CASANARE
Restitución de tierras llegará a Pisba, Chita y Paya en Boyacá
En un Comité Operativo Local de Restitución (CORL) llevado a cabo en Tunja, las autoridades determinaron que existen las condiciones de seguridad y de retorno para que las reclamaciones de tierras hechas por las familias víctimas de la violencia puedan ser tramitadas.
Con la decisión, todas las solicitudes relacionadas con predios que se encuentran en los diferentes municipios de Boyacá están viabilizadas para trámite administrativo.
“Con el aval de la Fuerza Pública empezaremos a tramitar 44 solicitudes que ha recepcionado la Entidad, y con las que son reclamadas tierras en Chita, Pisba y Paya”, afirmó el Director de la URT en Cundinamarca y Boyacá, Rossvan Blanco.
A partir de la decisión, la URT podrá adelantar trabajos de tipo social, cartográfico, líneas de tiempo y entrevistas con víctimas solicitantes de restitución. De acuerdo con un reporte del Centro Integrado de Inteligencia para la restitución de tierras (CI2RT), en los 23 municipios boyacenses no hay presencia de grupos armados organizados; explotación ilícita de yacimientos mineros; zonas de cultivos ilícitos o minas antipersona.
El comité contó con la presencia de representantes de la Primera Brigada del Ejército, la Brigada 16, del Escuadrón Móvil de Restitución de Tierras (ESMOR), la Policía de Boyacá y la Procuraduría Delegada para Asuntos de Restitución.
¿Cómo es el proceso?
Las víctimas de despojo o abandono que por causa del conflicto armado sufrieron hechos victimizantes, después del primero de enero de 1991 en Chita, Pisba y Paya pueden acercarse a la Dirección Territorial Bogotá, de la URT en la carrera 10 no. 27-51, edificio Residencias Tequendama, torre norte – 2º piso, en Bogotá D.C.; o en cualquier oficina de la URT en país, para que realicen su solicitud. También pueden solicitar información en la línea gratuita nacional 01 8000 124212; en Bogotá, al número 4 279299; o en www.restituciondetierras.gov.co
Fuente: Comunicaciones URT
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
