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Procuraduría formuló cargos al alcalde, exalcalde y 13 exfuncionarios de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por valor de $2.545.537.290 pesos, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al alcalde de Puerto Gaitán, Meta (2016-2019), José Alexander Fierro Guayara, quien también habría cometido esta conducta en el 2013 cuando se desempeñó como secretario local de Educación y Cultura.

La decisión también cobija al exalcalde, Édgar Humberto Silva González (2012-2015); a los exsecretarios administrativos y financieros, Ramón Octavio Colina y Gina Marcela Herrera; los exsecretarios de Gobierno, Ángela María Moreno Neira, Henry Alberto Villamarín, Luis Ever Riveros Mayorga, Martha Isabel Serrano García y William Alberto Cubillos Hernández; al exjefe de la Oficina Asesora de Planeación, Luis Alejandro Castellanos Rodríguez; los exsecretarios agropecuarios y de Medio Ambiente, Moisés Gualdrón Jaspe, Nohemy Peñuela Cano y Ómar Sebastián Páez Cocunubo; la exdirectora local de Salud, Yenneire Ochoa Bernal, y el exsecretario de Infraestructura, William Oswaldo Morales Rojas.

Al parecer, los investigados habrían solicitado, gestionado, tramitado, aprobado y legalizado recursos públicos municipales a través de resoluciones de avance, una figura que les habría permitido la destinación irregular de dineros, durante el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 2013 y el 23 de mayo de 2016.

El ente de control cuestionó a Fierro Guayara y Silva González por la presunta falta de control y vigilancia sobre la actividad precontractual y contractual, que fue delegada en los secretarios de Gobierno de turno.

A los demás exfuncionarios se les endilgó un posible mal manejo de los recursos económicos públicos, así como la presunta participación en la etapa precontractual y/o en la actividad contractual, con desconocimiento de los principios que las rigen.

Es de señalar que la Fiscalía 10 Seccional de Villavicencio condenó en noviembre de 2018 a una de las investigadas dentro del proceso penal que, al parecer, por estos mismos hechos adelanta contra varios exservidores de Puerto Gaitán.

En esta etapa procesal, la Procuraduría Provincial de Villavicencio calificó las faltas del mandatario y de 12 funcionarios más como gravísimas cometidas con culpa gravísima. Y las del exmandatario y la exsecretaria administrativa y financiera como graves a título de culpa gravísima.

En ejercicio del derecho a la defensa que les asiste, los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que estimen pertinentes.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Definen plan de acción a favor de las víctimas del conflicto en el Meta

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En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.

Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.

Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.

Fuente: Gobernación del Meta

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Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo

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Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.

La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.

El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.

Fuente: Policía Meta

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JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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