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Proyecto de ley busca aprobar la convención contra el reclutamiento de mercenarios colombianos

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El Ministerio de Relaciones Exteriores radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para aprobar la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.
La importancia de este instrumento radica en que le permite a Colombia: enfrentar las organizaciones que instrumentalizan a los militares colombianos retirados, a veces con engaños; combatir las prácticas que atentan contra el orden público y constitucional y promueven delitos de lesa humanidad como genocidio o crímenes de guerra, y facilita una mayor compresión del fenómeno de las empresas militares de seguridad privada.
De acuerdo con el canciller Luis Gilberto Murillo, “necesitamos herramientas para enfrentar las organizaciones que se dedican o instrumentalizan personas que están bien formadas y entrenadas en temas militares o de seguridad, a quienes los reclutan y se los llevan a participar en guerras que no tienen nada que ver con ellos ni con Colombia, los usan como carne de cañón, y después se nos crea un problema casi que diplomático: las familias quieren que traigan a esas personas”.
Dijo el Canciller que a Colombia “muchas veces llegan redes extranjeras a reclutar a estas personas, a veces con engaños, y las llevan a países y a guerras que nada tienen que ver con nosotros. Eso nos lleva a situaciones diplomáticas complejas porque a veces estas personas quedan atrapadas, otros quieren salir y no pueden”.

La Convención

Con la aprobación de esta Convención, Colombia busca tener instrumentos para combatir ese tipo de delitos.
Dicho instrumento internacional pretende que Colombia como Estado Parte la Convención, “no reclute, utilice, financie, ni entrene mercenarios, y se prohíba cualquier tipo de actividad relacionada”.
Además, la aprobación de la Convención “exige que la legislación interna de los Estados Parte considere los aspectos legales de la figura del mercenario, lo que permitiría su criminalización, procesamiento y extradición en caso de ser necesario”.
El proyecto de ley propone crear delitos específicos para actos cometidos por mercenarios para combatir esas actividades y adoptar medidas públicas necesarias.
Según la propia Convención, se considera mercenario a “las personas que reclutan, utilizan, financian o entrenan a mercenarios…con el fin de que participen en un acto concertado de violencia destinado a derrocar a un Gobierno o a socavar de otro modo el orden constitucional de un Estado, o a socavar la integridad territorial de un Estado”.
El proyecto de ley será estudiado por la Comisión II del Senado de la República, que se encarga de los temas de relaciones internacionales y de seguridad y defensa nacional.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
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Preocupación por tutela que ordena suspender exploración en pozo Uchuva 2

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 La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifestaron su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2.

Las empresas de la industria del gas natural respetan y acatan las decisiones judiciales, sin embargo, esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.

En relación con el proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que el Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades competentes. La empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la Determinación de la No presencia de Comunidades Indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (DIMAR). Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental registrado.

Con la ejecución del proyecto NO se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la NO presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.

La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos administrativos. Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad.

Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), organización adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.

En cuanto a la afectación a la seguridad energética, los gremios profundizaron en que:

  1. En Colombia, exceptuando los proyectos costa afuera (incluido Uchuva), los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Los proyectos costa afuera tienen una alta prospectividad para gas, la cual es clave para revertir la disminución crítica y progresiva que vienen registrando las reservas de gas en el país; desde 2012 han caído en un 58%.
  2. El índice de reposición de reservas en los últimos 10 años (2014-2023) es del 25%, es decir, que se está descubriendo menos gas del que se produce/consume, de cada 10 pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5. Por lo anterior, el factor Reservas/Producción también evidencia una crítica situación en la disponibilidad de gas, ratificando la necesidad de aumentar la exploración y el desarrollo de este energético, así como de resolver las contingencias para incrementar las reservas y la producción.
  3. En 2023 se registró un incremento en recursos contingentes existentes del 29%, de los cuales la mayoría corresponde a recursos costa afuera. Este incremento es resultado del trabajo e inversiones realizadas por las empresas, y para viabilizarlos e incorporarlos como reservas se requiere exploración y desarrollo.

Finalmente, la ACP y Naturgas reiteran que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país; y hacen un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas)

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Bomberos Yopal se esfuerzan para extinguir gigantesco incendio forestal en Tolima

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal entregó informe sobre las labores realizadas en respuesta al incendio forestal que afecta la zona rural de Natagaima, Tolima. En el lugar, se encuentran 10 unidades entre ellas el Sargento Waldo Ramírez quien están a cargo de la operación.

Las temperaturas en la zona oscilan entre los 38 y 40 grados Celsius, con vientos de entre 18 y 27 km/h. El terreno es escarpado, con pendientes pronunciadas, y el material vegetal se encuentra en un avanzado estado de deshidratación, lo que complica aún más el control del incendio. Estas condiciones han generado fallas en las estrategias iniciales de contención.

El primer día, el personal trabajó en la construcción de una línea de defensa, pero un cambio inesperado en la velocidad y dirección del viento provocó que los esfuerzos se perdieran durante la tarde. En el segundo día de labores, en la vereda Pocharco, se logró controlar el fuego en uno de los sectores.

Ayer, 16 de septiembre, el incendio se reactivó nuevamente en la vereda Pocharco, pero el difícil acceso al terreno ha retrasado las labores de extinción. Se espera que el fuego avance hacia una zona más accesible para poder continuar con los esfuerzos de control.

En horas de la tarde, se determinó movilizar al personal hacia el municipio de Dolores, ya que el incendio ha superado los límites de Natagaima, afectando zonas rurales de este municipio vecino. También se evalúa la posibilidad de acampar en áreas cercanas al incendio para reducir los tiempos de traslado, que actualmente son de aproximadamente dos horas en vehículo desde la zona de emergencia hasta el casco urbano de Natagaima.

El equipo está empleando herramientas manuales y sopladoras, además de realizar ataques directos y construir nuevas líneas de defensa.

Fuente: Bomberos Yopal

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Proponen aumentar gradualmente la licencia de paternidad de 2 a 12 semanas

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El Gobierno del Cambio, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Trabajo, propuso aumentar de manera progresiva de 2 semanas a 12 las licencias de paternidad remuneradas.

La propuesta está contenida en el proyecto de Reforma Laboral, que estudia el Congreso de la República en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, y que pretende cerrar las brechas laborales entre hombres y mujeres y equilibrar el cuidado de los hijos en la familia.

A través del documento ‘Las licencias de paternidad: una apuesta para la redistribución del cuidado y la generación de empleo’, las dos entidades analizan los impactos sociales y económicos que traería la ampliación de esta licencia en el país.

De ser aprobada, la licencia de paternidad aumentaría gradualmente de dos semanas (actualmente) a ocho semanas en 2024; a 10 semanas en 2025 y a 12 semanas en 2026.

De esta forma, la licencia de paternidad tendría la misma duración que hoy tiene la licencia de maternidad, y el pago de este reconocimiento económico quedaría “a cargo de la EPS o la entidad que haga sus veces o la entidad que determine la Ley de Seguridad Social o el Gobierno nacional, y será reconocida por el nacimiento o adopción de hijas e hijos’.

De acuerdo con Alberto Bejarano, director de Desarrollo Social del DNP, con las licencias igualitarias de paternidad y de maternidad se reduce la brecha laboral entre hombres y mujeres y se garantiza el derecho a que ambos padres tengan la oportunidad de cuidar a sus hijos recién nacidos.

“La igualdad en la responsabilidad, el trato y las condiciones para eliminar la discriminación en el mercado de trabajo contra las mujeres es la base de la política de igualdad de género que se promueve en el marco de la reforma laboral igualitaria’, dijo el funcionario.

Bejarano, además, comentó que el DNP avanza en la elaboración de documentos Conpes relacionados con igualdad de género en temas del cuidado, comunidades Lgbtiq+, trabajo digno y decente, y reforma laboral.

Creación de empleo

El documento del DNP asegura que, si las empresas deciden reemplazar a las personas que salen a licencia de paternidad y maternidad, se necesitarían entre 6.000 y 18.000 trabajadores nuevos, dependiendo del porcentaje de trabajadores en licencia que se reemplacen: si se reemplaza 25% de los trabajadores en licencia, se necesitarán 6.000 trabajadores; si es 50% de las labores se necesitarán 11.995 trabajadores, y si el reemplazo es de 75% de los trabajadores en licencia se necesitarán 18.000 trabajadores nuevos.

Agrega el estudio que, además, al tener licencias de maternidad y paternidad igualitarias, “disminuye la penalización sobre el empleo de las mujeres, al dejar de considerarlas únicas responsables del cuidado de los hijos e hijas’.

 Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP

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