CASANARE
Otra vez se dilató desalojo de invasión en Yopal, extraño reverzaso del abogado querellante
Cuando nadie se lo esperaba, el abogado Yury Abdel Rodríguez, apoderado de la propietaria del predio invadido y quien más ha insistido en que se cumpla con la diligencia de lanzamiento en la invasión “Mi Nueva Esperanza” en Yopal, solicitó la nulidad de la orden dada por el Alcalde JJ Torres el pasado 17 de julio para que la diligencia se cumpliera hoy.
Todo estaba listo para la diligencia, cuando de repente el abogado Rodríguez Prieto presentó la solicitud de nulidad, argumentando que por la situación jurídica del Alcalde JJ Torres se podrían estar viciando las diligencias que éste ha ordenado en los últimos días.
Según el abogado, era necesario solicitar la nulidad de lo ordenado por el Alcalde dentro de la querella a partir del 17 de julio, para evitar que a futuro estas decisiones puedan afectar el avance de la querella en la parte judicial.
Así las cosas, la diligencia fue suspendida para que la Alcaldía entre a decidir si concede la nulidad solicitada por el abogado, dilatando una vez más la diligencia de lanzamiento o desalojo de las familias que están ocupando ilegalmente este predio desde hace cerca de cinco años.
Resulta extraño, que el abogado alegue que la orden dada por el Alcalde JJ Torres desde el 17 de julio para hacer la diligencia está viciada de nulidad, cuando para ese entonces no se conocía que la Corte Suprema iba a inadmitir el recurso de casación (24 de julio), y por tanto todos los actos administrativos se presumen legales. Es más, si bien es cierto la inadmisión se dio el 24 de julio, aun la sentencia no ha quedado ejecutoriada, hasta tanto se resuelva la solicitud de insistencia presentada por los abogados de JJ Torres ante la Procuraduría. Es decir, JJ Torres sigue siendo Alcalde para despachar en otras actuaciones, pero no para que se realizara la diligencia de lanzamiento.
Por ahora, el fallo de tutela ordenado hace 10 meses por un Juez de la República sigue en vilo y sin ser cumplido por parte de la Alcaldía de Yopal, fallo que ya le causó el pago de tres días de arresto a la ex Alcaldesa (e) Luz Marina Cardozo Solano, en su momento.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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