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Procuradora advierte sobre más de 27 mil casos con alto riesgo de trashumancia electoral en el país

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La Procuradora, Margarita Cabello Blanco, manifestó en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales su preocupación por 27.891 ciudadanos que no se encuentran en las bases de datos utilizadas, que corresponden a los municipios donde realizaron la inscripción para ejercer el derecho al voto.

Dentro de la vigilancia preventiva identificaron que los municipios con mayor número de ciudadanos que no corresponden a las bases de datos del municipio son: Bogotá (3.786), Cúcuta (1.251), Medellín (995), Ibagué (899) y Barranquilla (878 casos).

Destacó la funcionaria que, se le debe poner toda la atención a estos posibles casos se trashumancia, debido a que dicha información está contrastada con las bases de datos del Sistema Nacional de Identificación y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), con la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud (BDUA) y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).

Para evitar posibles delitos electorales, la Procuradora le requirió a las autoridades electorales la relación de los 1.739.105 ciudadanos inscritos, con corte al 20 de julio, para actualizar su residencia electoral para las elecciones del próximo 29 de octubre, así como de los más de 2 millones inscritos a corte de agosto de 2023.

Además, frente a posibles inhabilidades de candidatos y como representante del máximo organismo de vigilancia electoral, le solicitó al Registrador que remita –dentro de los términos– la relación definitiva de inscritos, con el fin de realizar el cruce de la misma con la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) y así solicitar una posible revocatoria de inscripción.

Seguridad en las elecciones

La Procuradora se refirió al incremento de hechos de violencia sobre la población en alguna zonas del territorio nacional, la mayoría ejecutadas por actores armados u organizaciones al margen de la ley. “Esta situación afecta el orden público y la convivencia ciudadana y, por ende, pueden incidir y afectar el derecho a la participación y el derecho a elegir y postular”.

En su intervención lamentó el caso del alcalde de La Playa de Belén, Norte de Santander, quien renunció a su cargo debido a amenazas y atentados.

“Es inadmisible, que, después de 20 años, un alcalde deba renunciar a su cargo por ver su integridad en riesgo. Parece que vamos en un retroceso en cuanto al orden público y a la seguridad en el país, especialmente en las zonas críticas que más necesitan un refuerzo en su seguridad”.

Finalmente, la Procuradora hizo un llamado al respeto por la institucionalidad colombiana y por el ordenamiento jurídico.

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

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Reforma pensional superó el tercer debate en la Cámara de Representantes

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Luego de un amplio proceso de concertación y construcción de acuerdos, este jueves fue aprobada en tercer debate la Reforma Pensional, con la que el Gobierno Nacional busca garantizar que el acceso a la pensión en Colombia vuelva a ser un derecho.

El proyecto de ley recibió 17 de 20 votos a favor de los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que respaldaron la creación de un sistema pensional que sea más equitativo, moderno y solidario y que garantizará una vejez digna para tres millones de colombianos en situación de pobreza extrema.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que esta inciativa representa una revolución en materia social y expuso que su aprobación se dio como resultado de la amplia discusión entre todas las bancadas que conforman la Comisión Séptima, que permitió alcanzar consensos para que el proyecto pase ahora a manos de la plenaria de la Cámara.

A su turno, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, destacó que la Reforma Pensional permitirá que más personas puedan tener un ingreso para la vejez y hará que el sistema sea más justo, ya que actualmente solo uno de cada cuatro hombres y una de cada ocho mujeres se pensiona.

Entre lo aprobado en el tercer debate, se destaca que todos los colombianos deberán cotizar sus ingresos hasta los 2.3 salarios mínimos en el fondo público y con la Reforma pensional se simplificará el trámite para pasar al sistema pensional estatal.

Además, se garantiza que las semanas de cotización y la edad de pensión se mantienen; en el caso de las mujeres disminuye el número de semanas cotizadas a 1.000 semanas.

También se disminuirá en 50 semanas cotizadas por cada hijo hasta un máximo de 3 hijos, es decir, las mujeres que tengan 3 o más hijos podrán pensionarse con 850 semanas de cotización a pensión.

Otro aspecto clave de lo aprobado beneficia a los adultos mayores en situación de extrema pobreza y sin pensión, quienes recibirán alrededor de 260 mil pesos (actualizados anualmente con la inflación), para garantizar que no estén debajo de la línea de pobreza extrema.

Fuente: Ministerio del Interior

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Unidad para las Víctimas alerta por aumento de fraudes a víctimas del conflicto armado

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La Unidad para las Víctimas alerta a las víctimas de todo el país y a la opinión pública sobre el aumento de intentos de fraude en varios departamentos.

En las regiones, el Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes de la entidad ha identificado casos relacionados con exigencias económicas que terceros hacen a las víctimas que han recibido pagos por concepto de ayuda humanitaria o indemnización.

La entidad investiga si los casos recientes están relacionados con los recientes pagos de indemnizaciones a víctimas de ruta priorizada, de la que hacen parte adultos mayores de 68 años, personas con discapacidad y personas con enfermedades ruinosas, catastróficas o de alto costo.

El pasado 9 de abril, la Unidad anunció el plan de aceleración para indemnizar a las 106.337 personas que hacen parte de esta ruta priorizada. En abril se entregaron más de 384.000 millones de pesos a 35.975 personas en todo el país.

Entre las modalidades de intento de fraude reportadas están las llamadas telefónicas para ofrecer el pago de indemnización a personas desplazadas, previo diligenciamiento de datos personales en un formulario ajeno a la entidad. También hay casos de personas inescrupulosas que piden a las víctimas fotocopias de la cédula para supuestamente tramitar de forma más rápida la entrega del dinero de la indemnización.

Al respecto, la Unidad para las Víctimas aclara que los pagos de indemnizaciones se depositan directamente en las cuentas de las víctimas y que ningún trámite requiere de intermediario. Todos son gratuitos y los beneficiarios pueden dirigirse a los Puntos de Atención a Víctimas (PAV) y los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) para averiguar por las medidas de reparación integral.

Con corte al pasado 31 de marzo, el Grupo contra Fraudes de la Unidad para las Víctimas recibió un total de 9.457 quejas por diferentes casos, de las cuales 3.637 han sido efectivamente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación.

La Coordinadora del Grupo de Defensa Judicial, Lucía Puerto, hizo un llamado a las víctimas del conflicto armado para que no suministren sus datos personales, como número de cédula, número de teléfono celular, número de cuenta y ningún otro dato a personas extrañas. También pidió que no exhiban sus documentos de identidad a personas desconocidas e insistió en que las víctimas no deben entregar información sobre su proceso de pago de ayuda humanitaria o indemnización a personas ajenas a la entidad.

Fuente: Unidad para las Víctimas

 

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Atentos, estas son las cinco infracciones de tránsito que ya no generarán inmovilización de la moto

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En su cuarto y último debate por el Congreso de la República, la plenaria del Senado le dio el sí definitivo a la iniciativa de autoría del Senador Alejandro Vega que elimina del Código Nacional de Tránsito la inmovilización de motocicletas en 5 casos específicos.

Se trata de las infracciones estipuladas en los numerales D3, D4, D5, D6 y D7 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. Se trata de conductas tales como transitar en sentido contrario al estipulado en la vía; no detenerse ante la luz roja o amarilla; conducir sobre separadores o bermas; adelantar en lugares prohibidos, entre otras, por las que, en todo caso, se mantiene la multa.

Según su autor, el Senador Vega, lo que se busca con esta propuesta es instaurar un escenario de equidad en el tratamiento de las sanciones, liberando a los motociclistas de una “trampa de pobreza” que se constituye con la doble penalidad de la multa más la inmovilización. Escenario que no enfrentan otro tipo de automotores que representan un mayor peligro al cometer las mismas infracciones.

El Senador Vega aclaró que, bajo esta nueva legislación, la sanción económica seguirá vigente, pero se eliminará la práctica de la inmovilización como parte de la penalidad. Con lo cual busca también hacerle frente a la persecución indebida por parte de privados y autoridades de tránsito a los motociclistas.

La iniciativa, ya aprobada en sus cuatro debates correspondientes, pasará ahora a conciliación para luego ir a sanción presidencial. Última instancia para convertirse en Ley de la República y entrar en vigencia.

Fuente: Equipo de Prensa – Alejandro Vega Pérez – Senador de la República

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