CASANARE
Concejal de Monterrey cuestiona presunta entrega “a dedo” de un Macroacueducto
Desconociendo una consultoría contratada por la Administración Municipal anterior, que arrojó como resultado adelantar una Licitación Pública para la operación del Macroacueducto de Monterrey, el actual gobierno pretende celebrar un convenio con Acuatodos por 6 meses para la puesta en funcionamiento de esta obra.
Así quedó establecido en la socialización del Proyecto de Acuerdo para autorizar al Alcalde, para que con vigencias futuras del año 2018 apalancara recursos para este proceso. El total del contrato asciende a los 522 millones de pesos.
Según habitantes del municipio y Concejales, no se ha podido establecer cuáles son los alcances específicos del convenio. Solo se conoce la decisión unilateral del Alcalde de adelantar el proceso contractual con Acuatodos. Empresa que, según comentarios en el recinto del Concejo Municipal, no brinda las garantías necesarias para garantizar el servicio del acueducto rural.
El concejal Jaime Avendaño Barrera le solicitó al ejecutivo municipal suspender ese proceso, debido a los problemas que ha venido presentando la empresa departamental. Citó en el debate, los pronunciamientos de la Asamblea Departamental referentes al incumplimiento en la labor misional y objeto social, los problemas financieros de la misma y un informe de la Contraloría de Casanare, donde dio concepto desfavorable en el control de gestión.
Para el Concejal, no hay claridad por qué se escogió a dedo esta empresa. “He solicitado en varias sesiones copia de los resultados de la consultoría y no ha sido posible su entrega. Igualmente no conocemos las razones de orden técnico, administrativo y legal de por qué se escogió a Acuatodos”, dijo Avendaño Barrera.
El Proyecto de Acuerdo se tramitó con mensaje de urgencia por parte del Alcalde en seis días, siendo aprobado por mayoría. Nuevamente el concejal de la Alianza Social Independiente cuestionó este caso. Además, dijo, que en seis meses no se garantiza la solución a la problemática de agua de estos sectores.
“Me preocupa es que le estemos mandando un salvavidas económico a una empresa en problemas financieros, cuestionada por la Duma Departamental y a la cual no le podemos hacer control político. Se debió realizar ese proceso con la empresa de nuestro municipio”·
En el mismo sentido se pronunció el compañero de bancada Paulino Mora Amaya, quien recordó la nefasta obra que contrató Acuatodos en Monterrey. “No me genera nada de confianza este proceso. No olvidemos que se ha gastado una cuantiosa cantidad de recursos en la PTAR. Obra que por los problemas en la ejecución, no ha sido posible la entrega a la empresa municipal de servicios públicos”.
La preocupación no solo fue de los Concejales. La comunidad que asistió al debate también hizo sus reparos. Los comunales denunciaron que los ramales aún no se han terminado y que en muchos sectores no les llega el agua.
El Acuerdo se encuentra listo para sanción del alcalde Orlando Martínez Ávila. Una vez surta ese trámite, se hará efectivo el convenio, el cual se debe firmar el 10 de noviembre. Fecha límite establecido para que inicie la Ley de Garantías.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
