CASANARE
Presentan demanda para devolver más de 900 mil hectáreas al pueblo indígena Nükak
El equipo étnico de la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras radicó, ante un Juzgado de Villavicencio Especializado en este campo, una trascendental demanda con la que se busca restituir el derecho territorial a favor de la comunidad indígena Nükak, localizado en el departamento de Guaviare.
El objetivo de este proceso es lograr que los 632 sobrevivientes de este pueblo ancestral accedan a su derecho fundamental de restitución y goce efectivo de su territorio, de acuerdo con su cultura, costumbres, cosmovisión y formas propias de organización.
El resguardo fue constituido en 1993 con una extensión de 632.160 hectáreas, y luego ampliado en 1997 en otras 322.320 hectáreas, localizadas en zona selvática, entre los ríos Guaviare e Inírida, en jurisdicción de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno en este departamento al sur de Colombia.
Cerca del 5 por ciento resguardo Nükak coincide con la zona de reserva campesina de Guaviare constituida el mismo día que se amplió el resguardo. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Tierras avanza en el deslinde de las dos áreas, lo que permitirá conocer con exactitud su extensión y trazar los límites de las propiedades.
Algunas afectaciones territoriales identificadas por la URT, y que motivaron el inicio de la acción judicial, de acuerdo con la verificación que lideró el equipo étnico de la Dirección Territorial Meta, generaron un impacto sociocultural en el pueblo Nükak, entre estas: colonización a partir de los años 60, presencia de grupos armados ilegales, epidemia de gripe que desencadenó en el exterminio de más del 50% de su población entre 1990 y 1996; proliferación de cultivos de uso ilícitos y acciones conexas a actividades de narcotráfico.
Otro de los hechos que afectó la autonomía y gobierno propio del pueblo Nükak, además de violaciones a los derechos humanos, tuvo lugar en 2002, cuando ocurrió la masacre de la Charrasquera, que impactó negativamente a miles de campesinos e indígenas. Además, en 2006 la guerrilla obligó a estos últimos a desplazarse forzosamente hacia otro territorio del Guaviare.
Desde entonces, el pueblo ancestral Nükak se ha visto afectado por la vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reclutamientos forzados, violencia de género y sexual; así como consumo obligado de sustancias psicoactivas. Además, han sido sometidos a confinamiento por presencia de minas antipersona y munición sin explotar. También han resultado perjudicados por deforestación, ampliación de la frontera agrícola para ganadería y construcción de corredores viales.
La demanda es presentada como resultado de una caracterización de afectaciones territoriales que adelantó la URT en favor del pueblo indígena. Asimismo, se busca la implementación de las medidas de atención y asistencia humanitaria; la prestación de servicios de salud, la recuperación de sus prácticas culturales, su seguridad alimentaria a través de la caza y la pesca, además de la recuperación y el fortalecimiento del gobierno propio; entre otras pretensiones.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Una trágica racha de accidentes de tránsito en diferentes vías del municipio de Yopal que dejó como saldo cinco personas fallecidas, se registró durante la celebración de la Navidad, entre los días 24 y 25 de diciembre. Cuatro de las víctimas fatales se movilizaban en motocicletas.
La noche del 24 de diciembre perdieron la vida Fabián Andrés Castaño Reyes y Nicolás Díaz, dos jóvenes que se movilizaban por la vía que conduce hacia Sirivana, donde sufrieron un grave accidente saliéndose de la vía e impactando contra un poste. Uno de los jóvenes falleció en el lugar del accidente, mientras que el otro perdió la vida momentos después en un centro asistencial.
Al día siguiente, hacia el mediodía del 25 de diciembre, se confirmó el fallecimiento de Estiven Cárdenas, aprendiz del Sena del programa de formación Tecnólogo en Implementación y Mantenimiento en Sistemas de Instrumentación y Control de Procesos Industriales y trabajador de la Discoteca Plaza Juárez, quien se accidentó mientras se desplazaba en motocicleta por la diagonal 47 de la capital casanareña, por el sector de los bicicarriles, perdiendo el control del vehículo y golpeándose fuertemente la cabeza. Falleció en el lugar del accidente.
Sobre las 6:00 de la tarde del 25 de diciembre, se presentó otro hecho fatal en el descenso de la vereda Buenavista, donde murió William Gómez, de 65 años, conocido popularmente como “Don Cali”, experimentado conductor de una grúa. quien falleció cuando el vehículo perdió el sistema de frenos en el vertiginoso descenso y se salió de la vía, colisionando contra varios árboles y falleciendo en el lugar del siniestro.
Finalmente, en horas de la noche, se conoció el deceso en centro asistencial de Jhon López, conductor de una motocicleta que resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en la calle 24 con carrera 19 de Yopal en choque de dos motocicletas.
Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto por las normas viales, especialmente durante temporadas festivas, al tiempo que avanzan las investigaciones para establecer las causas de cada uno de los accidentes y determinar posibles responsabilidades.
Con estas cifras, se eleva a 73 el número de personas fallecidas en Yopal durante lo corrido de 2025 en accidentes de tránsito, la gran mayoría de ellas en motocicleta.
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
