CASANARE
A final de año podrían darse primeros procesos de restitución de tierras en Casanare
Mil cien campesinos casanareños que fueron despojados de sus tierras por diferentes actores durante el conflicto armado están reclamando sus predios ante la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, dijo la directora Territorial de la entidad, Diana Esmeralda Herrera.
La funcionaria se reunió con representantes de la Fuerza Pública, para identificar posibles riesgos que se pueden presentar durante los procesos de restitución en los 17 municipios que se están interviniendo desde el 2016 en Casanare.
“Podemos señalar que la gran mayoría de reclamaciones que se hicieron en Casanare ya están siendo intervenidas”, explicó la directora Territorial de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.
Aclaró que no es cierto que se requiera que las personas que actualmente están ocupando los predios y deseen oponerse ante la Unidad dentro del proceso de restitución, deban utilizar un abogado para la entrega de documentos o la sustentación de su oposición. “Lo último que nosotros queremos es generar una alarma injustificada en la comunidad y queremos dejar claro que la Unidad nunca exige que se haga a través de un abogado”.
Especificó que previamente, en los municipios donde se están enviando notificaciones, personal de la Unidad se reúne con los Personeros Municipales, Secretarios de Gobierno y enlaces de víctima para informarles del proceso, y que ellos puedan recibir los documentos de estas personas. “Entonces no es necesario ni desplazarse hasta Villavicencio ni conseguir un abogado”.
En el caso puntual de Chámeza, donde el Personero Municipal ha señalado que los reclamantes tienen dificultades para la entrega de los documentos, aclaró que ya se habló personalmente con él, y se le indicó que podía recibirlos y enviarlos a través de correo electrónico. “Yo me comuniqué con él diciéndole que si tenía dificultad nosotros podíamos enviar un funcionario para que de manera semanal o quincenal recogiera la documentación. Hemos tenido algunas dificultades pero también ya hicimos contacto con el enlace municipal de víctimas de Chámeza que está también en toda la disposición de colaborar y recibir la documentación”.
“No es una restitución express”
La directora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras fue enfática en señalar que debe surtirse todo el proceso investigativo para determinar si una persona es verdaderamente el propietario del predio que reclama, por lo que se hace un trabajo riguroso para corroborar la información que esa persona entrega.
“No es que yo reclamo hoy y mañana me van a devolver un predio y que se da por cierto cada cosa que yo digo ante la entidad. Nosotros revisamos esas declaraciones que nos entregan las víctimas y tenemos la obligación de desarrollar todo un acopio de pruebas para identificar si eso que nos está diciendo es cierto, o por el contrario está faltando a la verdad”, anotó la funcionaria.
Indicó que en Casanare ya existen algunos casos que están ante los Jueces y Magistrados de Restitución a la espera de ser resueltos, y se espera que este año pueda darse esa situación para que las víctimas no solo recuperen sus predios material y jurídicamente, sino que puedan acceder a beneficios como subsidios de vivienda, saneamiento de pasivos, y proyectos productivos sostenibles.
#ACTUALESDirectora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Diana Esmeralda Herrera, sobre los procesos que se adelantan en Casanare.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, March 8, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
