CASANARE
Restitución de tierras llegará a Pisba, Chita y Paya en Boyacá
En un Comité Operativo Local de Restitución (CORL) llevado a cabo en Tunja, las autoridades determinaron que existen las condiciones de seguridad y de retorno para que las reclamaciones de tierras hechas por las familias víctimas de la violencia puedan ser tramitadas.
Con la decisión, todas las solicitudes relacionadas con predios que se encuentran en los diferentes municipios de Boyacá están viabilizadas para trámite administrativo.
“Con el aval de la Fuerza Pública empezaremos a tramitar 44 solicitudes que ha recepcionado la Entidad, y con las que son reclamadas tierras en Chita, Pisba y Paya”, afirmó el Director de la URT en Cundinamarca y Boyacá, Rossvan Blanco.
A partir de la decisión, la URT podrá adelantar trabajos de tipo social, cartográfico, líneas de tiempo y entrevistas con víctimas solicitantes de restitución. De acuerdo con un reporte del Centro Integrado de Inteligencia para la restitución de tierras (CI2RT), en los 23 municipios boyacenses no hay presencia de grupos armados organizados; explotación ilícita de yacimientos mineros; zonas de cultivos ilícitos o minas antipersona.
El comité contó con la presencia de representantes de la Primera Brigada del Ejército, la Brigada 16, del Escuadrón Móvil de Restitución de Tierras (ESMOR), la Policía de Boyacá y la Procuraduría Delegada para Asuntos de Restitución.
¿Cómo es el proceso?
Las víctimas de despojo o abandono que por causa del conflicto armado sufrieron hechos victimizantes, después del primero de enero de 1991 en Chita, Pisba y Paya pueden acercarse a la Dirección Territorial Bogotá, de la URT en la carrera 10 no. 27-51, edificio Residencias Tequendama, torre norte – 2º piso, en Bogotá D.C.; o en cualquier oficina de la URT en país, para que realicen su solicitud. También pueden solicitar información en la línea gratuita nacional 01 8000 124212; en Bogotá, al número 4 279299; o en www.restituciondetierras.gov.co
Fuente: Comunicaciones URT
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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