CASANARE
Red Salud Casanare necesita médicos rurales y también con registro profesional en varios municipios
Red Salud Casanare tiene disponibilidad inmediata para contratar médicos en Servicio Social Obligatorio en los municipios de Sácama y La Salina. A partir de este 04 de noviembre la IPS requiere vincular un médico rural que será asignado al municipio de Maní.
Estos profesionales serán contratados a través de plantas temporales con un sueldo básico de $2.800.143, y adicionalmente se les reconocerán todas las prestaciones sociales de ley, así como los recargos nocturnos y dominicales.
De igual manera, los médicos que resulten asignados para Sácama y La Salina cuentan con vivienda garantizada en las casas médico disponibles en esas localidades, y recibirán incentivos que serán concertados con la respectiva Alcaldía Municipal.
La entidad también requiere médicos generales con registro profesional para los municipios de Pore, Maní, San Luis de Palenque, Trinidad y Orocué. Estos galenos serán contratados por Orden de Prestación de Servicios, y sus honorarios se definirán de acuerdo al número de horas laboradas en cada Centro Asistencial y a los años de experiencia. La tabla salarial para estos profesionales está entre los $3.000.000 y los $4.500.000.
Los interesados se pueden comunicar con la Oficina de Talento Humano de Red Salud Casanare, en el teléfono 6324018 extensión 103, celular 3138112268 o con la subgerencia de Prestación de Servicios al 3115228626.
“En este momento contamos con buenas condiciones laborales para los profesionales que prestan sus servicios bajo la modalidad de plantas temporales o por OPS en las diferentes IPS. Los honorarios se están pagando oportunamente, no existe ningún tipo de atraso”, dijo David Francisco Gallego Moreno, gerente (e) de Red Salud Casanare.
Recordó que las plantas vacantes en Servicio Social Obligatorio fueron presentadas ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la asignación de médicos mediante el sorteo que se realizó a mediados de octubre, pero lamentó que las mismas no hayan sido cubiertas.
“La entidad ofertó las plazas disponibles para Medicina, Odontología, Enfermería y Bacteriología, sin embargo, las de médicos rurales no fueron asignadas por el Ministerio. Desconocemos las razones pero podríamos señalar que tal vez no se presentaron suficientes profesionales a la convocatoria”, puntualizó Gallego Moreno.
Fuente: Prensa Red Salud Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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