CASANARE
Concejal de Monterrey cuestiona presunta entrega “a dedo” de un Macroacueducto
Desconociendo una consultoría contratada por la Administración Municipal anterior, que arrojó como resultado adelantar una Licitación Pública para la operación del Macroacueducto de Monterrey, el actual gobierno pretende celebrar un convenio con Acuatodos por 6 meses para la puesta en funcionamiento de esta obra.
Así quedó establecido en la socialización del Proyecto de Acuerdo para autorizar al Alcalde, para que con vigencias futuras del año 2018 apalancara recursos para este proceso. El total del contrato asciende a los 522 millones de pesos.
Según habitantes del municipio y Concejales, no se ha podido establecer cuáles son los alcances específicos del convenio. Solo se conoce la decisión unilateral del Alcalde de adelantar el proceso contractual con Acuatodos. Empresa que, según comentarios en el recinto del Concejo Municipal, no brinda las garantías necesarias para garantizar el servicio del acueducto rural.
El concejal Jaime Avendaño Barrera le solicitó al ejecutivo municipal suspender ese proceso, debido a los problemas que ha venido presentando la empresa departamental. Citó en el debate, los pronunciamientos de la Asamblea Departamental referentes al incumplimiento en la labor misional y objeto social, los problemas financieros de la misma y un informe de la Contraloría de Casanare, donde dio concepto desfavorable en el control de gestión.
Para el Concejal, no hay claridad por qué se escogió a dedo esta empresa. “He solicitado en varias sesiones copia de los resultados de la consultoría y no ha sido posible su entrega. Igualmente no conocemos las razones de orden técnico, administrativo y legal de por qué se escogió a Acuatodos”, dijo Avendaño Barrera.
El Proyecto de Acuerdo se tramitó con mensaje de urgencia por parte del Alcalde en seis días, siendo aprobado por mayoría. Nuevamente el concejal de la Alianza Social Independiente cuestionó este caso. Además, dijo, que en seis meses no se garantiza la solución a la problemática de agua de estos sectores.
“Me preocupa es que le estemos mandando un salvavidas económico a una empresa en problemas financieros, cuestionada por la Duma Departamental y a la cual no le podemos hacer control político. Se debió realizar ese proceso con la empresa de nuestro municipio”·
En el mismo sentido se pronunció el compañero de bancada Paulino Mora Amaya, quien recordó la nefasta obra que contrató Acuatodos en Monterrey. “No me genera nada de confianza este proceso. No olvidemos que se ha gastado una cuantiosa cantidad de recursos en la PTAR. Obra que por los problemas en la ejecución, no ha sido posible la entrega a la empresa municipal de servicios públicos”.
La preocupación no solo fue de los Concejales. La comunidad que asistió al debate también hizo sus reparos. Los comunales denunciaron que los ramales aún no se han terminado y que en muchos sectores no les llega el agua.
El Acuerdo se encuentra listo para sanción del alcalde Orlando Martínez Ávila. Una vez surta ese trámite, se hará efectivo el convenio, el cual se debe firmar el 10 de noviembre. Fecha límite establecido para que inicie la Ley de Garantías.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
