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Procuraduría investigará irregularidades en construcción de planta de etanol de Puerto López
Como necesaria, urgente y muy positiva fue calificada por la Senadora Maritza Martínez el inicio de las investigaciones disciplinarias contra los miembros de la Junta Directiva de Bioenergy por los sobrecostos e irregularidades en el diseño, construcción y puesta en operación de la Planta El Alcaraván, en jurisdicción del municipio de Puerto López, departamento del Meta.
En palabras de la Senadora Martínez Aristizábal, “son muchas las irregularidades que denunciamos en su momento en la Comisión Quinta del Senado de la República. Por un lado, evidenciamos que el proyecto inició costando 140 millones de dólares y su costo se incrementó a unos 750 millones de dólares. Esto es, un incremento del 435%. Todo lo anterior pese a que la modalidad de contrato (llave en mano a precio global fijo) no permitía que se realizaran adiciones u otrosís al valor inicialmente contemplado” .
La Senadora denunció en su momento, la escogencia de ISOLUX CORSÁN como contratista, quien carecía por completo de experiencia en el desarrollo de proyectos de esta envergadura; y la falta de atención casi dolosa de Bioenergy y Ecopetrol a las observaciones hechas por la empresa Interventora TIPIEL con respecto a la optimización de los costos propuestos por el contratista y a las fallas técnicas y la falta de idoneidad de éste para el desarrollo del objeto del contrato.
“La planta que inicialmente debió estar completa y operando para abril de 2012, tan solo fue terminada mecánicamente en diciembre del año pasado. Produjo su primer litro de etanol el 22 de diciembre del mismo año, y hace tan solo un mes inició el proceso de comercialización del alcohol carburante. Son más de 5 años de retraso, los cuales no solo generaron un enorme impacto para las finanzas públicas, sino que afectaron hondamente a la economía de Puerto López, en donde miles de personas y empresas de la región fueron estafados por parte de ISOLUX CORSÁN”, señala la Parlamentaria.
“Esperamos que esta investigación que hoy inicia la Procuraduría también cobije a los miembros que estuvieron en la Junta Directiva de Ecopetrol en el periodo en el cual se viabilizó el proyecto (2007-2008). Recordemos que la estatal petrolera es la accionista mayoritaria de Bioenergy y es en virtud de lo anterior que el Organismo de Control inicia esta investigación”, puntualizó Martínez Aristizábal.
Fuente: Prensa Maritza Martínez Aristizábal
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
