CASANARE
Por orden judicial, suspenden construcciones y licencias en ribera del Cravo Sur en Yopal
En cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro de una Acción Popular, la Alcaldía de Yopal informó que han quedado suspendidos por mandato judicial todos los trámites orientados a licencias de construcción, licencias de urbanización licencias de parcelación, loteo y en general, toda nueva actividad constructiva en las riberas del río Cravo Sur.
Según la comunicación, la restricción va desde el puente La Cabuya (vía Yopal-Pore) hasta el extremo inferior de la isla La Manga, es decir, en las zonas de muy alto riesgo y de alto riesgo definidas por el Concejo de Yopal en el Plan de Ordenamiento Territorial, (POT- Acuerdo 024 de 2013), hasta nueva orden judicial, mientras concluyan los estudios de consultoría global y de la mesa técnica que dicha sentencia ha ordenado conformar.
Recomendaciones
En tal sentido, cualquier interesado en adquirir lotes, parcelas, proyectos constructivos o en desarrollar intervenciones en dicha franja de las áreas adyacentes al río Cravo Sur (zonas urbanas y rural), deberá verificar previamente en Planeación Municipal, si se trata de inmuebles o de actividades definidas como incompatibles con las amenazas identificadas en el POT, sea que haya obtenido o no previamente certificados de uso de suelo acorde con normas preexistentes, actuaciones todas que la sentencia ha ordenado suspender de inmediato.
La Administración de Yopal ha sido conminada por el Tribunal Administrativo de Casanare en el fallo ya mencionado, para que en cumplimiento de la Ley revise las órdenes impartidas por esa Corporación.
“Lo anterior se hace necesario, con el fin de proteger a la población respecto de su integridad física y de sus bienes, ya que existe considerable población asentada en la ribera derecha del río Cravo Sur”, remata la comunicación de la Alcaldía.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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