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Producción de petróleo y gas en Meta y Casanare para Ecopetrol aumentó el 4,3% en 2018

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El incremento en la extracción petróleo y gas en los departamentos del Meta y Casanare por parte de Ecopetrol durante el 2018, arrojó un positivo balance en términos de generación de mano de obra local, contratación de  bienes y servicios,  y en el avance en proyectos de inversión social para la población llanera.

El año anterior los campos de producción operados por Ecopetrol en los mencionados departamentos produjeron 402.600 barriles de petróleo equivalente por día (kbepd) lo que representó un incremento de 4,3% en comparación con el año anterior. La producción combinada de los dos departamentos representa el 56% de la producción anual del Grupo Ecopetrol.

Se destaca principalmente el crecimiento de la producción del campo Rubiales ubicado en el municipio de Puerto Gaitán la cual pasó de 118,7 miles de barriles equivalentes en 2017 a 119,5 miles de barriles equivalentes por día, gracias a los buenos resultados arrojados con la campaña de perforación y la entrada en operación de proyectos para incrementar la capacidad de almacenamiento y tratamientos de fluidos.

A su vez, sobresalió el incremento de producción y ventas de gas en los campos Cupiagua y Cusiana, en el departamento de Casanare, para atender la alta demanda del sector industrial y térmico del país.

También fue positivo el permanente crecimiento del campo de producción Akacías, perteneciente al Bloque CPO-9 y ubicado en el municipio de Acacías (Meta), y la reactivación de la perforación en el campo de Apiay (Meta) que no se daba desde hace cuatro años.

De otra parte y pese a las dificultades de orden público ocurridas  los municipios de Acacías y Castilla la Nueva en febrero de 2018, fue posible mantener la producción anual de Castilla y Chichimene, dos de los más grandes campos de producción de crudo pesado y extrapesado del país.

En general, el  buen desempeño de producción en esta región del país, fue resultado de las eficientes campañas de perforación que se realizaron, que en total sumaron la perforación de 169 pozos de producción con la puesta en operación de 12 taladros de perforación.

En la siguiente tabla se evidencia el incremento de la producción entre las vigencias 2017 y 2018:

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Mayor generación de empleo

El incremento en la actividad en la región se vio reflejado en el empleo local. Al corte de diciembre de 2018, un total de 18 mil personas trabajaron con dedicación exclusiva en las obras y proyectos que desarrolló Ecopetrol entre los departamentos de Meta y Casanare, a través de sus empresas contratistas.

De ese total, el 79% correspondió a mano de obra local, es decir que 14 mil 213 ocupaciones fueron desempeñadas por llaneros (metenses y casanareños).

A su vez, en los últimos 14 meses, la vinculación de mano de obra indígena ha pasado de 71 a 230 trabajadores, lo que representa un incremento del 224%.

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Incremento en contratos para proveedores de la región

Durante el 2018, un total de $326 mil millones se gestionaron desde Ecopetrol y sus empresas contratistas en contratos de bienes y servicios con proveedores de la región, con el propósito de mejorar la competitividad y oportunidades de crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas llaneras.

De ese total, Ecopetrol generó contratos por $210 mil millones, mientras que las empresas contratistas que operan distintas obras y proyectos, transaron negocios por $116 mil millones.

Los principales bienes y servicios que se contrataron corresponden a actividades de transporte de personal, equipos, carga y material petreo, alimentación, suministro de materiales metalúrgicos, alquiler de maquinaria y equipos, y suministro de ferretería.

Por su parte, las principales cifras de contratación local se concentraron en los municipios de Villavicencio, Castilla La Nueva y Puerto Gaitán, en el Meta, así como Aguazul, Yopal y Tauramena, en Casanare.

Inversiones para el desarrollo y progreso de los llaneros

De la misma forma, durante el 2018, Ecopetrol avanzó en la ejecución de 45 proyectos de inversión social  por más de $72 mil millones que beneficiaron a cerca de 80 mil personas entre los departamentos de Casanare y Meta.

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Francy Edith Ramírez, vicepresidente de la Regional Oriente

José Cotello, vicepresidente de la Regional Orinoquia

Fuente: Comunicaciones Ecopetrol

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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