CASANARE
A final de año podrían darse primeros procesos de restitución de tierras en Casanare
Mil cien campesinos casanareños que fueron despojados de sus tierras por diferentes actores durante el conflicto armado están reclamando sus predios ante la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, dijo la directora Territorial de la entidad, Diana Esmeralda Herrera.
La funcionaria se reunió con representantes de la Fuerza Pública, para identificar posibles riesgos que se pueden presentar durante los procesos de restitución en los 17 municipios que se están interviniendo desde el 2016 en Casanare.
“Podemos señalar que la gran mayoría de reclamaciones que se hicieron en Casanare ya están siendo intervenidas”, explicó la directora Territorial de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.
Aclaró que no es cierto que se requiera que las personas que actualmente están ocupando los predios y deseen oponerse ante la Unidad dentro del proceso de restitución, deban utilizar un abogado para la entrega de documentos o la sustentación de su oposición. “Lo último que nosotros queremos es generar una alarma injustificada en la comunidad y queremos dejar claro que la Unidad nunca exige que se haga a través de un abogado”.
Especificó que previamente, en los municipios donde se están enviando notificaciones, personal de la Unidad se reúne con los Personeros Municipales, Secretarios de Gobierno y enlaces de víctima para informarles del proceso, y que ellos puedan recibir los documentos de estas personas. “Entonces no es necesario ni desplazarse hasta Villavicencio ni conseguir un abogado”.
En el caso puntual de Chámeza, donde el Personero Municipal ha señalado que los reclamantes tienen dificultades para la entrega de los documentos, aclaró que ya se habló personalmente con él, y se le indicó que podía recibirlos y enviarlos a través de correo electrónico. “Yo me comuniqué con él diciéndole que si tenía dificultad nosotros podíamos enviar un funcionario para que de manera semanal o quincenal recogiera la documentación. Hemos tenido algunas dificultades pero también ya hicimos contacto con el enlace municipal de víctimas de Chámeza que está también en toda la disposición de colaborar y recibir la documentación”.
“No es una restitución express”
La directora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras fue enfática en señalar que debe surtirse todo el proceso investigativo para determinar si una persona es verdaderamente el propietario del predio que reclama, por lo que se hace un trabajo riguroso para corroborar la información que esa persona entrega.
“No es que yo reclamo hoy y mañana me van a devolver un predio y que se da por cierto cada cosa que yo digo ante la entidad. Nosotros revisamos esas declaraciones que nos entregan las víctimas y tenemos la obligación de desarrollar todo un acopio de pruebas para identificar si eso que nos está diciendo es cierto, o por el contrario está faltando a la verdad”, anotó la funcionaria.
Indicó que en Casanare ya existen algunos casos que están ante los Jueces y Magistrados de Restitución a la espera de ser resueltos, y se espera que este año pueda darse esa situación para que las víctimas no solo recuperen sus predios material y jurídicamente, sino que puedan acceder a beneficios como subsidios de vivienda, saneamiento de pasivos, y proyectos productivos sostenibles.
#ACTUALESDirectora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Diana Esmeralda Herrera, sobre los procesos que se adelantan en Casanare.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, March 8, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
