CASANARE
Concejal de Monterrey cuestiona presunta entrega “a dedo” de un Macroacueducto
Desconociendo una consultoría contratada por la Administración Municipal anterior, que arrojó como resultado adelantar una Licitación Pública para la operación del Macroacueducto de Monterrey, el actual gobierno pretende celebrar un convenio con Acuatodos por 6 meses para la puesta en funcionamiento de esta obra.
Así quedó establecido en la socialización del Proyecto de Acuerdo para autorizar al Alcalde, para que con vigencias futuras del año 2018 apalancara recursos para este proceso. El total del contrato asciende a los 522 millones de pesos.
Según habitantes del municipio y Concejales, no se ha podido establecer cuáles son los alcances específicos del convenio. Solo se conoce la decisión unilateral del Alcalde de adelantar el proceso contractual con Acuatodos. Empresa que, según comentarios en el recinto del Concejo Municipal, no brinda las garantías necesarias para garantizar el servicio del acueducto rural.
El concejal Jaime Avendaño Barrera le solicitó al ejecutivo municipal suspender ese proceso, debido a los problemas que ha venido presentando la empresa departamental. Citó en el debate, los pronunciamientos de la Asamblea Departamental referentes al incumplimiento en la labor misional y objeto social, los problemas financieros de la misma y un informe de la Contraloría de Casanare, donde dio concepto desfavorable en el control de gestión.
Para el Concejal, no hay claridad por qué se escogió a dedo esta empresa. “He solicitado en varias sesiones copia de los resultados de la consultoría y no ha sido posible su entrega. Igualmente no conocemos las razones de orden técnico, administrativo y legal de por qué se escogió a Acuatodos”, dijo Avendaño Barrera.
El Proyecto de Acuerdo se tramitó con mensaje de urgencia por parte del Alcalde en seis días, siendo aprobado por mayoría. Nuevamente el concejal de la Alianza Social Independiente cuestionó este caso. Además, dijo, que en seis meses no se garantiza la solución a la problemática de agua de estos sectores.
“Me preocupa es que le estemos mandando un salvavidas económico a una empresa en problemas financieros, cuestionada por la Duma Departamental y a la cual no le podemos hacer control político. Se debió realizar ese proceso con la empresa de nuestro municipio”·
En el mismo sentido se pronunció el compañero de bancada Paulino Mora Amaya, quien recordó la nefasta obra que contrató Acuatodos en Monterrey. “No me genera nada de confianza este proceso. No olvidemos que se ha gastado una cuantiosa cantidad de recursos en la PTAR. Obra que por los problemas en la ejecución, no ha sido posible la entrega a la empresa municipal de servicios públicos”.
La preocupación no solo fue de los Concejales. La comunidad que asistió al debate también hizo sus reparos. Los comunales denunciaron que los ramales aún no se han terminado y que en muchos sectores no les llega el agua.
El Acuerdo se encuentra listo para sanción del alcalde Orlando Martínez Ávila. Una vez surta ese trámite, se hará efectivo el convenio, el cual se debe firmar el 10 de noviembre. Fecha límite establecido para que inicie la Ley de Garantías.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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