CASANARE
Por gestión de Abril Tarache, entidades productoras recibirían más recursos de regalías
Esta semana el representante a la Cámara Jorge Camilo Abril se reúne nuevamente con la viceministra de Hacienda Ximena Cadena, para avanzar en la formulación de un proyecto de Acto Legislativo que mejore la participación de las entidades productoras en el Sistema General de Regalías (SGR).
El proyecto se formulará con base en un borrador que presentó el jueves el legislador casanareño a la alta funcionaria, y que radicaría el Gobierno Nacional en el Congreso para que sea tramitado con la modalidad del “Fast Track” (vía rápida), teniendo en cuenta que estos recursos adicionales podrían además aportar en el desarrollo del postconflicto.
Más regalías para entidades productoras
La idea de tramitar con el “Fast Track” esta reforma a las regalías, fue propuesta inicialmente en una misiva escrita de Abril Tarache al presidente Juan Manuel Santos, en donde propone que las entidades productoras pasarían de recibir de un 20 a un 40 por ciento de regalías directas, más un 10 por ciento para invertir en el tema del postconflicto.
Estos recursos se transfieren del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), y el Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales (FONPET), “lo que no implica ningún costo adicional a la bolsa de regalías, sino más bien una redistribución de los recursos de las entidades productoras”, teniendo en cuenta que no es conveniente seguir transfiriendo recursos a estos Fondos, porque la mayoría de municipios han cubierto su pasivo pensional, y las regiones no se han visto beneficiadas para su desarrollo con proyectos de índole científico y tecnológico.
La viceministra Ximena Cadena propuso además buscar otras alternativas para mejorar la participación de los municipios y departamentos productores en el SGR, como es caso de los rendimientos financieros y el incentivo a la producción del recurso no renovable, lo que vendría a compensar la disminución de los ingresos no solo por el actual SGR, sino además por la alarmante disminución del precio internacional del barril de crudo.
Fuente: Prensa Jorge Camilo Abril Tarache – Juan Carlos Niño
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
