META
Policía capturó dos sujetos señalados por extorsión a empresarios en el Meta
La Policía Nacional en cooperación de unidades del Batallón General Albán del Ejército y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en flagrancia de dos personas de 23 y 39 años de edad, en zona rural del municipio de San Carlos de Guaroa, por los delitos de extorsión en grado de tentativa, hurto agravado y calificado, y porte ilegal de armas de fuego.
Estos sujetos, mediante la modalidad de falsa contratación contactaron a sus víctimas. Dos empresarios residentes en el municipio de Silvania (Cundinamarca), para adelantar trabajos de construcción en una finca ubicada en zona rural de San Carlos de Guaroa (Meta).
Tras coordinar la fecha y hora del compromiso, llegaron a esta el casco urbano del municipio, donde fueron contactados por estos delincuentes, quienes los conducían hacia una zona veredal. Estando allí, los intimidaron e hicieron bajar del vehículo en el que llegaron, manifestando ser integrantes de un Grupo Armado Organizado Residual, con el fin de constreñirlos para el pago exigencias económicas de 50 millones de pesos para que, según ellos “colaborar con la causa”.
Asimismo, los familiares de las dos víctimas luego de recibir las llamadas extorsivas, amenazantes, violentas e intimidatorias por parte de los delincuentes, acudieron en busca de ayuda de la Policía, quienes, al conocer la modalidad y circunstancias de los hechos, adelantaron rápidamente un operativo coordinado e interinstitucional que permitió acertar este golpe a la criminalidad.
Gracias al ‘Plan Candado’ fueron capturados en la vía que conduce del corregimiento Palmeras a San Carlos de Guaroa, momentos en que se desplazaban en el mismo vehículo que le hurtaron a las víctimas. Al practicarles el registro, fueron incautados cuatro teléfonos móviles celular, un arma de fuego de fabricación artesanal, un cartucho calibre 38 milímetros y la recuperación del automotor.
Los efectivos judiciales de la Policía presentaron ante un Juez de Control de Garantías los implicados del hecho para adelantar las respectivas audiencias concentradas. Los capturados les fueron imputados los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, de los cuales no aceptaron los cargos; sin embargo, un Juez de República los envió a la cárcel.
En lo corrido del año, la Policía Nacional en el departamento del Meta, ha logrado la captura de 39 personas, 29 de ellas por el delito de extorsión y 10 más por el delito de secuestro, asimismo ha logrado la desarticulación de tres estructuras criminales dedicadas a la extorsión como son ‘Los Topos’ y ‘Los Master’, y otro más por secuestro, del grupo delincuencial denominado ‘Los de la oficina’.
Por último, se destaca para esta región del País, una reducción del 18% de los hechos criminales asociados a estos dos flagelos, donde el departamento del Meta registra 24 casos menos que el año anterior, pasando de 133 en el año 2020 a tan solo 109 casos en lo corrido de la presente vigencia.
Fuente: Policía Meta
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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