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Producción de petróleo y gas en Meta y Casanare para Ecopetrol aumentó el 4,3% en 2018
El incremento en la extracción petróleo y gas en los departamentos del Meta y Casanare por parte de Ecopetrol durante el 2018, arrojó un positivo balance en términos de generación de mano de obra local, contratación de bienes y servicios, y en el avance en proyectos de inversión social para la población llanera.
El año anterior los campos de producción operados por Ecopetrol en los mencionados departamentos produjeron 402.600 barriles de petróleo equivalente por día (kbepd) lo que representó un incremento de 4,3% en comparación con el año anterior. La producción combinada de los dos departamentos representa el 56% de la producción anual del Grupo Ecopetrol.
Se destaca principalmente el crecimiento de la producción del campo Rubiales ubicado en el municipio de Puerto Gaitán la cual pasó de 118,7 miles de barriles equivalentes en 2017 a 119,5 miles de barriles equivalentes por día, gracias a los buenos resultados arrojados con la campaña de perforación y la entrada en operación de proyectos para incrementar la capacidad de almacenamiento y tratamientos de fluidos.
A su vez, sobresalió el incremento de producción y ventas de gas en los campos Cupiagua y Cusiana, en el departamento de Casanare, para atender la alta demanda del sector industrial y térmico del país.
También fue positivo el permanente crecimiento del campo de producción Akacías, perteneciente al Bloque CPO-9 y ubicado en el municipio de Acacías (Meta), y la reactivación de la perforación en el campo de Apiay (Meta) que no se daba desde hace cuatro años.
De otra parte y pese a las dificultades de orden público ocurridas los municipios de Acacías y Castilla la Nueva en febrero de 2018, fue posible mantener la producción anual de Castilla y Chichimene, dos de los más grandes campos de producción de crudo pesado y extrapesado del país.
En general, el buen desempeño de producción en esta región del país, fue resultado de las eficientes campañas de perforación que se realizaron, que en total sumaron la perforación de 169 pozos de producción con la puesta en operación de 12 taladros de perforación.
En la siguiente tabla se evidencia el incremento de la producción entre las vigencias 2017 y 2018:
Mayor generación de empleo
El incremento en la actividad en la región se vio reflejado en el empleo local. Al corte de diciembre de 2018, un total de 18 mil personas trabajaron con dedicación exclusiva en las obras y proyectos que desarrolló Ecopetrol entre los departamentos de Meta y Casanare, a través de sus empresas contratistas.
De ese total, el 79% correspondió a mano de obra local, es decir que 14 mil 213 ocupaciones fueron desempeñadas por llaneros (metenses y casanareños).
A su vez, en los últimos 14 meses, la vinculación de mano de obra indígena ha pasado de 71 a 230 trabajadores, lo que representa un incremento del 224%.
Incremento en contratos para proveedores de la región
Durante el 2018, un total de $326 mil millones se gestionaron desde Ecopetrol y sus empresas contratistas en contratos de bienes y servicios con proveedores de la región, con el propósito de mejorar la competitividad y oportunidades de crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas llaneras.
De ese total, Ecopetrol generó contratos por $210 mil millones, mientras que las empresas contratistas que operan distintas obras y proyectos, transaron negocios por $116 mil millones.
Los principales bienes y servicios que se contrataron corresponden a actividades de transporte de personal, equipos, carga y material petreo, alimentación, suministro de materiales metalúrgicos, alquiler de maquinaria y equipos, y suministro de ferretería.
Por su parte, las principales cifras de contratación local se concentraron en los municipios de Villavicencio, Castilla La Nueva y Puerto Gaitán, en el Meta, así como Aguazul, Yopal y Tauramena, en Casanare.
Inversiones para el desarrollo y progreso de los llaneros
De la misma forma, durante el 2018, Ecopetrol avanzó en la ejecución de 45 proyectos de inversión social por más de $72 mil millones que beneficiaron a cerca de 80 mil personas entre los departamentos de Casanare y Meta.
Francy Edith Ramírez, vicepresidente de la Regional Oriente
José Cotello, vicepresidente de la Regional Orinoquia
Fuente: Comunicaciones Ecopetrol
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
