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Procuraduría: detenidos en cantón militar de Apiay deben pasar a centros de reclusión

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En oficio enviado al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Procuraduría General de la Nación solicitó el traslado inmediato a centros carcelarios de las Personas Privadas de la Libertad con medida de aseguramiento, que están bajo la custodia del Batallón de Ingenieros No. 7 “General Carlos Albán Estupiñán”, con sede en el Cantón Militar de Apiay (Meta), Cuarta División del Ejército Nacional.

El requerimiento del ente de control busca que se hagan efectivas las órdenes judiciales impuestas contra 25 detenidos, cuya seguridad fue asignada transitoriamente al mencionado batallón desde el 2020 en razón de la emergencia sanitaria decretada, a pesar de que su custodia y vigilancia le correspondía a los centros de reclusión del INPEC legalmente constituidos.

En el escrito al director del INPEC, el Procurador Regional del Meta, Luis Enrique Moncada Reyes, reiteró la advertencia hecha por el comandante del Batallón de Ingenieros No. 7, quien puntualizó que las instalaciones del Cantón Militar de Apiay se encuentran a un 100% de su capacidad.

Esta actuación preventiva de Ministerio Público hace parte de una labor interinstitucional articulada que no pretende coadministrar, sino velar por el fortalecimiento de la seguridad y la defensa de la soberanía, y por la integridad territorial y el orden constitucional.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Se lograrán más recursos para proteger el Bioma Amazónico en el Meta

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El Congreso de la República recientemente aprobó el Presupuesto General de la Nación 2022 en el que se incluye el impuesto nacional al carbono, el cual está destinado a la protección, preservación, conservación de los bosques y uso sostenible de las áreas y ecosistemas estratégicos del territorio colombiano.

La ley contempla una proposición de la senadora Maritza Martínez y la representante a la Cámara por el Meta Jennifer Arias, que indica que el 15 % del recaudo del impocarbono, será transferido a las corporaciones ambientales de desarrollo sostenible con jurisdicción en la Amazonía, entre ellas Cormacarena. Mientras que el otro 85 %, se empleará a programas de reforestación y Pagos por Servicios Ambientales bajos los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Andrés Felipe García Céspedes director de la Corporación, aseguró que estos recursos que se recibirán en la próxima vigencia, serán destinados a la protección de los bosques, a la lucha contra la deforestación y a fortalecer la estrategia Alianza Sur Meta, que busca la recuperación económica, social y ambiental de las familias alrededor del Bioma Amazónico.

Recordó que desde el año 2013 se han deforestado más de 200.000 hectáreas de bosque y a diario se talaba una zona similar al tamaño de 140 canchas de fútbol, sin embargo, en este primer semestre del 2021, se ha registrado una disminución de un 30 % con respecto al año anterior, gracias a las acciones en conjunto entre las Fuerzas Militares, la gobernación del Meta, las alcaldías y Cormacarena.

Fuente: Cormacarena

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Familia desplazada en Granada, recuperó su finca y emprendió con cultivos

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La familia Mosquera, pasó de ser víctima de la violencia a convertirse en emprendedora del campo. Después de recuperar el predio “Maracaibo”, ubicado en la vereda El Crucero, sus integrantes le apostaron a la siembra de 2.5 hectáreas de cacao y maracuyá, como alternativa productiva para garantizar su sustento económico.

En 2001, Jair Ignacio Mosquera, su esposa e hijos adquirieron la finca de 11 hectáreas en la cual cultivaban plátano, maracuyá, maíz y otros productos de pancoger. Desde el año 2003, la situación de orden público se agudizó en la zona por la presencia de paramilitares quienes cobraban vacunas a los campesinos; pero fue en 2014 que, ante la imposibilidad de pagar los cobros ilegales, la familia Mosquera recibió amenazas de muerte y fue obligada a abandonar el predio y a desplazarse hacia Samaná, Caldas.

Los Mosquera acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras para que esta entidad llevara su caso ante la justicia, y fue así como en abril de 2020 el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, emitió sentencia mediante la cual ordenó la restitución del predio y otros beneficios para su reparación integral.

Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, señaló “en cumplimiento de esta sentencia, la Unidad hizo entrega material del predio a la familia Mosquera y luego le otorgó un subsidio por $36 millones para la implementación del proyecto mediante sistema agroforestal que consiste en el establecimiento de un cultivo de 2.5 hectáreas sembradas con 2.125 plantas de cacao y 1.500 matas de maracuyá como sombrío transitorio; y además le aseguramos la venta de la cosecha con la gestión del contrato de comercialización con la empresa Work Cacao por 10 años ”.

Finalmente, la directora Jenny Capote, destacó que la Unidad de Restitución de Tierras, reafirma su compromiso con las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, al acompañarlas en el proceso de retorno al campo y transformación de sus vidas.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Meta

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Por muerte de abejas, ICA llegó a predios apicolas del Meta

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Debido a la muerte de abejas presentada en los municipios de Puerto Gaitán y San Juan de Arama, Meta, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, adelantó visitas de inspección y vigilancia sanitaria en predios apícolas del departamento, para analizar las causas de la muerte y generar estrategias para contribuir a la protección de los polinizadores.

Las visitas se realizaron en 2 predios de San Juan de Arama y en 3 de puerto Gaitán, en donde se encontraron 14 apiarios y 83 colmenas, y se realizó la inspección correspondiente para verificar la condición fitosanitaria y la presencia o ausencia de plagas que afectan directamente a los polinizadores.

Así mismo, funcionarios del Instituto participaron en una capacitación sobre el manejo apícola en los predios del departamento y la implementación de medidas para la protección de las abejas desde la agricultura.

El ICA, como autoridad sanitaria, responde a las necesidades del sector apícola por medio de capacitaciones a los funcionarios y contratistas, para que actualicen sus conocimientos y atiendan las notificaciones de declaración obligatoria de esta especie, dando apoyo a los productores y contribuyendo al mejoramiento de este sistema productivo.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario

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