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Quedó listo el acuerdo para diseño y construcción del nuevo viaducto Chirajara
Una vez surtidos todos los trámites administrativos internos en la Agencia Nacional de Infraestructura, Coviandes y la ANI han suscrito un Otrosí al Acuerdo de Transacción que permitirá dar curso a la elaboración de los diseños y la construcción del viaducto Chirajara, de tipo de voladizos sucesivos, que deberá estar finalizado el mes de diciembre de 2023.
Dentro del acuerdo alcanzado, merecen destacarse los siguientes aspectos:
- Las Partes reconocieron que la norma técnica aplicable que regía la construcción del puente atirantado bajo el alcance de que trataba el Acuerdo de Transacción, era el Código de Puentes – CCP95.
- Se acordó modificar la tipología del puente a construir y se ejecutará un puente en voladizos sucesivos, bajo los criterios de la norma técnica colombiana de diseños LFRD CCP-14 de 2014.
Lo anterior, como alternativa a la construcción del puente atirantado, pues dando aplicación a la referida norma técnica, tal y como se acreditó a partir de los estudios y diseños en fase III elaborados por parte de Coviandes a través de su subcontratista especializado internacional, el proyecto sería económicamente inviable, ante la imposibilidad de la ANI de aportar los recursos faltantes.
- Coviandes ha hecho ya entrega -de manera anticipada- de los nuevos Estudios y Diseños Fase III para la nueva tipología de voladizos sucesivos, y se ha dispuesto que las actuaciones a ser adelantadas por el Concesionario y la Interventoría habrán de dar lugar a la obtención de la “No Objeción a los Diseños” en un plazo máximo de tres (3) meses.
- El plazo total de construcción será de 32 meses y contado a partir de que la Interventoría emita su “No objeción” a los Estudios y Diseños elaborados por Coviandes. De esta manera, tanto la ANI como el Concesionario, han dispuesto que los acuerdos alcanzados, y resumidos previamente, permitirán a Coviandes la construcción del viaducto Chirajara de tipo voladizos sucesivos, dando aplicación a la norma técnica vigente LFRD CCP-14 de 2014.
El viaducto, que estará disponible para el tránsito en sentido Bogotá – Villavicencio, tendrá una longitud total de 421,2m compuesto por tres luces (114,6m, 192m y 114,6m). El tablero del puente medirá 11,50 m de ancho y podrá movilizarse tráfico vehicular en dos carriles de 3,65 m de ancho, berma en calzada lenta de 1,8 m y en calzada rápida de 0,50 m, anden peatonal de 1,2m y barreras de protección vehicular tipo new jersey de 0,35m.
La superestructura del puente es tipo viga cajón en concreto postensado, tiene altura variable entre 9,2m y 2,8m, las longitudes de construcción de las dovelas se encuentran entre 4,0 y 5,0 m, la losa (placa) inferior tiene un espesor variable entre 0.90m y 0.24m, los muros del cajón tienen espesores variables entre 0,60m y 0,45m. Esta estructura estará armada con cables postensados con longitudes que alcanzan los 295.000 ml.
La superestructura del viaducto se soportará sobre dos pilas principales, una de ellas de altura 54m y la otra de 73m, soportadas en un elemento estructural tipo zapata de sección cuadrada de 15m, la cimentación de cada pila contara con cuatro (4) caissons pre excavados de 3,5m de diámetro en concreto reforzado, macizos, que alcanzaran profundidades de fundación entre 40 y 50 metros de longitud.
La cantidad de acero de refuerzo necesaria para este proyecto será de 3.000 toneladas, para lo cual se necesitará de 100 viajes de tractomulas. Así mismo, la cantidad de concreto que se requiere es de 17.000 m3, equivalente a 2500 viajes de camiones con hormigón de 25 ton.
Fuente: Coviandes
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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