ARAUCA
ELN entregó prueba de supervivencia de ingeniero secuestrado en Arauca
El Eln entregó en las últimas horas, una prueba de supervivencia del ingeniero de la petrolera Ismocol, Rafael Andrés Riaño Barrero, a quien secuestró en el departamento de Arauca, más exactamente en el municipio de Saravena, el pasado 13 de enero. Hasta hace horas, su suerte era totalmente desconocida.
Lo único que sabía su familia sobre él era que el Eln lo tenía en territorio venezolano, y esto por información que el mismo Gobierno les brindó. De ahí a que no hayan podido llegar a la zona donde permanece en cautiverio para su rescate.
Cuando su hermana, ya angustiada, fue a buscar noticias de su hermano en el Parque de Saravena, dos personas en moto la abordaron y la llevaron hasta las afueras del pueblo, donde le entregaron una memoria USB con la prueba de supervivencia.
“El mensaje es para mi familia, decirles que los quiero mucho, uno empieza a valorar aquí momentos que deja de lado. Quiero a agradecerle a mis hermanos, sé que han estado pendientes de mí”, dice Rafael en el video de prueba entregado por el grupo guerrillero a sus familiares
Custodiado por dos guerrilleros, usando una camiseta azul oscura y una gorra, y teniendo de fondo una bandera del Eln, Rafael dijo que hace escasos días tuvo la posibilidad de acceder al mensaje que uno de sus hermanos le envío, y señaló que se encuentra bien físicamente.
“Yo he estado bien, no se preocupen, el tema de la migraña que a ustedes les preocupa ha estado bien, me han dado medicamentos, físicamente estoy bien y he recibido buen trato afortunadamente”, adujo el ingeniero en el video, pidiendo además a sus familiares paciencia.
Mientras tanto, los familiares de Jorge esperan su pronta liberación, y adujeron que en meses pasados el grupo guerrillero les dijo que solo sacaría de la situación de cautiverio al ingeniero solo hasta que Ismocol retire sus acciones de los oleoductos de la zona.
Cabe recordar que el Eln también mantiene bajo su poder desde el pasado mes de marzo en el departamento de Arauca al hijo del ex gobernador de ese departamento, José Leonardo Ataya, actual gerente de la Empresa de Servicios Públicos. Sobre él, se dice que también fue llevado hacia Venezuela.
EN VIDEO -ARAUCAELN entregó prueba de supervivencia del ingeniero de Ismocol Rafael Andrés Riaño, secuestrado en Saravena el pasado 13 de enero de 2018
Posted by El Diario Del Llano on Monday, November 12, 2018
Fuente: www.newsradio.com.co
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
