Hoy se conocería un nuevo Decreto emitido por la Alcaldía de Yopal, el cual cambiaría las medidas que inicialmente profirió la Gobernación de Casanare respecto del toque de queda y el confinamiento del fin de semana para la capital casanareña.

Representantes del comercio nocturno de Yopal protestaron frente a la Gobernación encadenándose y bloqueando el acceso al edificio, por lo que se realizó una mesa de diálogo entre las autoridades y los comerciantes, analizando medidas alternativa para no perjudicar la economía de ese gremio.

Como se conoció, el DEcreto 0111 que establece las medidas de toque de queda desde las 8:00 pm y el confinamiento para el fin de semana generó inconformismo entre los comerciantes, que alegan ser el gremio más perjudicado por estas medidas desde el inicio de la pandemia.

Una vez escuhados los comerciantes, en horas de la tarde se realizó otra mesa de trabajo de la cual no se conocen detalles, para elaborar otro proyecto de decreto que de inmediato fue enviado al Ministerio del Interior para su aprobación.

Las autoridades señalaron que continúan buscando estrategias para la reducción del número de casos de contagio de Covid_19 en el departamento, pero que buscan una estrategia segura de reactivación económica que garantice acciones por lo menos durante un mes.

“No se trata de atacar a ningún gremio, las decisiones obedecen a una orientación por parte de los Ministerios de Salud y del Interior que debemos cumplir”, señaló el Gobernador Salomón Sanabria, respaldado por el Procurador Regional, Yamil Eduardo Álvarez.

A su turno el Alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, indicó que un confinamiento con algunas excepciones como las contempladas en los numerales 8 y 22 del Decreto 0111, no serviría de nada.

Este jueves se analizará la situación general de casos Covid en el departamento y de ocupación de camas UCI, aprovechando la presencia del viceministro de salud Luis Alexander Moscoso, quien estará en Yopal.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

Autoridades lograron la captura en flagrancia de un delincuente que le exigía a un comerciante de Aguazul,  la suma de 300 millones de pesos para no atentar contra él y su negocio.

Este delincuente fue capturado en la terminal de transporte del municipio, lugar que había planeado para que la víctima entregara el primer pago de la cuota extorsiva.

La víctima no se dejó intimidar por las amenazas y llamó al Gaula Militar para exponer su caso, e inmediatamente, fue asesorado por los expertos militares para poder realizar la exitosa operación de captura.

El capturado que fue identificado como Carlos Julio Sosa Arango, quien amenazaba vía telefónica a sus víctimas, se hacía pasar como alias “Oswaldo” integrante y enlace de las disidencias de las farc estructuras 28 y 38 en el departamento de Casanare.

Esta persona perteneció al frente 16 y después pasó al frente 38 de las antiguas Farc durante más de 10 años. En el año 2000 fue capturado por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas, hurto y rebelión donde pagó su condena en el centro carcelario de Acacias, Meta, logrando su libertad en el año 2007.

En estos momentos, el capturado está a disposición de la Fiscalía 22 por los delitos de extorsión, donde el juez determinó enviarlo a la cárcel.

Fuente: Ejército Nacional – Octava División

El Consejo de Estado negó la demanda que pretendía dejar sin efecto las actuaciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que dio por incumplidos varios compromisos ambientales a cargo de la petrolera BP, en un proyecto de exploración de hidrocarburos en Aguazul.

Estos compromisos fueron asumidos luego por Ecopetrol, a quien se le cedió la licencia ambiental del mencionado proyecto por parte del Ministerio, lo que obligaba a la estatal a asumir todos los derechos y deberes derivados de tal autorización.

Ecopetrol interpuso una demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con la intención de que se reconociera que la obligación patrimonial para proteger las fuentes hídricas afectadas ya había sido cumplida por parte de la BP, la cual fue negada por el Consejo de Estado.

¿Qué incumplió BP?

A juicio del Minambiente, BP no había cumplido su obligación legal de proteger y conservar sus fuentes hídricas, derivada de su intervención en el proyecto de construcción y operación del área de pozos múltiples denominada Cupiagua U, que lo obligaba a destinar el 1 % de la inversión al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos acuíferos de la zona de impacto de la iniciativa.

Para Ecopetrol, BP sí cumplió este compromiso legal, lo que implica que se debía reconocer que las inversiones, en un monto superior al 1%, sí se efectuaron. Por esa razón, solicitó que se declararan nulos algunos apartes de los actos administrativos, que derivaron en la autorización que dio el Ministerio para que la licencia ambiental que recibió BP para el desarrollo del proyecto de exploración fuera asumida por Ecopetrol.

Según Ecopetrol, se aplicó equivocadamente la ley que obliga a que quienes adelanten proyectos en zonas de impacto para fuentes hidrográficas inviertan el 1% en la recuperación y preservación de la respectiva cuenca.

La estatal aseguró que cualquier tipo de inversión en este sentido debía ser reconocida, independientemente de si estas acciones estaban o no contempladas en el plan de manejo ambiental. Además, aseguró que, para calcular el monto a partir del cual se podía dar por satisfecha esta obligación, no se podía incluir la suma de ciertos costos del proyecto, que no hacen parte de la inversión con base en la tasa fijada por uso de agua, que es lo que exige la obligación legal. “(…) La inversión se asocia únicamente a los emolumentos destinados a obtener un provecho económico y no está relacionada con los gastos para la extracción del hidrocarburo de la tierra”, precisó.

En primera y segunda instancia negaron la demanda

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, considerando que  la decisión del Ministerio se ajusta a derecho. Según la corporación judicial, la decisión no fue falsamente motivada, porque se basó en lo que demostraban las pruebas.

Inconforme con la determinación, Ecopetrol interpuso recurso de apelación, pretendiendo que el Consejo de Estado estableciera que, en lo que atañe al deber de invertir el 1 % del proyecto en los compromisos ambientales ya señalados, se declarara que ya habían sido cumplidos de manera satisfactoria.

El Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal de negar las pretensiones de la demanda, por considerar que ninguno de los argumentos expresados en el recurso demuestran que el caso hubiera sido juzgado de manera equivocada.

Fuente: Consejo de Estado