META
Policía capturó dos sujetos señalados por extorsión a empresarios en el Meta
La Policía Nacional en cooperación de unidades del Batallón General Albán del Ejército y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en flagrancia de dos personas de 23 y 39 años de edad, en zona rural del municipio de San Carlos de Guaroa, por los delitos de extorsión en grado de tentativa, hurto agravado y calificado, y porte ilegal de armas de fuego.
Estos sujetos, mediante la modalidad de falsa contratación contactaron a sus víctimas. Dos empresarios residentes en el municipio de Silvania (Cundinamarca), para adelantar trabajos de construcción en una finca ubicada en zona rural de San Carlos de Guaroa (Meta).
Tras coordinar la fecha y hora del compromiso, llegaron a esta el casco urbano del municipio, donde fueron contactados por estos delincuentes, quienes los conducían hacia una zona veredal. Estando allí, los intimidaron e hicieron bajar del vehículo en el que llegaron, manifestando ser integrantes de un Grupo Armado Organizado Residual, con el fin de constreñirlos para el pago exigencias económicas de 50 millones de pesos para que, según ellos “colaborar con la causa”.
Asimismo, los familiares de las dos víctimas luego de recibir las llamadas extorsivas, amenazantes, violentas e intimidatorias por parte de los delincuentes, acudieron en busca de ayuda de la Policía, quienes, al conocer la modalidad y circunstancias de los hechos, adelantaron rápidamente un operativo coordinado e interinstitucional que permitió acertar este golpe a la criminalidad.
Gracias al ‘Plan Candado’ fueron capturados en la vía que conduce del corregimiento Palmeras a San Carlos de Guaroa, momentos en que se desplazaban en el mismo vehículo que le hurtaron a las víctimas. Al practicarles el registro, fueron incautados cuatro teléfonos móviles celular, un arma de fuego de fabricación artesanal, un cartucho calibre 38 milímetros y la recuperación del automotor.
Los efectivos judiciales de la Policía presentaron ante un Juez de Control de Garantías los implicados del hecho para adelantar las respectivas audiencias concentradas. Los capturados les fueron imputados los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, de los cuales no aceptaron los cargos; sin embargo, un Juez de República los envió a la cárcel.
En lo corrido del año, la Policía Nacional en el departamento del Meta, ha logrado la captura de 39 personas, 29 de ellas por el delito de extorsión y 10 más por el delito de secuestro, asimismo ha logrado la desarticulación de tres estructuras criminales dedicadas a la extorsión como son ‘Los Topos’ y ‘Los Master’, y otro más por secuestro, del grupo delincuencial denominado ‘Los de la oficina’.
Por último, se destaca para esta región del País, una reducción del 18% de los hechos criminales asociados a estos dos flagelos, donde el departamento del Meta registra 24 casos menos que el año anterior, pasando de 133 en el año 2020 a tan solo 109 casos en lo corrido de la presente vigencia.
Fuente: Policía Meta
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
