NACIONALES
Registraduría reveló calendario electoral para las consultas interpartidistas de 2023

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, firmó la resolución 2886 del 3 de febrero de 2023 que fija el calendario electoral para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición a cargos o corporaciones de las elección territoriales de 2023.
Con la publicación del calendario electoral se da inicio a las diferentes etapas y actividades a desarrollar para la realización de estas consultas populares, que se llevarán a cabo el 4 de junio de 2023.
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos, tienen plazo hasta el 4 de marzo para que comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar las consultas populares o interpartidistas para la escogencia de sus candidatos.
Así mismo, desde el 1 de abril inicia el período para que los precandidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional; este plazo se extenderá hasta el 4 de mayo de 2023, un mes antes de dichas consultas.
La resolución número 0585 de 25 de enero de 2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral fijó el 4 de junio de 2023 como fecha para la realización de consultas populares para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos para las elecciones de 2023.
A continuación, se relacionan las fechas de las diferentes actividades a desarrollar para las consultas interpartidistas.
4 de febrero: Suspensión de incorporación al censo de nuevas cédulas (4 meses antes de la votación)
4 de marzo: Vence el plazo para que los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos
Podrá realizarse propaganda electoral empleando el espacio público. Solo se permitirá propaganda electoral cuando el partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos haya comunicado por escrito al Consejo Nacional Electoral su decisión de realizar consultas en la fecha previamente establecida.
Publicación del Censo Electoral (3 meses antes de la elección).
6 de marzo: Podrá realizarse propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público.
10 de abril: Inicia la inscripción de precandidatos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
20 de abril: Vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que participen en la consulta presenten las preguntas a realizar al Consejo Nacional Electoral.
30 de abril: Vence el término para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie con relación a las preguntas presentadas por los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos. En caso de que las preguntas sean aprobadas se remitirán inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para los efectos pertinentes.
4 de mayo: Vence el plazo para que los precandidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos, manifiesten si se retractan de su voluntad inicial de participar en consulta.
5 de mayo: Vence el plazo para que el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos al que se le hayan devuelto las preguntas presentadas que no fueron aprobadas, las subsanen en el término máximo de cinco (5) días calendario. De no hacerlo en este plazo, se entenderá que se ha desistido de la consulta.
12 de mayo: Selección de delegados del Consejo Nacional Electoral (15 días antes de la elección)
19 de mayo: Designación de Comisiones Escrutadoras y Claveros por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial (10 días antes de la elección).
20 de mayo: Fecha límite para el sorteo y designación de los jurados de votación (15 días antes de la votación).
25 de mayo: Publicación de la lista de los jurados de votación (10 días calendario antes de la votación). 2 de junio: Inicia la inmunidad de los miembros de las comisiones escrutadoras, sus secretarios y sus claveros (48 horas antes de iniciarse el escrutinio).
4 de junio: Día de la consulta e inicio de los escrutinios distritales, municipales y auxiliares.
5 de junio: Continúan los escrutinios distritales, municipales y auxiliares.
6 de junio: Inician los escrutinios generales.
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil
NACIONALES
Gobierno y Comité Nacional del Paro Arrocero inician hoy en Bogotá Mesa de Diálogo

La mesa de diálogo será este jueves (17 de julio) en las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogotá a partir de las 11:00 a.m. Uno de los puntos más urgentes de la negociación corresponde a la fijación de precio del arroz.
En la mesa de negociación estarán presentes ministra y viceministra Agricultura, ministra y viceministro de Comercio, Industria y Turismo, viceministro de Hacienda. Además, 14 de los miembros del Comité Nacional de Arroceros del Paro de manera presencial y 8 de manera virtual, quienes representan a los arroceros que se movilizan en los diferentes departamentos del país.
Los bloqueos permanecerán en los diferentes departamentos que vienen realizándolos desde el lunes 14 de julio y continuarán hasta la culminación de la negociación sobre los puntos fundamentales del pliego de exigencias, entre los que se destacan:
- Régimen de libertad vigilada, que es la urgencia de establecer un precio justo.
- Incentivo de parafiscales a los agricultores y pago de los apoyos a la comercialización.
- La TUA – Tasa Uso Agua con la que no ha habido ninguna modificación.
- El incumplimiento de los compromisos firmados y la necesidad de implementar controles efectivos contra el contrabando e importaciones desde Ecuador, así como una revisión urgente de los TLC.
Uno de los puntos más álgidos y urgentes de la negociación es el precio del arroz, que cayó de $235.000 a $170.000 por carga de 125 kilos, generando una diferencia crítica. Aproximadamente se calcula que en pérdidas del primer semestre llegaron a $297 mil millones de pesos y para este segundo semestre se está calculando un aproximado de $772 mil millones de pesos.
La preocupación por el precio del arroz no se limita a las pérdidas ya registradas en el primer semestre, sino que se agrava con las que actualmente se están generando en plena cosecha. No se puede seguir justificando la inacción con argumentos sobre la producción, mientras se permiten importaciones sin control y contrabando que destruye el precio interno y condena al productor nacional.
Resolución del gobierno tiene vacíos
Si bien, el Gobierno ha presentado una resolución con el objetivo de fijar el precio del arroz, está presentando vacíos técnicos y jurídicos. Por un lado, no establece los parámetros de calidad que debe cumplir el agricultor al entregar el arroz como impurezas y humedad. Lo que deja la puerta abierta a abusos por parte de la industria hacia el agricultor imponiendo condiciones arbitrarias para frenar las compras.
Adicionalmente, la resolución omite definir la forma de pago. Dado que, el pago anticipado se redujo del 25% al 15%, y el 85% restante solo se entrega después de 45 o 50 días, agudizando la asfixia financiera del productor. A esto se suman vacíos jurídicos que dependen del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero que tampoco han sido abordados. Además, existe un riesgo claro frente al industrial que puede negarse a acogerse a la resolución alegando falta de recursos o temor a ser investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que dejaría a los agricultores sin compradores y con su cosecha en riesgo total.
Desde el Comité Nacional se espera que este jueves se logre tener una mesa de diálogo productiva, celera y con soluciones concretas. El llamado al Gobierno Nacional es claro, los arroceros no levantarán el Paro Nacional si no hay acuerdos serios, con soluciones estructurales y de ejecuciones rápidas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
NACIONALES
Hasta el 21 de julio extenderán el pago del sexto ciclo del programa Colombia Mayor

Prosperidad Social anunció el sexto ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, dirigido a proteger y acompañar a las personas mayores en situación de pobreza extrema en todo el país. La entrega de recursos comenzó el pasado 4 de julio para los beneficiarios bancarizados, mientras que los pagos de la modalidad de giro empezaron el 8 de julio y se extenderán hasta el 21 de julio.
En este ciclo, 1.679.084 personas mayores están habilitadas para recibir el subsidio. 523.578, que tienen 80 años de edad o más, reciben un pago diferenciado de 225.000 pesos, como parte del enfoque de atención prioritaria implementado desde 2023 para fortalecer la protección de quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La inversión asciende a 236.052 millones de pesos, que garantizan el acceso al apoyo económico en todos los municipios del país, como parte del compromiso del Gobierno del Cambio con una vejez digna, segura y con justicia social.
El programa Colombia Mayor forma parte de los mecanismos de protección social que el Gobierno de Gustavo Petro impulsa para reducir la pobreza extrema, proteger a los más vulnerables y avanzar hacia un país con mayor equidad y dignidad para todos.
Fuente: Presidencia de la República
NACIONALES
“No autorizaré la caza comercial de chigüiros en Colombia”: ministra de Ambiente

En días recientes, se generó una discusión en torno a una supuesta resolución del Ministerio de Ambiente con la que, se decía, pretendía promover la caza comercial del chigüiro. Ahora, la entidad ha aclarado que no hay en curso ninguna normativa para habilitar esta práctica, sino un ejercicio técnico, de carácter interno, basado en estudios científicos.
“Quiero ser absolutamente clara: como ministra de Ambiente, no autorizaré la caza comercial de chigüiros en Colombia. No es cierto que hay una resolución en trámite ni un proyecto de norma con ese fin”, publicó la jefe de cartera, Lena Estrada, a través de su cuenta de X.
El Minambiente ha adelantado investigaciones y consultorías especializadas como respuesta a un fallo de 2001 del Consejo de Estado, en el que se le ordenó a la cartera desarrollar un modelo de manejo sostenible para la especie, orientado hacia la caza comercial y no a criarla en cautiverio. En su momento, los expertos opinaban que el comportamiento social de este animal dificultaba su cuidado en entornos cerrados.
En las últimas dos décadas, sin embargo, se han expedido diferentes normativas para manejar de manera diferencial a esta y otras especies, percibiéndolas como “seres sintientes”. En dicho marco jurídico también se ha considerado el bienestar animal, la lucha contra el maltrato animal y la vigilancia y control de productos cárnicos, de acuerdo con el Minambiente.
“Como parte de este proceso, el pasado 12 de junio se llevó a cabo una mesa técnica sobre bienestar animal y trato digno, con la participación de expertos en el manejo de la especie”, explicó la entidad. “Estos especialistas aportaron insumos clave para evaluar la compatibilidad de un aprovechamiento sostenible sobre una eventual caza comercial y atendiendo el marco de referencia de bienestar animal”.
Tras analizar los insumos y considerando más de 20 años de estudios, la ministra Estrada aseguró que se llegó a la conclusión de que la caza comercial del chigüiro es inviable y que no existe una emergencia alimentaria en la Orinoquia colombiana que justifique la venta de su carne. Por el contrario, el Minambiente insiste en velar por su protección y conservación.
“Hago un llamado firme a las autoridades locales, especialmente a la Alcaldía de Bogotá y a las alcaldías de los Llanos Orientales, a que refuercen los controles y enfrenten con decisión el comercio ilegal de carne de chigüiro”, agregó la jefe de cartera. Esta actividad, según el ministerio, fomenta el tráfico ilegal de la especie y la criminalidad ambiental en el país.
La entidad concluyó invitando a un debate informado, que integre a todos los sectores y se base en evidencia científica.
Fuente: Tomado de El Espectador
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