas populares.
Los primeros en aplicarlo fueron el Consejo de Estado para frenar en seco la consulta que San Bernardo (Cundinamaca) que pretendía realizar una para vetar la minería. Ahora, con esta demanda de Ecopetrol, un juez termina acatando las reglas impartidas por el alto tribunal, las cuales solo se conocen hasta ahora por un comunicado de prensa, para revivir las operaciones de empresa petrolera en Tauramena (Casanare).
Tauramena cuenta con grandes reservas de petróleo. En esa población se encuentra ubicado uno de los campos petroleros que más barriles de crudo producen en Colombia. Se trata de Túa, que en 2016, produjo un promedio mensual de 9.709 barriles por día.
El fallo en primera instancia podrá ser apelado.
Fuente: sostenibilidad.semana.com
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
