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Policía Meta activa esquema de seguridad para apoyar certamen electoral
Ante este año de elecciones, la Policía Nacional de los colombianos pone en marcha el ‘Plan Democracia 2022’, vinculando toda su capacidad humana y logística para que, junto a las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación se estructure el dispositivo de seguridad para garantizar el libre desarrollo de las elecciones presidenciales, que arranca con la primera vuelta el próximo domingo 29 mayo.
Para el departamento del Meta, serán cerca 800 mesas dispuestas en los 139 puestos de votación autorizados, los cuales contarán con presencia de personal uniformado de las distintas especialidades, así como efectivos encubiertos con el objetivo de evitar la comisión de cualquiera de los 16 delitos contra el sufragio tipificados en el Código Penal.
La seguridad será monitoreada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), convocado por la Gobernación del Departamento instalado en la Sala Estratégica en el Comando del Departamento de Policía Meta, al que asistirán también delegados de las distintas entidades involucradas en el proceso electoral en aras de focalizar el servicio policial frente a esta jornada democrática para el país.
A través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá, la Policía Nacional en cabeza del Centro Cibernético de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), dispone de estrategias operativas para prevenir y contrarrestar cualquier incidente en el mundo virtual, gracias a la labor desempeñada por expertos que, así mismo, protegen las plataformas de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades vinculadas al certamen democrático. Todo este trabajo está articulado, principalmente, con la Fiscalía General de la Nación.
Otro aspecto de máxima importancia tiene que ver con la labor que se adelanta en cabeza del C4 para contener eventuales casos de desinformación y contenidos falsos, que a través de redes sociales tienen el propósito de generar zozobra y confundir a los ciudadanos. El objetivo es que los colombianos puedan ejercer su derecho sin inconvenientes.
“Todas las especialidades del servicio policial están en alistamiento de primer grado, comprometidos con este importante certamen electoral, cumpliendo con el deber constitucional de garantizar la seguridad y la convivencia en el departamento del Meta y el resto del país”, señaló el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía del Meta.
Fuente: Policía Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
