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Procuraduría investigará irregularidades en construcción de planta de etanol de Puerto López

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Como necesaria, urgente y muy positiva fue calificada por la Senadora Maritza Martínez el inicio de las investigaciones disciplinarias contra los miembros de la Junta Directiva de Bioenergy por los sobrecostos e irregularidades en el diseño, construcción y puesta en operación de la Planta El Alcaraván, en jurisdicción del municipio de Puerto López, departamento del Meta.

En palabras de la Senadora Martínez Aristizábal, “son muchas las irregularidades que denunciamos en su momento en la Comisión Quinta del Senado de la República. Por un lado, evidenciamos que el proyecto inició costando 140 millones de dólares y su costo se incrementó a unos 750 millones de dólares. Esto es, un incremento del 435%. Todo lo anterior pese a que la modalidad de contrato (llave en mano a precio global fijo) no permitía que se realizaran adiciones u otrosís al valor inicialmente contemplado” .

La Senadora denunció en su momento, la escogencia de ISOLUX CORSÁN como contratista, quien carecía por completo de experiencia en el desarrollo de proyectos de esta envergadura; y la falta de atención casi dolosa de Bioenergy y Ecopetrol a las observaciones hechas por la empresa Interventora TIPIEL con respecto a la optimización de los costos propuestos por el contratista y a las fallas técnicas y la falta de idoneidad de éste para el desarrollo del objeto del contrato.

“La planta que inicialmente debió estar completa y operando para abril de 2012, tan solo fue terminada mecánicamente en diciembre del año pasado. Produjo su primer litro de etanol el 22 de diciembre del mismo año, y hace tan solo un mes inició el proceso de comercialización del alcohol carburante. Son más de 5 años de retraso, los cuales no solo generaron un enorme impacto para las finanzas públicas, sino que afectaron hondamente a la economía de Puerto López, en donde miles de personas y empresas de la región fueron estafados por parte de ISOLUX CORSÁN”, señala la Parlamentaria.

“Esperamos que esta investigación que hoy inicia la Procuraduría también cobije a los miembros que estuvieron en la Junta Directiva de Ecopetrol en el periodo en el cual se viabilizó el proyecto (2007-2008). Recordemos que la estatal petrolera es la accionista mayoritaria de Bioenergy y es en virtud de lo anterior que el Organismo de Control inicia esta investigación”, puntualizó Martínez Aristizábal.

Fuente: Prensa Maritza Martínez Aristizábal

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Gobernador del Meta de nuevo hospitalizado por complicaciones con la Covid-19

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A través de redes sociales el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que su estado de salud, requirió de nuevo hospitalización:

“Por recomendación médica debo ser internado nuevamente en la clínica. Agradezco mucho sus mensajes y oraciones. Confiando en Dios vamos a salir adelante. Mis oraciones para todas las personas que también atraviesan este duro momento. Por favor, hay que seguir cuidándose”. Concluyó el mandatario.

Apenas hace dos semanas fue diagnosticado con Covid-19 y había estado hospitalizado algunos días para monitorear los síntomas de la enfermedad y fue dado de alta, lamentablemente habría presentado complicaciones que obligaron a internarlo en Unidad de Cuidados Intensivos.

Por ahora se espera que a diario se entregue un parte médico de la evolución en la salud del mandatario.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

Lea también: Gobernador del Meta está hospitalizado por síntomas de Covid-19

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Siguen apareciendo estafados con “Legavivienda” en Villavicencio

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La Fiscalía sumó 22 nuevos casos de víctimas a la investigación que se sigue en contra de Néstor Arnulfo García Parrado, quien está siendo judicializado como presunto responsable del delito de estafa en masa agravada.

El hombre, de 58 años de edad, sería el responsable de estafar a varias personas a quienes les habría ofrecido en venta casas de interés social, supuestamente, ubicadas en la urbanización San Antonio de Villavicencio. Por estos hechos la Fiscalía imputó al implicado como supuesto responsable del delito de estafa en masa agravada, el cual no fue aceptado.

Los hechos se habrían presentado entre el 2007 y el 2012. Para entonces, el procesado habría sido el representante legal de la unión temporal Legavivienda. Usando esa fachada el implicado, supuestamente, obtuvo ilícitamente de 36 personas, ya no de 14 como fue imputado inicialmente, más de 203 millones de pesos.

El implicado habría inducido al error a las víctimas, quienes creyeron en las promesas de alcanzar el sueño de acceder a una Vivienda de Interés Social, lo cual no cumplió.

La Fiscalía continúa la investigación relacionadas con la presunta existencia de poco más de medio centenar de afectados.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Familia desplazada por las FARC en Mapiripán regresó a sus tierras

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Los integrantes de la familia Téllez regresaron felices a la tierra que hace 26 años les arrebató la violencia guerrillera. De la mano de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Fuerza Pública, sus integrantes retornaron al predio El Progreso, ubicado en la vereda Caño Ovejas de Mapiripán, Meta.

En 1995, esta familia integrada por Fernando Téllez, su esposa y sus cinco hijos, se vio obligada a abandonar el municipio de Mapiripán, y a desplazarse hacia Villavicencio para proteger sus vidas, debido a las presiones y amenazas perpetradas por la guerrilla de las FARC, que pretendían reclutar a los hijos menores para incorporarlos a sus filas.

La Unidad de Restitución de Tierras ejerció la representación judicial de esta familia, logrando así que la justicia los declarara víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a su vez, ordenara la restitución jurídica y material del predio.

El director de la Unidad en Meta, Wilson Leyton, señaló que con la entrega material de las 58 hectáreas y 5.632 metros que componen el predio, se dio cumplimiento a la orden del Juez de restitución de tierras, no obstante, la restitución va más allá de la devolución de la tierra, porque al retornar al campo, la familia Téllez se beneficiará con un proyecto productivo y recibirá asesoría técnica que le permitirá garantizar su seguridad alimentaria y tener un futuro sostenible.

Asimismo, como complemento para su reparación integral, los Téllez, serán objeto de otro tipo de medidas a su favor por parte de las diferentes entidades del Estado como subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, acompañamiento psicosocial, e inclusión en programas de formación, entre otros.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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