CASANARE
Convenios y contratos celebrados con el IFC seguirán pagando estampillas en Casanare
La Asamblea Departamental de Casanare archivó el proyecto que buscaba modificar el Estatuto de Rentas, para exonerar del pago de estampilla pro adulto y pro cultura a los convenios y contratos celebrados por el Instituto Financiero de Casanare IFC.
“Nos parecen importantes los beneficios a usuarios de proyectos productivos y demás, pero no podemos quitarle recursos a los adultos mayores y a la cultura, lo que se tiene es que buscar la manera de apalancar estas alianzas del IFC”, señaló el diputado ponente de la iniciativa y presidente de la Duma, José Antonio Barrera Blanco.
Anunció además que esta situación llevó a la conclusión que se debe analizar la Ordenanza 016 de 2017, donde suprimieron cobros a los contratos de Acuatodos y Enerca,“habrá que incluir dichos pagos para fortalecer esta población vulnerable, porque es el sentir de la comunidad” añadió el ponente.
Por otro lado, fue suspendido el estudio en comisión del proyecto de Ordenanza que busca autorizar al Gobernador de Casanare para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias, donde se comprometen 22 mil millones de pesos para proyectos como la masificación de gas para algunas veredas de Pore, el apalancamiento de recursos para la planta de beneficio de Tauramena, el Centro Especializado para Atención de Menores Infractores CESPA en Yopal, la ampliación de redes eleéctricas en zonas rurales de Maní, la pavimentación en Aguazul, la terminación de la calle 40 en Yopal, y un proyecto para dotación de uniformes para el tema de cultura, explicó el diputado ponente, Felipe Becerra. Para continuar con el estudio de dicho proyecto se solicitaron varios soportes por parte de la comisión de Presupuesto de la Duma al Gobierno Seccional.
También fue aprobado y pasa a sanción del Gobernador Alirio Barrera, el proyecto por medio del cual se expide el presupuesto del departamento para el próximo año.
Homero Abril Hurtado, ponente de dicho proyecto, señaló que son ingresos corrientes por alrededor de 480 mil millones de pesos para inversión y funcionamiento, donde se garantiza el pago de nómina de maestros. “Además se le traslada a Capresoca alrededor de 136 mil millones de pesos y también contiene recursos tributarios por 63 mil millones de pesos”.
Por último, fue aprobado el proyecto de Ordenanza que modifica el reglamento interno de la Asamblea Departamental, donde se incluyen figuras como la Moción de Censura, que podría ser utilizada de ahora en adelante contra los funcionarios de la Administración Seccional que no acudan a debates o generen otras situaciones, como la que se ha venido presentando con el Gerente del Hospital Regional de la Orinoquía, Ronald Roa.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
