CASANARE
Indefinidamente se cierra planta de tratamiento de agua potable de la Cruz Roja en Yopal
Una muy mala noticia para los habitantes de Yopal entregó la Cruz Roja Colombiana Seccional Casanare, que informó a la opinión pública y comunidad en general, que desde el pasado 27 de enero quedó suspendido indefinidamente el servicio de distribución de agua potable en la Planta de tratamiento de la Institución.
Según el presidente de la entidad, Mario Alfonso Sarmiento, la decisión fue tomada luego que se presentara una falla técnica en el pozo profundo, donde el personal de mantenimiento pudo evidenciar daños por desgaste en el eje principal, en los impulsores y los difusores de la bomba, lo que obliga al cambio total de la misma y cuyo costo asciende a los $7´800.000 pesos, dinero con el cual la Institución no cuenta.
De esta manera, se desvirtúa la hipótesis de disminución del nivel de caudal del pozo profundo y la presencia de virus en el agua tratada por la Cruz Roja, polémicas de las cuales sé es objeto a través de las redes sociales y que atenta contra el buen nombre de la Institución humanitaria que desde mayo del 2011 viene prestando de forma desinteresada el servicio de potabilización y distribución de agua a la comunidad de Yopal.
Se aclaró que actualmente, la Institución a través de la Dirección de Socorro se encuentra realizando gestión en aras de buscar una solución oportuna a dicha situación.
Durante el año 2017, el costo de operación de la Planta de tratamiento de agua potable asumido por la Seccional fue superior a los $69 millones de pesos, habiendo entregado a la población de Yopal más de 13 millones de litros de agua apta para el consumo humano. Para un total de 124´782.216 litros de agua entregados desde el inicio de operación hasta la fecha.
Por último, se solicitó a la comunidad comprensión y tolerancia ante dicha situación, para evitar que se continúen presentando agresiones verbales y físicas al personal voluntario de la Cruz Roja que presta servicio en la planta.
Como Institución humanitaria, la Cruz Roja reiteró su compromiso misional en la atención de emergencias y contingencia como auxiliares de los poderes públicos, sin sustituir las responsabilidades de las Administraciones Municipales y Departamentales en el suministro de los servicios públicos.
Fuente: El Diario del Llano -HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
