En días recientes, se generó una discusión en torno a una supuesta resolución del Ministerio de Ambiente con la que, se decía, pretendía promover la caza comercial del chigüiro. Ahora, la entidad ha aclarado que no hay en curso ninguna normativa para habilitar esta práctica, sino un ejercicio técnico, de carácter interno, basado en estudios científicos.

“Quiero ser absolutamente clara: como ministra de Ambiente, no autorizaré la caza comercial de chigüiros en Colombia. No es cierto que hay una resolución en trámite ni un proyecto de norma con ese fin”, publicó la jefe de cartera, Lena Estrada, a través de su cuenta de X.

El Minambiente ha adelantado investigaciones y consultorías especializadas como respuesta a un fallo de 2001 del Consejo de Estado, en el que se le ordenó a la cartera desarrollar un modelo de manejo sostenible para la especie, orientado hacia la caza comercial y no a criarla en cautiverio. En su momento, los expertos opinaban que el comportamiento social de este animal dificultaba su cuidado en entornos cerrados.

En las últimas dos décadas, sin embargo, se han expedido diferentes normativas para manejar de manera diferencial a esta y otras especies, percibiéndolas como “seres sintientes”. En dicho marco jurídico también se ha considerado el bienestar animal, la lucha contra el maltrato animal y la vigilancia y control de productos cárnicos, de acuerdo con el Minambiente.

“Como parte de este proceso, el pasado 12 de junio se llevó a cabo una mesa técnica sobre bienestar animal y trato digno, con la participación de expertos en el manejo de la especie”, explicó la entidad. “Estos especialistas aportaron insumos clave para evaluar la compatibilidad de un aprovechamiento sostenible sobre una eventual caza comercial y atendiendo el marco de referencia de bienestar animal”.

Tras analizar los insumos y considerando más de 20 años de estudios, la ministra Estrada aseguró que se llegó a la conclusión de que la caza comercial del chigüiro es inviable y que no existe una emergencia alimentaria en la Orinoquia colombiana que justifique la venta de su carne. Por el contrario, el Minambiente insiste en velar por su protección y conservación.

“Hago un llamado firme a las autoridades locales, especialmente a la Alcaldía de Bogotá y a las alcaldías de los Llanos Orientales, a que refuercen los controles y enfrenten con decisión el comercio ilegal de carne de chigüiro”, agregó la jefe de cartera. Esta actividad, según el ministerio, fomenta el tráfico ilegal de la especie y la criminalidad ambiental en el país.

La entidad concluyó invitando a un debate informado, que integre a todos los sectores y se base en evidencia científica.

Fuente: Tomado de El Espectador

La decisión de iniciar un nuevo Paro Nacional Arrocero obedece al descontento de los agricultores y productores arroceros ante los repetitivos incumplimientos de los acuerdos firmados en marzo que fueron completamente ignorados por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional. Las supuestas soluciones presentadas los últimos días no resuelven lo pactado, resultan claramente insuficientes y dejan en evidencia la improvisación del gobierno.

En ese sentido, este lunes 14 de julio, a partir de las 7:00 a.m. inicia el Paro Nacional indefinido en el territorio nacional con principales concentraciones en: Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación, Prado y cruce vía Líbano Armero, Villavieja, Campoalegre, glorieta vía a Yaguará. Inicialmente, los bloqueos serán de 6 horas de cierre por 1 hora de paso.

Departamentos como Meta, Santander y Casanare también se sumarán al paro nacional. Los arroceros denuncian que los acuerdos firmados en marzo fueron completamente ignorados y que el Gobierno ha venido aplazando las soluciones estructurales que el sector viene exigiendo desde hace meses.

Las exigencias son claras:

● Precios justos para el arroz nacional.

● Regulación real y efectiva de la producción y comercialización.

● Protección del único cultivo semestral estratégico del país.

● Revisión urgente de los TLC que están hundiendo la producción nacional.

● Cumplimiento inmediato de los compromisos firmados.

“El gremio no participará en nuevas mesas de diálogo si no están presentes Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Superintendencia de Industria y Comercio. Además, de los representantes de la industria molinera” Señalaron los líderes arroceros del Tolima y Huila

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, advirtió desde Yopal que el país enfrenta una grave pérdida de recursos públicos a causa de los juegos de suerte y azar operados de manera ilegal.

Según sus estimaciones, más de 1,5 billones de pesos anuales dejan de llegar al sistema de salud subsidiada por cuenta de esta práctica, que sigue expandiéndose a través de rifas no autorizadas, tragamonedas sin regulación y el llamado “chance blanco”.

Aumentan los recursos, pero persiste la ilegalidad

Hincapié explicó que aunque el recaudo por juegos legales ha alcanzado cifras históricas —con más de un billón de pesos transferidos en los últimos dos años—, el impacto de la ilegalidad sigue siendo profundo. Destacó que si se combatiera de forma más eficaz el juego clandestino, los recursos destinados a la salud pública podrían aumentar significativamente y beneficiar a cientos de miles de personas que dependen del régimen subsidiado.

El presidente de Coljuegos señaló que la ilegalidad adopta muchas formas: desde rifas disfrazadas de “bonos solidarios” hasta máquinas tragamonedas ubicadas en tiendas de barrio sin la debida autorización. Advirtió que quienes promuevan o participen en estos juegos podrían enfrentar fuertes sanciones económicas e incluso la pérdida de sus establecimientos comerciales.

Frente a esta situación, Coljuegos ha intensificado operativos junto con la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Militares, logrando avances importantes gracias a pactos por la legalidad firmados en más de 200 municipios del país. No obstante, el funcionario hizo un llamado a las administraciones locales para ejercer mayor control y a los ciudadanos para no seguir alimentando redes de evasión que afectan la financiación de servicios esenciales como la salud.

Finalmente, Hincapié reiteró que toda rifa debe contar con autorización de la autoridad competente —alcaldías, gobernaciones o Coljuegos— y que ningún operador puede funcionar al margen de la ley. “Combatir la ilegalidad no es solo tarea del Estado, sino un compromiso ciudadano que impacta directamente en la vida y bienestar de los más vulnerables”, concluyó.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare