CASANARE
Presentan demanda para devolver más de 900 mil hectáreas al pueblo indígena Nükak
El equipo étnico de la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras radicó, ante un Juzgado de Villavicencio Especializado en este campo, una trascendental demanda con la que se busca restituir el derecho territorial a favor de la comunidad indígena Nükak, localizado en el departamento de Guaviare.
El objetivo de este proceso es lograr que los 632 sobrevivientes de este pueblo ancestral accedan a su derecho fundamental de restitución y goce efectivo de su territorio, de acuerdo con su cultura, costumbres, cosmovisión y formas propias de organización.
El resguardo fue constituido en 1993 con una extensión de 632.160 hectáreas, y luego ampliado en 1997 en otras 322.320 hectáreas, localizadas en zona selvática, entre los ríos Guaviare e Inírida, en jurisdicción de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno en este departamento al sur de Colombia.
Cerca del 5 por ciento resguardo Nükak coincide con la zona de reserva campesina de Guaviare constituida el mismo día que se amplió el resguardo. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Tierras avanza en el deslinde de las dos áreas, lo que permitirá conocer con exactitud su extensión y trazar los límites de las propiedades.
Algunas afectaciones territoriales identificadas por la URT, y que motivaron el inicio de la acción judicial, de acuerdo con la verificación que lideró el equipo étnico de la Dirección Territorial Meta, generaron un impacto sociocultural en el pueblo Nükak, entre estas: colonización a partir de los años 60, presencia de grupos armados ilegales, epidemia de gripe que desencadenó en el exterminio de más del 50% de su población entre 1990 y 1996; proliferación de cultivos de uso ilícitos y acciones conexas a actividades de narcotráfico.
Otro de los hechos que afectó la autonomía y gobierno propio del pueblo Nükak, además de violaciones a los derechos humanos, tuvo lugar en 2002, cuando ocurrió la masacre de la Charrasquera, que impactó negativamente a miles de campesinos e indígenas. Además, en 2006 la guerrilla obligó a estos últimos a desplazarse forzosamente hacia otro territorio del Guaviare.
Desde entonces, el pueblo ancestral Nükak se ha visto afectado por la vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reclutamientos forzados, violencia de género y sexual; así como consumo obligado de sustancias psicoactivas. Además, han sido sometidos a confinamiento por presencia de minas antipersona y munición sin explotar. También han resultado perjudicados por deforestación, ampliación de la frontera agrícola para ganadería y construcción de corredores viales.
La demanda es presentada como resultado de una caracterización de afectaciones territoriales que adelantó la URT en favor del pueblo indígena. Asimismo, se busca la implementación de las medidas de atención y asistencia humanitaria; la prestación de servicios de salud, la recuperación de sus prácticas culturales, su seguridad alimentaria a través de la caza y la pesca, además de la recuperación y el fortalecimiento del gobierno propio; entre otras pretensiones.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
El Tribunal Administrativo de Casanare, admitió la demanda de nulidad electoral con la que se busca la pérdida de la investidura de la actual concejal Karen Tatiana Vargas Unibio, del partido Nuevo Liberalismo.
El documento fue radicado por la ex candidata del mismo partido Yuly Yamary Barón Vargas, quien también aspiró a una curul del Concejo de Yopal.
El Tribunal señala que la demanda fue admitida en primera instancia, luego que la demandante cumpliera con los requisitos legales.
Sobre el radicado se tendrá que definir si procede la pérdida de investidura de la demandada quien presuntamente habría incurrido en dolo en la causal de que trata el inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución Política, (“También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley”), y desarrollada en el artículo 26 de la ley 1475 del 2011 que hace referencia a la pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos.
Se confirmó que la Magistrada Sustanciadora en esta controversia, es la Doctora Inés del Pilar Nuñéz Cruz.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Bomberos Pore informó en horas de la noche del 26 de abril el cierre total de la vía Marginal del Llano (Pore – Yopal) sector de La Curama, por accidente un grave accidente de tránsito donde perdió la vida una pareja.
Las víctimas fueron identificadas como Wilson Vargas Fernández y Yelixa Magueli Laverde Goyeneche, quienes viajaban con su hija la cual fue trasladada al Hospital donde su pronóstico es estable.
Por ahora se desconocen las causas por las cuales la motocicleta impactó de frente contra una camioneta, serán las autoridades quienes determinen responsabilidades dentro del caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Enrique Monroy Niño, inspector de policía cuarto de Yopal, quien le habría exigido dinero a un comerciante a cambio de no cobrarle un comparendo.
De acuerdo con la investigación realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se conoció que el 7 de abril de 2024 las autoridades que realizaron controles en establecimientos comerciales abiertos al público le impusieron un comparendo al dueño de una licorería por no cumplir con todos los requisitos legales.
Lea también: Capturado Inspector Cuarto de Policía de Yopal por exigir dinero a un comerciante
Según la Fiscalía, el comerciante se acercó a la inspección de policía número 4 de Yopal (Casanare) para averiguar por el procedimiento que debía seguir. Monroy Niño, presuntamente, aprovechándose de su posición de inspector de policía, le insinuó que podía obviar el pago de la sanción a cambio de una colaboración económica.
La víctima puso en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía. Servidores del CTI coordinaron la entrega controlada del dinero que debía pagar y al momento que el inspector llegó al lugar fue capturado en flagrancia.
La Fiscalía le formuló imputación por el delito de concusión, cargo que no fue aceptado. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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