CASANARE
A final de año podrían darse primeros procesos de restitución de tierras en Casanare
Mil cien campesinos casanareños que fueron despojados de sus tierras por diferentes actores durante el conflicto armado están reclamando sus predios ante la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, dijo la directora Territorial de la entidad, Diana Esmeralda Herrera.
La funcionaria se reunió con representantes de la Fuerza Pública, para identificar posibles riesgos que se pueden presentar durante los procesos de restitución en los 17 municipios que se están interviniendo desde el 2016 en Casanare.
“Podemos señalar que la gran mayoría de reclamaciones que se hicieron en Casanare ya están siendo intervenidas”, explicó la directora Territorial de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.
Aclaró que no es cierto que se requiera que las personas que actualmente están ocupando los predios y deseen oponerse ante la Unidad dentro del proceso de restitución, deban utilizar un abogado para la entrega de documentos o la sustentación de su oposición. “Lo último que nosotros queremos es generar una alarma injustificada en la comunidad y queremos dejar claro que la Unidad nunca exige que se haga a través de un abogado”.
Especificó que previamente, en los municipios donde se están enviando notificaciones, personal de la Unidad se reúne con los Personeros Municipales, Secretarios de Gobierno y enlaces de víctima para informarles del proceso, y que ellos puedan recibir los documentos de estas personas. “Entonces no es necesario ni desplazarse hasta Villavicencio ni conseguir un abogado”.
En el caso puntual de Chámeza, donde el Personero Municipal ha señalado que los reclamantes tienen dificultades para la entrega de los documentos, aclaró que ya se habló personalmente con él, y se le indicó que podía recibirlos y enviarlos a través de correo electrónico. “Yo me comuniqué con él diciéndole que si tenía dificultad nosotros podíamos enviar un funcionario para que de manera semanal o quincenal recogiera la documentación. Hemos tenido algunas dificultades pero también ya hicimos contacto con el enlace municipal de víctimas de Chámeza que está también en toda la disposición de colaborar y recibir la documentación”.
“No es una restitución express”
La directora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras fue enfática en señalar que debe surtirse todo el proceso investigativo para determinar si una persona es verdaderamente el propietario del predio que reclama, por lo que se hace un trabajo riguroso para corroborar la información que esa persona entrega.
“No es que yo reclamo hoy y mañana me van a devolver un predio y que se da por cierto cada cosa que yo digo ante la entidad. Nosotros revisamos esas declaraciones que nos entregan las víctimas y tenemos la obligación de desarrollar todo un acopio de pruebas para identificar si eso que nos está diciendo es cierto, o por el contrario está faltando a la verdad”, anotó la funcionaria.
Indicó que en Casanare ya existen algunos casos que están ante los Jueces y Magistrados de Restitución a la espera de ser resueltos, y se espera que este año pueda darse esa situación para que las víctimas no solo recuperen sus predios material y jurídicamente, sino que puedan acceder a beneficios como subsidios de vivienda, saneamiento de pasivos, y proyectos productivos sostenibles.
#ACTUALESDirectora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Diana Esmeralda Herrera, sobre los procesos que se adelantan en Casanare.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, March 8, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
