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En Nunchía, Recetor y Maní no hay registro de ciudadanos venezolanos

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El pasado viernes 8 de junio culminó el censo a inmigrantes del vecino país residentes en este Departamento y en todo el territorio nacional. El proceso liderado por el Gobierno Central, se realizó desde el pasado 06 de abril, en el que se consolidó información detallada que permitirá diseñar una política pública integral de atención humanitaria, dirigida a esta población que se encuentra de manera temporal o permanente en el territorio colombiano.

De acuerdo con Leonardo Barón, coordinador Departamental de Gestión del Riesgo, el Gobierno busca acoger a los habitantes del vecino país, ampliando la oferta institucional, principalmente el servicio de salud y educación, entre otras acciones que se darán a conocer una vez se establezca la mencionada política.

El resultado del censo, entre otros datos de interés poblacional, arroja la cifra de inmigrantes de Venezuela residentes en Colombia (número que se dará a conocer este miércoles por parte de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo), el lugar donde están asentados, su grado de escolaridad, desempeño laboral, población infantil, madres gestantes y adultos mayores.

En Casanare el registro de venezolanos proporciona  el siguiente discriminado  por  municipios:

Yopal: 2.262

Paz de Ariporo: 750

Villanueva: 361

Aguazul: 212

Pore: 170

Tauramena: 146

Monterrey: 144

Trinidad: 119

Hato Corozal: 76

Orocué: 54

San Luis de Palenque: 42

Támara: 17

Sácama: 13

La Salina: 5

Chámeza: 6

Sabanalarga: 1

El balance en Casanare fue altamente positivo, según lo señaló el Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo, “…agradezco el esfuerzo de los municipios y mi equipo de trabajo, con esto se dio cumplimiento a una tarea más encomendada al Sistema de Gestión del Riesgo de esta región, y se dio el primer paso en el proceso de abordar la temática de los hermanos venezolanos en Casanare y en todo el país”, señaló Leonardo Barón.

En los municipios de Nunchía, Recetor y Maní  no se obtuvo ningún registro de ciudadanos venezolanos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal, por presunto incumplimiento del PAE

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dario Garcia Alcalde

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray, por presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación escolar, en 2022.

Según la Procuraduría, al parecer, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del citado municipio, no se habría iniciado oportunamente y, en consecuencia, solo se prestó el servicio durante seis jornadas escolares del mes de octubre y 17 en noviembre, de ese año.

A juicio del ente disciplinario, el PAE, para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal, debió darse desde el primer día de inicio de clases, según las normas generales establecidas y, al parecer, solo se habría cumplido en la parte final del año.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima.

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Desde Casanare y Bogotá evadieron impuestos por $155.000 millones con empresas de papel

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.

Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.

Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.

Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.

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CASANARE

Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa

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La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.

Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.

Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.

La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.

Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.

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