CASANARE
A final de año podrían darse primeros procesos de restitución de tierras en Casanare
Mil cien campesinos casanareños que fueron despojados de sus tierras por diferentes actores durante el conflicto armado están reclamando sus predios ante la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, dijo la directora Territorial de la entidad, Diana Esmeralda Herrera.
La funcionaria se reunió con representantes de la Fuerza Pública, para identificar posibles riesgos que se pueden presentar durante los procesos de restitución en los 17 municipios que se están interviniendo desde el 2016 en Casanare.
“Podemos señalar que la gran mayoría de reclamaciones que se hicieron en Casanare ya están siendo intervenidas”, explicó la directora Territorial de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.
Aclaró que no es cierto que se requiera que las personas que actualmente están ocupando los predios y deseen oponerse ante la Unidad dentro del proceso de restitución, deban utilizar un abogado para la entrega de documentos o la sustentación de su oposición. “Lo último que nosotros queremos es generar una alarma injustificada en la comunidad y queremos dejar claro que la Unidad nunca exige que se haga a través de un abogado”.
Especificó que previamente, en los municipios donde se están enviando notificaciones, personal de la Unidad se reúne con los Personeros Municipales, Secretarios de Gobierno y enlaces de víctima para informarles del proceso, y que ellos puedan recibir los documentos de estas personas. “Entonces no es necesario ni desplazarse hasta Villavicencio ni conseguir un abogado”.
En el caso puntual de Chámeza, donde el Personero Municipal ha señalado que los reclamantes tienen dificultades para la entrega de los documentos, aclaró que ya se habló personalmente con él, y se le indicó que podía recibirlos y enviarlos a través de correo electrónico. “Yo me comuniqué con él diciéndole que si tenía dificultad nosotros podíamos enviar un funcionario para que de manera semanal o quincenal recogiera la documentación. Hemos tenido algunas dificultades pero también ya hicimos contacto con el enlace municipal de víctimas de Chámeza que está también en toda la disposición de colaborar y recibir la documentación”.
“No es una restitución express”
La directora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras fue enfática en señalar que debe surtirse todo el proceso investigativo para determinar si una persona es verdaderamente el propietario del predio que reclama, por lo que se hace un trabajo riguroso para corroborar la información que esa persona entrega.
“No es que yo reclamo hoy y mañana me van a devolver un predio y que se da por cierto cada cosa que yo digo ante la entidad. Nosotros revisamos esas declaraciones que nos entregan las víctimas y tenemos la obligación de desarrollar todo un acopio de pruebas para identificar si eso que nos está diciendo es cierto, o por el contrario está faltando a la verdad”, anotó la funcionaria.
Indicó que en Casanare ya existen algunos casos que están ante los Jueces y Magistrados de Restitución a la espera de ser resueltos, y se espera que este año pueda darse esa situación para que las víctimas no solo recuperen sus predios material y jurídicamente, sino que puedan acceder a beneficios como subsidios de vivienda, saneamiento de pasivos, y proyectos productivos sostenibles.
#ACTUALESDirectora Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Diana Esmeralda Herrera, sobre los procesos que se adelantan en Casanare.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, March 8, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
