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Primera sentencia de restitución en Mesetas ordena compensar a familia desterrada por la guerrilla
Una familia que fue desterrada por el accionar de la guerrilla de las Farc-Ep en Mesetas (Meta), fue reconocida como víctima de abandono forzado del predio “La Cabaña”, de 38 hectáreas y 6.685 metros cuadrados, ubicado en la vereda Betania.
Al proferir la primera sentencia de restitución de tierras de este municipio, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su compensación y reconoció que el actual ocupante demostró la buena fe exenta de culpa.
La historia comenzó en 1994, cuando la pareja de esposos adquirió la finca para cultivar en ella yuca, caña, plátano, maíz y criar ganado. La tranquilidad familiar terminó con la presencia del frente 40 de las Farc y la incursión paramilitar en la zona. En esa época, la guerrilla citaba constantemente a los habitantes en la escuela de la vereda para extorsionarlos. Así mismo, obligaba a los menores de edad a dejar sus estudios para ingresarlos en sus filas.
El día más crítico para la familia fue el 9 de abril de 2006, cuando hombres armados llegaron al predio y manifestaron que, por orden del comandante “Pluma”, tenían dos días de plazo para sacar a su hijo del internado y entregárselo a la organización ilegal. Además, por esos días, hubo un enfrentamiento entre el Ejercito y las Farc que dejó como consecuencia la destrucción de la vivienda.
Ante estos hechos, la familia debió desplazarse hacia el municipio de Puerto Gaitán. La finca quedó en manos de un familiar pero, al poco tiempo, fue enajenada a un campesino por $30 millones. Él fue reconocido como segundo ocupante de buena fe por no tener relación con el hecho victimizante.
Con el paso del tiempo y tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, los integrantes de esta familia acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que llevó su caso ante la justicia. Hoy en día logró que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y, a la vez, que se ordenara la compensación de su predio.
Entretanto, en el terreno, donde además funciona la escuela de la vereda Betania, continuará residiendo el ocupante, quien demostró que adquirió legalmente el predio.
Martha Liliana Arévalo, directora territorial encargada de la URT en Meta, dijo: “celebro que la justicia emita la primera sentencia de Mesetas, uno de los municipios históricamente afectados por el conflicto armado y despojo de tierras. Allí las víctimas han presentado en total 573 solicitudes y la Unidad ha radicado 60 demandas ante los jueces de restitución”.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras. URT
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.


