CASANARE
Unidad de Restitución de Tierras llegó con información hasta Hato Corozal
Con apoyo logístico de la Alcaldía de Hato Corozal a través de la Secretaría General y de Gobierno, la profesional contratada como enlace de víctimas Yomaira Benítez y el acompañamiento del personero Municipal Carlos Humberto Tibaduiza; profesionales de la Unidad de Restitución de Tierras socializaron el paso a paso del proceso de restitución de tierras dispuesto en la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
En este espacio se dieron a conocer las tres etapas del proceso de restitución: La etapa administrativa que esta a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras adscrita al Ministerio de Agricultura, la etapa judicial bajo la responsabilidad de Jueces y Magistrados en restitución de tierras y la etapa posfallo a cargo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas (SNARIV).
Quienes deseen ejercer su derecho a la restitución por los hechos victimizantes de abandono y/o despojo deben cumplir con tres requisitos, el primero es ser propietario, poseedor u ocupante; el segundo, ser víctima de despojo y abandono a causa del conflicto armado interno; y el último es que los hechos hayan ocurrido a partir del 1 de enero de 1991.
Los interesados en presentar solicitudes de restitución de tierras que cumplan con las condiciones mencionadas, pueden hacerlo en la ciudad de Villavicencio en la carrera 36 Nº 34ª -53 barrio El Barzal de manera verbal.
Para el caso de Hato Corozal, a la fecha 30 veredas se encuentran microfocalizadas por la Unidad para hacer procesos de restitución, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo al número de solicitudes que se han presentado en las mismas: Aricaporo, Belín, Camelías, Casa Roja, Chire, El Banco, El Oso, El Porvenir, Güayureme, La Argentina, La Chapa, La Florida, La Maraure, La Nueva Libertad, La Veremos, Las Enramadas, Las Mercedes, Las Palmas, Llano Grande, Los Sitios, Manare, Matapalito, Resguardo Indígena Chaparral, Rosa Blanca, San Luis del Aricaporo, San Rafael, Santa María del Chire, Santa Rita, San José del Ariporo y Santa Teresa.
Para finalizar la socialización, se hizo un ejercicio de memoria colectiva con los asistentes, en una línea de tiempo se fueron ubicando cada una de las experiencias más cercanas al conflicto por las que tuvieron que pasar ellos o sus familiares; esta línea de tiempo servirá como complemento para la reconstrucción del contexto de los procesos por parte de Unidad.
Fuente: Prensa Alcaldía Hato Corozal
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
