La Unidad para las Víctimas hizo el acompañamiento logístico a la comunidad indígena de Kanalitojo, en Puerto Carreño, capital del Vichada, para el desarrollo de la reunión de seguimiento a los conucos caseros que garantizan la seguridad alimentaria de sus integrantes.

Esta iniciativa beneficia a 40 familias de los pueblos indígenas sáliba, sikuani y amorúa, que han logrado cultivar productos como yuca y maíz, para su propio consumo y también generar ingresos a través de la comercialización.

Como resultado de la reunión, la comunidad encontró que los conucos se han fortalecido gracias al proyecto de ganado doble propósito (carne y leche), mediante la práctica del majadeo, que contribuye a fertilizar las tierras del resguardo. También evidenció la necesidad de materiales como alambre, bombas de mano y herbicidas, implementos que la Unidad se comprometió a gestionar con los entes territoriales.

Vanessa Lema, directora (e) de la Unidad en el Meta y los Llanos Orientales, resaltó el compromiso de la comunidad con el cumplimiento de las acciones que establece el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) para el fortalecimiento de sus prácticas tradicionales.

Para el próximo 24 de julio está programada una nueva reunión de esta comunidad, con el objetivo de analizar cómo los jóvenes se han involucrado en los proyectos productivos, en aras de conservar su vocación agrícola.

Fuente: Unidad para las Víctimas

Con el propósito de solicitar ante la autoridad judicial competente, la adopción de medidas oportunas y eficaces que protejan el territorio de las afectaciones que de tiempo atrás viene sufriendo la comunidad indígena “Wazapana -Dagua”, la dirección territorial Meta de Unidad de Restitución de Tierras, a través del área de Asuntos Étnicos, presentó medida cautelar en favor del pueblo ancestral.

“La solicitud radicada de manera electrónica y en medio de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, busca proteger el territorio ubicado en el municipio de Puerto Carreño (Vichada) y en el que habitan 74 personas que conforman trece familias pertenecientes al pueblo ancestral Amorúa”, señaló Wilson Leyton, director de la Unidad en Meta.

Agregó que entre los daños que la medida cautelar solicitada busca detener y revertir se encuentran: el abandono y despojo, la invasión de colonos al territorio y el accionar de grupos armados ilegales. Asimismo, se pretende que se ordene la constitución legal del territorio como resguardo, con el fin de garantizar su seguridad jurídica.

La medida cautelar solicitada ante un Juzgado Civil del Circuito Villavicencio, es resultado de un continuo trabajo de acompañamiento al Resguardo “Wazapana–Dagua” realizado por el equipo étnico de la Unidad, mediante el acercamiento a esta comunidad, la socialización del Decreto Ley 4633 del 2011, la identificación de las afectaciones territoriales sufridas por la etnia, la expedición de la Resolución del 07 de febrero de 2018 que adoptó el Estudio Preliminar del Territorio Colectivo y finalmente la caracterización de la comunidad adelantada de manera virtual en junio de 2020.

Una muestra del compromiso con este pueblo ancestral, es que en el pasado mes de junio la Unidad hizo entrega de 30 mercados a la comunidad Wazapana, gracias al apoyo logístico y del transporte brindado por la ONG Consejo de Noruega y de la Defensoría del Pueblo. Estas ayudas fueron adquiridas con las donaciones hechas por los funcionarios y contratistas de la Unidad.

“La URT continuará impulsando acciones judiciales encaminadas a frenar la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas de los llanos para eliminar cualquier tipo de amenaza o riesgo de sus derechos territoriales”, puntualizó Wilson Leyton. Con acciones como esta la entidad trabaja por la reparación integral de derechos a comunidades indígenas.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

En la madrugada de este lunes 6 de julio la Policía de Aquitania fue informada sobre un homicidio que se presentó en  el sector rural del caserío de Toquilla en Boyacá.

Quien advirtió los hechos era el jefe de personal de la empresa “Ingeasfaltos”, avisando que uno de sus trabajadores identificado como José Andrés Gaviria de 35 años, quien laboraba como operador de maquinaria pesada se encontraba muerto.

De acuerdo al informe, Gaviria  fue agredido con machete, y su cuerpo apareció sin vida sobre la vía pública frente a la iglesia de la vereda; una vez se conoció el homicidio se informó al CTI para la realización de la inspección técnica al cadáver.

El caserío en pleno páramo, usualmente es muy tranquilo y no se presentan hechos violentos como este. Las autoridades iniciaron la respectiva investigación para determinar la forma en que ocurrieron los hechos.

Fuente: Policía Boyacá